Hay gente interesada que rodea a Ollanta

Greta Minaya en desacuerdo con trato a alcalde de Espinar y presidente regional de Cajamarca.

| 09 junio 2012 12:06 AM | Política | 2k Lecturas
Hay gente interesada que rodea a Ollanta
Minaya considera que traslado de Mollohuanca a Ica violenta la legalidad.
ENTREVISTA. JURISTA GRETA MINAYA
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La destacada jurista Greta Minaya hace un análisis sobre los casos judiciales y fiscales derivados de los conflictos sociales en la provincia cusqueña de Espinar y en Cajamarca. Asimismo dice que el presidente Ollanta Humala debe contar con profesionales que le ayuden a cumplir sus compromisos y anuncia que postulará nuevamente para integrar el pleno del Jurado Nacional de Elecciones.

—¿Cuál es su posición en torno al inicio de una investigación fiscal de oficio al presidente de la región Cajamarca, Gregorio Santos, por el delito de apología de rebelión en agravio del Estado?
—Según mi experiencia como exmagistrada, los jueces somos autónomos e independientes. Entonces, que se quiera criminalizar hechos, como los que usted ha mencionado, si no están previstos en el Código Penal, me parece que sería un exceso.

—¿Comparte usted la decisión del Poder Judicial de disponer el traslado de la competencia jurisdiccional para procesar al alcalde de Espinar, Óscar Mollohuanca?
—Aquí estoy en total desacuerdo con la resolución del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ya que está violentando los Códigos y la legislación existente, pues una persona imputada de un hecho delictuoso no puede ser apartada de su juez natural, ni menos de la jurisdicción donde se fija el hecho, salvo, y esto lo establece el nuevo Código de Procedimientos Penales, cuando el mismo procesado, su abogado o un fiscal lo soliciten por razones de fuerza mayor o de salud o por la existencia de un peligro inminente.

—Los defensores de la medida aducen que es por el último motivo que usted señala, amparados en una supuesta cuestión de seguridad...
—Sí, pero eso sería para un caso concreto. Y acá se está transfiriendo en más de una jurisdicción (casos de Espinar y Cajamarca). Y eso está prohibido porque atenta contra las garantías del debido proceso. Es más, hay jurisprudencia respecto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que anuló los procesos írritos de la dictadura fujimorista como, por ejemplo, los de los denominados “jueces sin rostro”. Por tanto, este tipo de cosas no pueden permitirse en democracia. Para eso existen los Códigos y la legislación, así como la Constitución, que deben garantizar los derechos fundamentales de las personas.

—En consecuencia, ¿es ilegal la decisión de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo de abrir investigación de oficio a Santos?
—Bueno, a mi criterio, como se lo he dicho anteriormente, todo aquello que va contra las disposiciones existentes en nuestra legislación es ilegal. Que lo quieran legalizar, no me parece correcto. He escuchado al fiscal de la Nación dar instrucciones para que se proceda a la investigación, pero no creo que esté avalando esto del cambio de jurisdicción. En todo caso, ya él, como magistrado, sabrá lo que corresponde ¿no?

—Gregorio Santos ha demandado la convocatoria de una Asamblea Constituyente y la ha citado a usted, respecto a su exhortación al presidente para que cumpla su palabra y restablezca la Constitución de 1979.
—La Asamblea Constituyente sería una de las formas para restablecer la Constitución de 1979. Y la única persona que puede convocar a una Asamblea Constituyente es el Presidente de la República. Y si él no lo quiere hacer, hay otras formas, a través de la Ley de Participación Ciudadana, mediante la recolección de firmas para su posterior presentación ante el Parlamento. Y si el Congreso se negase, entonces tendría que ir el tema al Jurado Nacional de Elecciones para que se pronuncie.

—¿Ha declarado usted, como afirma un diario local, que el Presidente de la República podría dejar el cargo si no cumple con sus promesas electorales?
—Esa es una interpretación maliciosa que está haciendo el diario Correo, en la persona de su director Aldo Mariátegui. Lo único que buscan aquí es desprestigiarme porque estoy postulando otra vez para integrar el pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en representación de los abogados, con el número uno. No es verdad lo que se dice allí. Lo que he dicho en un reciente artículo es que “cuando los funcionarios públicos que emergen del voto popular no cumplen sus promesas deberían ser sancionados; y que esa figura debería penalizarse”. No he dicho que hay que sacar al Presidente de la República.

—A propósito, uno de los mecanismos de participación ciudadana, como la consulta previa, tiene problemas para ser aplicado...
—El mismo presidente Humala ha hablado del mecanismo participativo de la consulta previa. Se ha dado la Ley pero todavía no se aprueba el reglamento. Prácticamente no está vigente, entonces.


DEBE REUNIRSE LOS MEJORES CUADROS

—¿Usted cree que el gobierno ha abandonado definitivamente el objetivo de restablecer la Constitución de 1979?
—Bueno, yo diría que es un poco prematuro decir que no va a cambiar la actual Constitución, porque no tiene ni un año de gobierno. Lo que pasa es que el jefe de Estado está recién adecuándose al cargo. Pero también es cierto que hay gente interesada en que no se modifique nada y se siga en la misma tendencia neoliberal de los últimos gobiernos.

—¿Tiene usted esperanzas?
—El mismo presidente ha dicho el miércoles que “sí vamos a cumplir con la Gran Transformación”. Lo que ocurre es que él dice una cosa, pero hay gente interesada que lo rodea, entre ellos el primer ministro Óscar Valdés, un fujimorista como todos lo saben, que protege a las mineras y que no quiere que se cumplan las promesas electorales. Entonces, lo que el presidente debe hacer es poner a un lado a estas personas, ya que esta gente está procurando que su gobierno fracase; y los peruanos no quieren que esto pase.


QUE CUMPLA

—¿Le haría una exhortación al presidente?
—Yo lo único que exhorto es a que cumpla con sus promesas electorales. Y lo que yo siempre he señalado es que es imperativo restablecer la Constitución de 1979, ya que es el documento más acorde a nuestra realidad, por ser de corte social. No es neoliberal, como la Carta vigente de Alberto Fujimori, y porque respeta la soberanía del Estado.


Javier Soto
Redacción


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