Gregorio Santos admite persecución y reitera que irá a la reelección

El presidente de la región Cajamarca, Gregorio Santos, manifestó que no pone las manos al fuego por nadie y que responderá a todas acusaciones de presunta corrupción en su contra. Santos denunció igualmente que sectores de la gran minería están desatando una campaña de desestabilización a su gestión por su oposición al proyecto Conga.

| 09 junio 2014 07:06 PM | Política | 1.3k Lecturas
Gregorio Santos admite persecución y reitera que irá a la reelección
Alega persecución y ratifica que irá a la reelección
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—¿Cuál es su posición respecto a la pesquisa fiscal sobre hechos de corrupción en su jurisdicción?

—En primer lugar, nosotros no podemos poner las manos al fuego por nadie. Si se determinan responsables individuales que se determinen. Si alguien traicionó la voluntad del pueblo y actuó al margen de la ley, esa es su responsabilidad. Nosotros otorgamos el presupuesto a cada unidad ejecutora para que lo aplique de acuerdo con las normas y la ética.

—¿Descarta usted implicación personal en hechos de corrupción en la región Cajamarca?

—Nosotros no tenemos nada que ver en estos hechos.

—Pero usted responderá imputaciones…

—Mire, como funcionario público estamos obligados a rendir cuentas de los actos públicos; y mucho más de lo que concierne al tesoro nacional que involucra a todos los peruanos. En nuestro caso, hay una total distorsión de la investigación preparatoria, porque el exfiscal de la Nación José Peláez Bardales trajo todos los casos a Lima, sustrayéndole su competencia a la Fiscalía Supraprovincial de Cajamarca. Esta distorsión es parte de una persecución judicial-fiscal, ya que cambia totalmente el propio ordenamiento jurídico. Nadie niega la potestad del Estado y de la Contraloría en la investigación, que ha trabajado con más de un centenar de personas en el gobierno regional de Cajamarca. Pero extrañamente se sacó del juego a los fiscales de Cajamarca y se trajo el caso a la capital.

—¿Pero a qué cree que se debió este extraño cambio?

—Eso ya no huele a transparencia sino a los intereses que tenían, primero Peláez Bardales, y, luego, Carlos Ramos Heredia, de operar contra el gobierno regional. Ambos viajaron a Cajamarca a reunirse con los operadores de Yanacocha. Con gente, muchas de ellas prontuariada, como Anselmo Santa Cruz, un pseudo rondero que ha estado preso. Igual lo hicieron con la Cámara de Comercio, favorable a la gran minería.

DESCENTRALIZACIÓN

—En todo caso, ¿qué es lo que se pretendería con estas acciones?

—Lo que se oculta detrás de todo esto es una estrategia para dar un golpe de Estado a la regionalización. Eso ha sido preparado, empezando por las regiones, con la finalidad de dictaminar una norma que cree una institución interventora y golpista, como es la cuestionable superintendencia de gobiernos regionales que, en realidad, será un organismo integrado por espías y soplones para complementar su objetivo de aniquilar el proceso de descentralización. Se pretende retroceder hasta la época virreinal en este asunto. Y los provincianos tenemos que defender este proceso.

—¿Dice usted que la arremetida judicial contra las regiones estaría enmarcada directamente a atentar contra los procesos de descentralización y regionalización?

—Efectivamente. Esto empezó con el ministro de Economía, Luis Castilla y el exprimer ministro Óscar Valdés. Cuando estalló el conflicto por Conga, las transnacionales y los grupos de poder locales aunados a algunos políticos ligados al grupo mediático de El Comercio, trabajaron en el primer acto inconstitucional, ante el cual nadie dijo nada: la ilegal intervención y congelamiento de las cuentas del gobierno de la región, ordenada por Castilla. A lo que siguió una ola de declaratorias de estados de emergencia, so pretexto de que se había perdido el control de la seguridad. Y, a partir de allí, se ha iniciado toda una guerra contra la Descentralización porque los grandes inversionistas reclaman la eliminación de las trabas a las inversiones, y una de éstas es para ellos los gobiernos regionales y municipales. Ellos ven que el proceso de Descentralización se ha convertido en el peor obstáculo para el expansionismo extractivista y la aplicación salvaje del modelo económico neoliberal que, a cualquier precio, quiere imponer un crecimiento centralizador y no distributivo.

—¿Y cómo apuntan a este objetivo?

—Y en consonancia con ello han orientado sus acciones al presupuesto público nacional. Ahora apuntan a modificar incluso este presupuesto, que ya está centralizado, porque de cada cien soles solo 18 se traslada a las regiones. Lo quieren concentrar en el MEF para tener el control total, no solo de la inversión de los recursos mineros, petroleros, gasíferos, forestales, etc, sino también del Tesoro Público, desde Lima. Y quieren distraer la atención con el envío al Parlamento de proyectos de ley que eliminan la reelección de los presidentes regionales. El tema de fondo es la misma Constitución fujimorista que no da para más, y el modelo económico neoliberal que en democracia no funciona. Por eso ya han casi aniquilado la consulta previa, y ahora quieren aniquilar los gobiernos regionales, porque saben que es parte de la democracia participativa a la que las empresas extractivistas, como Yanacocha, Toromocho, y otras, siempre han visto como una amenaza. Y que, por su resistencia a sus emprendimientos, nunca son tomados en cuenta para los modelos de desarrollo.

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LA IMPUTACIONES

—¿Cuáles son las principales imputaciones en su contra, respecto a su gestión al frente de la región Cajamarca?

—Mire, a nosotros nos han investigado las 28 unidades ejecutoras que tiene el gobierno regional. En algunas de ellas la Fiscalía afirma haber encontrado presuntas irregularidades por negligencias incurridas por los comités de licitaciones, al no haber hecho los respectivos controles de los procesos de licitación. Las empresas que participaron allí enviaron a equipos de especialistas en contrataciones públicas a falsificar documentos para sorprender a los funcionarios. Por ello, estos funcionarios no fueron lo suficientemente prudentes para atajar estas acciones ilegales. Y, al final, estos casos terminaron en la OSCE. Esa es la razón por la cual pretenden denunciarme a mí como responsable directo de una presunta asociación ilícita para delinquir. Me pregunto entonces ¿qué tipo de empresas tenemos en el país?

COLABORADORES EFICACES

—Pero, ¿por qué la Fiscalía señala la existencia de supuestas colaboradores eficaces que lo incriminan a usted?

—En este momento, al no encontrar pruebas, la Fiscalía está buscando supuestos “colaboradores eficaces” para que hablen en mi contra y me incriminen. Y, ahora, a los que están detenidos los están presionando para que bajo el amparo de la colaboración eficaz y no procesarlos por lavado de activos, acusen de todo lo que les sea necesario al presidente de la región Cajamarca. Nosotros esperamos que esto no sea así, y que la Fiscalía solo haga su trabajo estrictamente profesional, independiente y sin presiones. Porque, en mi caso, se está actuando bajo una presión política abierta ejercida por Yanacocha. Incluso con llamadas insistentes a la Fiscalía para que se me detenga, sin que exista una debida investigación. Al punto que esto ha merecido un llamado de atención de un alto funcionario de las Naciones Unidas que ha sindicado a las autoridades peruanas de estar abusando con la figura legal de la detención preventiva.

—¿Por qué el Fiscal de la Nación adelanta que se evalúa la posibilidad de solicitar su detención preventiva?

—En el caso de Cajamarca, el Contralor General de la República adelantó juicio, sin haber concluido sus pesquisas, en el sentido de que ya había malversación de fondos, además de dar diferentes versiones del monto. Lo mismo hizo el exfiscal Peláez Bardales adelantando juicio con su pedido de detención en mi contra. Y su sucesor, Ramos Heredia, va a Cajamarca, se reúne con los principales promotores del proyecto Conga, y ante una pregunta sesgada de la prensa adicta a los grupos de poder también responde muy solícitamente que “se está evaluando” mi detención preventiva, a sabiendas que no puede pronunciarse en ese sentido sin demostrar parcialización. Porque el único que puede pedir una medida de ese tipo es el fiscal a cargo de la investigación. Esto está causando una enorme pérdida de credibilidad al Ministerio Público.

LOS CUATRO DETENIDOS

—¿Tiene usted alguna relación con los cuatro detenidos a pedido del Ministerio Público, como parte de la investigación a su gestión?

—Ninguna. Con ellos no había otra relación que la estrictamente laboral referida al ámbito técnico en la ejecución de proyectos. La Fiscalía pretende forzar los hechos, al pretender implicar directamente al presidente regional en los ilícitos de estos malos funcionarios, solo por ser el titular del pliego presupuestal. Esperemos que las investigaciones sean realmente transparentes e independientes y se determinen a los responsables individuales. Ellos ya estaban trabajando en el gobierno regional antes de que inicie mi gestión. Como es el caso de Fuaad Samham, que integraba parte de los equipos técnico de la región que laboraba, en virtud a un convenio con la cooperación japonesa (JICA). Y esta institución nos pidió que hubiese una continuidad de los equipos técnicos, y así lo cumplimos. Además, la unidad ejecutora Prorregión, en la que trabajaba, se rige por el Decreto Legislativo 728 que norma el régimen privado.

—¿Insistirá en su postulación a un nuevo periodo en el gobierno regional de Cajamarca?

—Hagan lo que hagan nuestros adversarios, saben que no podrán impedir mi participación electoral. Vamos a inscribirnos y desarrollar una campaña limpia. Con un proyecto de desarrollo alternativo al extractivismo, por el cobro de la deuda ambiental y la democracia participativa más amplia. Esta será la mejor manera de superar los conflictos. No es una simple decisión personal. Así lo ha determinado el Congreso del MAS con sus seis mil delegados; y las elecciones internas de hoy (ayer) ratificarán seguramente nuestra participación en esta lid electoral.

Nada de asilo

—Ante toda esta presión judicial y mediática en su contra ¿evalúa usted la posibilidad de pedir asilo político?

—No. No lo he pensado nunca. Nosotros hemos dicho al pueblo de Cajamarca, y al país, que vamos a dar la cara. Vamos a presentarnos a declarar las veces que nos convoquen o requieran las autoridades. Y fortalecer nuestra defensa legal, porque solo nos queda defendernos y esclarecer las denuncias.

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POR LA LUCHA CONTRA CONGA

Hay una especie de venganza política

—¿Cree que estas acciones fiscales y judiciales es una forma de represalia por su oposición a proyectos de la gran minería, como es el caso de Conga?

—Está claro para el país que hay una especie de venganza política y económica, a la vez que se busca una vendetta general contra Cajamarca. Esa venganza se expresa en el seguimiento minucioso de una gestión que va a terminar como la más auditada de todos los gobiernos regionales y con todos los organismos de investigación del Estado sobre nosotros. No olviden que el Parlamento intervino Cajamarca, mientras que archivaban las denuncias de otra administración regional. Hay audios en los que Yanacocha se reunió con algunos consejeros para hacer oposición al gobierno regional y destruir la imagen de Gregorio Santos. Y lo hacen porque saben que podemos ganar la reelección del gobierno regional. Sabemos que ese es el costo.

Javier Soto


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