La corrupción aprista se ensañó con Pisco después del terremoto

A cuatro años del sismo del 15 de agosto, afectados todavía viven rodeados de escombros, denuncia alcalde. Congresista Diez Canseco asegura que Congreso investigará las irregularidades.

| 01 agosto 2011 12:08 AM | Política | 4.4k Lecturas
La corrupción aprista se ensañó con Pisco después del terremoto
Pocos avances para la gran cantidad de recursos que al final dispuso el gobierno de García para la reconstrucción.

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Después del 15 de agosto quedaron 23 mil viviendas destruidas en Pisco y solo se han reconstruido 5 mil. Esto significa que 18 mil familias damnificadas siguen viviendo bajo esteras, plásticos, maderas, módulos con hueco, en medio del frío y el viento.
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Los responsables de la frustrada reconstrucción de Ica, asolada por el terremoto de 2007, son el exalcalde de Pisco Juan Mendoza Uribe y los exministros Hernán Garrido Lecca, Enrique Cornejo, Nidia Vílchez, Carlos Vallejos y Juan Sarmiento, los que deberían ser investigados por el Congreso, afirmó el congresista de Gana Perú, Javier Diez Canseco.

De acuerdo al alcalde de Pisco, Jesús Echegaray, el 45% de obras que ejecuta el Fondo de Reconstrucción del Sur (Forsur) en la ciudad se encuentran en arbitraje, mientras 18 mil familias siguen viviendo bajo esteras, existen más de 30 mil toneladas de desmonte por recoger y de los 40 mil bonos que se repartieron, la mitad carecía de fondos.

Diez Canseco señaló que el Congreso tiene que abrir un proceso para investigar las irregularidades de lo ocurrido en Ica, que es extremadamente grave, ya que solo en el caso del SIS se dilapidaron unos 700 mil dólares de las medicinas para las víctimas del sismo, y el principal responsable fue indultado por Alan García.

El parlamentario agregó que la sobrevaloración de obras fue otra de las trabas que ha impedido una real reconstrucción de las ciudades de Ica, Chincha y Pisco, pues el gobierno anterior inventó empresas constructoras fantasmas para una reconstrucción que no se ha dado.

En ese sentido, señaló que la reconstrucción de la zona es una obligación y es una de las prioridades del gobierno de Ollanta Humala, quien anunció el 28 de julio que las obras estarían a cargo de los batallones de Ingeniería del Ejército.

Forsur
En tanto, el alcalde provincial de Pisco, Jesús Echegaray, dijo que en el tema de vivienda no se avanzó nada en la ciudad, a pesar de haberse destinado presupuestos para realizar los trabajos de recuperación que en un 45% se encuentran en arbitraje.

Echegaray solicitó que el gabinete, encabezado por el premier Salomón Lerner, visite y supervise la zona afectada después de cuatro años del terremoto, para que constate los problemas y la situación de las familias.

“Pisco no ha sido reconstruido y hay pobladores que viven en extrema pobreza y me gustaría que los ministros constaten in situ que estas familias necesitan apoyo del gobierno. He venido a agradecer al presidente por el gesto que ha tenido de considerarnos”, afirmó.

El alcalde manifestó que presentará a la Contraloría tres denuncias legales por casos de sobrevaloración de obras. “Hay obras que son sobrevaluadas y se van al arbitraje y no terminan de construir las viviendas y las pistas. Ahora hay un supervisor fallecido que ha estado firmando como ingeniero residente de la obra, de las obras que ahora están abandonadas”, puntualizó.

También denunció que las obras de saneamiento en su provincia están paralizadas y abandonadas. “Abren zanjas, no colocan las tuberías nuevas pero remueven las antiguas, generando caos”, dijo.

Pidió al nuevo gobierno que remueva los escombros que todavía quedan y denunció el mal uso que hizo la administración de Alan García de los bonos para los afectados del sismo. “Hay 30 mil toneladas de desmonte por recoger y pido que la nueva administración nos ayude a removerla. Existen 60 mil viviendas por construir y propongo que Techo Propio y Sitio Propio sean los encargados de esta etapa”, explicó.

Dijo que de los 40 mil bonos que se repartieron el 50% no tuvo fondo, y los que tuvieron fondo han generado negocios con empresas constructoras o inmobiliarias, favorecidas por el gobierno saliente”, sostuvo.

Finalmente, explicó la necesidad de que el nuevo gobierno aplique una ley de emergencia y otorgue nuevos fondos para que se apoye a Ica, no solo a nivel nacional sino internacional.

“Nosotros, como primera autoridad de la provincia de Pisco, no queremos manejar los fondos porque esto se puede malinterpretar, que lo haga la región o el gobierno”, dijo.


Javier Solís
Redacción


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