Juez acoge hábeas corpus

El titular del Juzgado en Derecho Constitucional, Óscar Zavala Bengoa, admitió ayer el hábeas corpus contra el presidente Alan García, los ministros Luis Alva Castro (Interior) y Ántero Flores-Aráoz (Defensa), y el comandante general de Ejército, general Edwin Donayre, para que el Estado informe sobre la desaparición de once personas tras una incursión militar el 14 de setiembre pasado en un poblado ayacuchano.

Por Diario La Primera | 02 oct 2008 |    
Juez acoge hábeas corpus
Exigen justicia y le dicen no a la impunidad.
Recurso emplaza a García, Alva Castro, Flores Aráoz y Donayre a dar cuenta de campesinos desaparecidos.

Más datos

DETALLE

El ministro de Defensa, Ántero Flores-Araoz, solicitó a la fiscal de la Nación se realice una investigación con la finalidad de terminar con las sospechas sobre la desaparición forzosa de un grupo de pobladores del  VRAE, como consecuencia de las operaciones militares de interdicción que se vienen realizando en esa zona. El titular de Defensa expresó que la investigación solicitada es para, de una vez por todas, terminar con las suspicacias.

El abogado de los familiares de los desaparecidos en Pichis- Río Seco, provincia de Vizcatán, Willy Córdoba, informó a LA PRIMERA que la demanda 990-2008/PJ busca obtener información oficial de las autoridades sobre los desaparecidos.

“El Estado tiene la obligación de informarnos sobre su paradero y advertimos que no haremos caso a las amenazas de que somos víctimas porque tenemos testigos, declaraciones periodísticas y, además, hasta el ministro Flores-Aráoz confirmó que sí hubo incursiones militares”, señaló.

Por otro lado, dijo que el titular de Defensa miente cuando afirma que el 14 de setiembre hubo un enfrentamiento entre militares y narcoterroristas pues, según los pobladores, los primeros dispararon sus armas y lanzaron granadas, y tampoco es cierto que no hayan pruebas de la existencia de estas personas por el solo hecho de no estar inscritos en el Reniec, algo normal en zonas alejadas.

Al respecto, fuentes de LA PRIMERA confirmaron que una de las pruebas presentadas por la defensa de los familiares de los desaparecidos es la tarjeta de control hospitalaria de la gestante Rosa Chávez Iguncha, de cinco meses de embarazo, además de la partida de nacimiento de Alajandro Pichardo Fernández, registrado el 31 de diciembre de 1990.


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