Investigan otras fugas con documentos falsos

El Ministerio Público y el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) dispusieron ayer la revisión de todas las excarcelaciones tramitadas con hábeas corpus hasta la fecha, ante la posibilidad de otros casos similares a la escandalosa fuga de los narcotraficantes Aníbal Zapata Ávalos (colombiano) y Christian Motte Ramírez Gastón (peruano), que se evadieron con documentación falsa y con la suplantación de secretarios de juzgados.

| 19 febrero 2009 12:02 AM | Política | 428 Lecturas
Investigan otras fugas con documentos falsos
Fiscalía amplía investigaciones.

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La Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), que despacha la doctora Elcira Vásquez, tomó la tarde del martes las declaraciones del juez César Tuya y de la secretaria Graciela Ayestas, en el marco de la investigación de oficio que ordenó ni bien se enteró del caso, el mismo día de la fuga. Un equipo especial de la OCMA continuó ayer las diligencias en los penales Lurigancho y Canto Grande.
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“Es cierto, existe la posibilidad que muchos otros reos estén libres mediante el uso de documentos falsificados y aquí el Inpe no ha cumplido su función, pues, como ya ha quedado demostrado, es muy fácil que alguien salga de la cárcel. La 22 Fiscalía Provincial Penal de Lima ha dispuesto una exhaustiva investigación para determinar si se registraron otros casos como estos y en los que pueden estar involucrados malos funcionarios del Inpe”, señaló a LA PRIMERA una fuente judicial.

Esta versión fue confirmada por el vicepresidente del Inpe, Gerson Villar, quien dijo que las investigaciones internas dispuestas servirán para conocer si se han registrado casos similares de fuga.

Motte, quien fugó de la cárcel de Lurigancho, es hijo de Carlos Motte Piccone, un ex militante aprista vinculado a Rómulo León, mientras Zapata Ávalos, es un colombiano que fugó del penal de Canto Grande. Ambos purgaban condena por tráfico ilícito de drogas.

Por su parte, el juez César Tuya Jara negó estar involucrado en la fuga de los narcotraficantes. Tanto el juez como la secretaria judicial interpusieron ante el Ministerio Público la denuncia correspondiente por la adulteración de documentos oficiales, suplantación de identidad y falsificación de firmas contra todos los que resulten responsables.

Marco Cáceres
Redacción

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