Hay que castigarlos

Los especialistas en Derechos Humanos Francisco Soberón y Rocío Silva Santisteban coincidieron en indicar que el Estado tiene que tomar en cuenta la opinión de la secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, Carmen Moreno, quien dijo ayer que las esterilizaciones forzadas que se practicaron en el Perú, entre 1996 y 2000, deben ser investigadas y sancionadas.

| 19 mayo 2012 12:05 AM | Política | 1k Lecturas
Hay que castigarlos
POR ESTERILIZACIONES FORZADAS. Advierten que responsables de esas prácticas de dictadura fujimorista no deben quedar impunes.

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La secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, Carmen Moreno, advirtió que la esterilización forzada contra mujeres es contraria a los derechos humanos de las personas y, por supuesto, debe ser sancionado.
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El director ejecutivo de la Asociación Pro Derechos Humanos, Francisco Soberón, dijo que la investigación de las esterilizaciones es un tema pendiente. “Recientemente, el fiscal de la Nación se comprometió en reiniciar las investigaciones sobre estos hechos ocurridos durante la época del gobierno de Fujimori”, precisó.

“Creo que es una obligación del Estado iniciar las investigaciones. Entiendo que ahora hay iniciativas de las afectadas, patrocinadas por Demus y el Movimiento Amplio de Mujeres, que están activando estas denuncias. Esperamos que próximamente haya avances en la investigación”, remarcó.

Soberón recordó el caso de Mamérita Mestanza Chávez que llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “El Estado empezó a atender reparaciones a la familia de Mamérita, porque ella murió como consecuencia de la esterilización forzada”, anotó.

Añadió que el caso Mestanza activó la demanda de justicia, de investigación y sanción de los responsables de estas esterilizaciones. Refirió que al Estado peruano le corresponde brindar el número oficial de víctimas de las esterilizaciones forzadas, porque cuenta con la base de datos del Ministerio de Salud.

Por su parte, la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Rocío Silva Santisteban, sostuvo que el Estado tiene una deuda pendiente con las víctimas de esterilizaciones forzadas.

Explicó sin embargo que aún no hay una lista completa de las víctimas de esterilizaciones forzadas, por ejemplo, en el caso de Piura solo se conoce el caso de Victoria Vigo, pero cuántas otras mujeres habrán sufrido lo mismo, se preguntó.


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