Jueza de caso BTR calla sobre USB manipulados

La titular del 34º Juzgado Penal de Lima, Ana María Martínez, entregó su informe final sobre el caso Business Track el último 27 de julio, cuando el país estaba concentrado en las celebraciones por Fiestas Patrias, sin pronunciarse sobre la manipulación de evidencias electrónicas que comprometen al ex premier Jorge del Castillo y otros involucrados ligados al poder gubernamental.

Por Diario La Primera | 30 jul 2010 |    
Jueza de caso BTR calla sobre USB manipulados
Jueza entregó su informe cuando todos estaban atentos al 28 de Julio.
Jueza María Martínez incumplió diligencias para conocer origen y destino de equipos de interceptación.

Más datos

Los equipos “El 23 de junio del año 2000 se compran dos equipos ‘Triggerfish 4080’ por 110 mil dólares (…) en ese momento yo trabajaba en la Agregaduría Naval en Washington. Este tipo de operaciones sólo se hacen con autorización del gobierno”, declaró Carlos Tomasio ante la autoridad judicial.

La magistrada elevó el informe a la Segunda Sala para Reos en Cárcel y a la Fiscalía que coordina el magistrado Mateo Castañeda, sin referirse a los oficios cursados por la 31º Fiscalía Provincial Penal a cargo de las investigaciones de la manipulación y borrado de archivos de los USB de Giselle Giannotti, quien afirma que los mismos contenían material comprometedor para Del Castillo, Hernán Garrido Lecca y otros.

La jueza tampoco se pronuncia a fondo sobre las denuncias de Giannotti, de amenazas en su contra y sólo dice que “son materia de investigación por la 33° Fiscalía Provincial Penal de Lima”. Similar informe consigna respecto con los oficios cursados por la 58° Fiscalía Provincial Penal, que tenía a su cargo la investigación contra el ex ministro Francis Allison por Lavado de Activos.

Equipos de espionaje
El informe fue presentado sin que se hayan realizado diligencias para determinar quiénes pagaron por las interceptaciones telefónicas y pasó por alto actividades suficientes para averiguar el origen y paradero de los equipos “Triggerfish” con los cuales se habría realizado el chuponeo.

El documento describe que no requirió información al Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la adquisición de los equipos “Triggerfish 4080”, conforme a lo solicitado por la defensa del procesado Carlos Tomasio (copropietario de Business Track); ni información a Wachovia Bank USA sobre la forma y modo en que se realizó el pago por los equipos de interceptación adquiridos en el año 2000 para la Marina de Guerra del Perú.

El informe final del caso BTR, que consta de 1,135 páginas, contiene importante información referida al marino Jesús Juan Tirado Seguín, ex trabajador de Business Track. Encontraron en su poder, dice el documento elaborado por la jueza Martínez, cotización de servicios de interceptación telefónica, correos electrónicos de terceras personas, documentación sobre adquisición de equipos de interceptación telefónica celular (equipos Triggerfish) efectuada en el año 2000 por el gobierno peruano, la confirmatoria de la adquisición y el pago para capacitación efectuado por el citado procesado quien, según indicó, lo realizó en su condición de Agregado Naval del Perú en Estados Unidos. Sin embargo, esa información no fue confirmada por la Marina de Guerra.

La Marina sólo remitió la siguiente información: Oficio 159-2009-MINDEF/IG/K.4 por el cual informa que José Luis Guevara Ferioli estuvo a cargo del retiro de los equipos “Triggerfish 4080”; y Oficio 189-PPMD mediante el cual la Marina informa sobre las investigaciones referentes a la adquisición del referido equipo de interceptación telefónica.

Además, la juez niega autorización a la Fiscalía para investigar quiénes financiaron el chuponeo telefónico que realizó BTR. Martínez afirma que esa investigación sólo podrá ser realizada cuando termine el respectivo juicio público y haya una sentencia para los acusados Elías Ponce Feijóo, Giselle Giannotti, Carlos Tomasio, Martín Fernández, Jesús Ojeda, Juan Tirado, Pablo Martell y Alberto Salas.

Marcelo Puelles
Redacción

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