Hubo desprecio por Derechos Humanos

En materia de Derechos Humanos el gobierno de Alan García viene demostrando indolencia hacia las víctimas de la violencia interna; coincidieron Francisco Soberón, directivo de Aprodeh, y David Lovatón, director del Instituto de Defensa Legal (IDL).

Por Diario La Primera | 28 jul 2010 |    

Para Soberón, “existe un retroceso en los procesos judiciales y recién, después de muchos reclamos y protestas, se ha puesto énfasis en conformar una comisión que se encargue de velar por el cumplimiento de las reparaciones individuales a las víctimas de la violencia interna”.

Según el último informe presentado por Amnistía Internacional en mayo pasado, los casos en los que se hace justicia a las víctimas de la violencia son pocos. Lovatón precisó que, de acuerdo a las cifras del IDL, sólo el 15% de los militares procesados han sido condenados. Prueba de este retroceso es la tardía reacción del gobierno en la entrega de reparaciones, pues ya existen registros de fallecimientos de personas que sobrevivieron a la violencia y que no llegaron a recibir una justa reparación individual por parte del Estado.

En este contexto, la condena de 25 años impuesta a Alberto Fujimori por los casos La Cantuta, Barrios Altos y Sótanos del SIE es la única sentencia memorable; una condena que a los deudos de estos casos les sabe a nada cuando ven al ex dictador disfrutar de gollerías en su cómoda prisión personal de la Dinoes sin que reciba una llamada de atención del gobierno.

Cabos sueltos
Una nueva traba en los procesos por violación de derechos humanos se registró cuando la Sala Penal Nacional devolvió a la Fiscalía el expediente del caso “Los Cabitos”, sobre desaparición y tortura de 54 pobladores de Ayacucho, con el fin de que revise el tipo penal. Los procesados en este caso son siete militares, por la desaparición forzada y torturas perpetradas en el cuartel “Los Cabitos” en 1983. Pese a que la Fiscalía ya adecuó su acusación penal a los tipos penales vigentes en 1983, cuando fueron cometidos los crímenes, la sala insiste en que la desaparición forzada no estaba tipificada en el Código Penal de la época y, por lo tanto, el caso no puede ser procesado después de 26 años.

Putis
En el caso de la matanza de Putis, en Ayacucho, tampoco ha sido presentada la respectiva denuncia, y el ministro de Defensa, Rafael Rey, negó que existan en los archivos del Ejército registros de los militares responsables de esos hechos. Durante los últimos meses Rey se ha dedicado a demandar libertad y “justicia” para los militares procesados y condenados y ha tenido actitudes agraviantes contra periodistas de este diario cuando era consultado por la negativa del gobierno a brindar información relacionada a este caso.

Ay, Velásquez
Hace dos semanas el premier Javier Velásquez planteó que el Estado peruano presente reservas a los fallos emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para no cumplir con las sentencias de esa instancia internacional que ordena pagar indemnizaciones a algunos acusados o condenados por terrorismo, víctimas de abusos del Estado, así como a víctimas del terrorismo subversivo y de Estado.

La propuesta de Velásquez fue criticada incluso por miembros de su partido y el ministro de Justicia, Víctor García Toma, aclaró que la idea del retiro parcial del Perú de la CIDH era sólo una iniciativa personal del premier.

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