Jueces de CIDH analizan fujifallo

La sentencia de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema peruana, presidida por Javier Villa Stein, desconoce la jurisprudencia nacional e internacional que califica el caso Barrios Altos como crimen de lesa humanidad.

| 28 agosto 2012 12:08 AM | Política | 1.6k Lecturas
Jueces de CIDH analizan fujifallo
Corte de San José evalúa sentencia de Villa Stein.
Procurador del Estado peruano dice que sentencia de Villa Stein desconoce jurisprudencia nacional e internacional, ante la Corte en Costa Rica.

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ROCÍO SILVA SANTISTEBAN

Decisión será fundamental
La secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de los Derechos Humanos, Rocío Silva Santisteban estimó que “lo que resuelvan los jueces interamericanos, en este proceso de supervisión, será fundamental para lucha contra la impunidad en casos de violación de derechos humanos” en el Perú y América Latina.

De igual modo, Viviana Ksrticevic, directora ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) dijo que la decisión emitida por la Corte Suprema peruana “vulnera las obligaciones internacionales del Perú en materia de búsqueda de justicia, verdad y reparación para las víctimas de graves violaciones en Perú”.

Al término de las casi tres horas de desarrollada la sesión, el presidente en ejercicio de la Corte de San José, el costarricense Manuel Ventura, levantó la sesión.
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Así lo señaló, en su exposición ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el representante de las víctimas de los asesinatos de los Barrios Altos, el director adjunto del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera, quien dijo que esto queda evidenciado con la múltiple jurisprudencia nacional e internacional existente sobre el particular.

Rivera detalló que estas comprenden los diversos procesos presentados ante el Tribunal Constitucional (casos Rivero Lazo, Vega Navarrete y Martin Rivas); la calificación como crimen de lesa humanidad del proceso Barrios Altos, a cargo de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, en el 2009.

Del mismo modo agregó que así también lo reconoce en 2006 la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de los crímenes de La Cantuta, perpetrados por el mismo Grupo Colina.

Fue durante la audiencia pública de supervisión de cumplimiento de la sentencia emitida por la Corte Interamericana el 14 de marzo de 2001, sobre el caso Barrios Altos, realizada en la ciudad de San José de Costa Rica, sede de este tribunal supranacional.

El tema principal de debate fue la rebaja de 25 a 20 años de la pena de cárcel para los exintegrantes del Grupo Colina y el rechazo a considerar el delito de lesa humanidad, en el cuestionado fallo emitido por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema del Perú, presidida por Javier Villa Stein.

DESLINDE DEL ESTADO PERUANO
Por su parte, el Procurador Supranacional, Óscar Cubas, informó a la Corte que el Ministerio de Justicia del Perú interpuso acción de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC), a fin de que este último declare la nulidad de la decisión de la Corte Suprema.

Cubas expresó que dicha demanda fue presentada “por afectar los derechos a la verdad y a la igualdad en la aplicación de la ley”.

Explicó que si se considera fundada la acción de amparo se declararía la nulidad de la sentencia de Sala Penal Permanente, y se retrotraería los efectos al estado anterior a la expedición del fallo, y no se anulará el proceso en curso.

Agregó que, de esta forma, el Estado peruano deslinda con el fallo judicial que rebaja las penas al grupo paramilitar Colina, en el caso de la matanza de Barrios Altos.

Cubas reconoció que nuestro país aún no ha cumplido con su obligación de investigar y sancionar adecuadamente las violaciones cometidas por el Grupo Colina en el presente caso.

Sin embargo, al intervenir el procurador del Poder Judicial, Segundo Viteri, éste indicó que en la sentencia de la Sala de Villa Stein no había nada que corregir, ya que se ajustaba al ordenamiento jurídico nacional e internacional.

Viteri sostuvo, además, que en los fundamentos del fallo no se incumplió con ningún tipo de obligación internacional.

Ante esta situación, el presidente del Tribunal de San José, Manuel Ventura, señaló a ambos agentes que el Perú tenía que adoptar una sola posición, en torno a este caso.

Y ello se zanjó, al final de la audiencia, con la desautorización de la intervención del procurador Viteri -por parte de la Corte-, y la validación de lo expresado por el Ministerio de Justicia, a través de su procurador Cubas.

Gloria Cano, responsable del Área Legal de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), manifestó que “la decisión de la Sala Suprema ha supuesto un duro ataque para su dignidad, y por tanto una nueva violación a sus derechos”.


Javier Soto
Redacción

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