Gobierno tuvo que ceder ante presión del pueblo pisqueño

El premier Javier Velásquez Quesquén tuvo que dejar su indiferencia a un lado y acceder al diálogo con los representantes de la Coordinadora de Lucha Provincial de Pisco, quienes exigen al gobierno la conformación de una comisión de alto nivel para analizar y solucionar, de una buena vez por todas, la problemática de la reconstrucción de Pisco.

Por Diario La Primera | 16 ago 2010 |    
Gobierno tuvo que ceder ante presión del pueblo pisqueño
(1) La población hizo retroceder al gobierno y le arrancaron la promesa de acceder al diálogo. (2) Cacerolazo dio inicio a las protestas contra la corrupción que retrasa la reconstrucción.
Tres años después del terremoto, el premier ofreció dialogar con damnificados, tras la toma del puente HuamanÑ

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Ante tanta obra mal hecha, le hemos pedido al municipio de Pisco los perfiles de las obras para que podamos fiscalizar, incluso los mismos regidores también lo han pedido, pero hasta ahora se han negado a entregarlos, sostuvo el dirigente Catalino García.

Los siete frentes de lucha agrupados en la Coordinadora iniciaron por tercer año consecutivo la jornada de protesta por el olvido que sufre la población, tras el terremoto que dejó un saldo de 600 muertos, miles de heridos y de damnificados.

La protesta se inició en la medianoche con el tradicional “cacerolazo” alrededor de la plaza de armas pisqueña, nueve horas después los pobladores se concentraron para marchar pacíficamente hasta el puente Huamaní (kilómetro 221 de la Panamericana Sur, distrito de San Clemente) para conseguir una respuesta del Ejecutivo, que sigue proclamando que en Pisco, Chincha Alta, Chincha Baja, Tambo de Mora, Ica y San Luis de Cañete, se invirtieron más de S/. 2,686 millones.

Tras permanecer dos horas apostados en el puente, al promediar las 3 de la tarde, LA PRIMERA pudo constatar cómo la gobernadora de la provincia de Pisco, Magda Huamaní, convenció a Velásquez Quesquén a responder la carta que la coordinadora envió el pasado 3 de agosto a Palacio de Gobierno, así como a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), en la que solicitan el diálogo a través de una comisión de alto nivel.

Ante la intención de los pobladores de Pisco, San Clemente y Paracas, de no desocupar el puente hasta obtener una fecha para iniciar el diálogo, Velásquez Quesquén accedió a atenderlos este jueves 19, al mediodía, en la sede de la PCM. Sin embargo, los pobladores señalaron que accederán a participar en la reunión en Lima, siempre y cuando los encuentros posteriores se den en la misma ciudad de Pisco. En caso contrario, reiniciarán sus acciones de lucha.

La gobernadora Magda Huamaní se comprometió a acompañar a la comisión de dirigentes que se dirigirá a Lima esta semana y garantizó la presencia de los ministros de Vivienda y Agricultura, además de los congresistas de la región.

Catalino García Briones, presidente de la Coordinadora Provincial de la Sociedad Civil de Pisco (Cooprosoc), comentó que no es la primera vez en tres años, desde que ocurrió el terremoto, que solicitan un acercamiento con la PCM.

“Nosotros siempre hemos cursado los documentos pertinentes buscando que resuelvan los problemas de Pisco, en reiteradas veces le hemos solicitado al presidente Alan García una comisión de alto nivel para dialogar sobre los problemas de Pisco, porque el pueblo esta indignado, el gobierno central ha hecho oídos sordos durante 3 años, entonces está probado que son ellos quienes inician los conflictos sociales en el país”.

El dirigente dijo que esta reclamación se extenderá a las poblaciones de Chincha e Ica que también sufren la desatención del gobierno.

García adelantó que dentro de las negociaciones con el Ejecutivo se propondrá que en el presupuesto del próximo año se priorice una partida para la reconstrucción de obras públicas y viviendas de buena calidad.

“En el artículo 1 de la ley Nº 29078, promulgada para la reconstrucción del sur, dice que el gobierno está en la obligación de destinar dinero en la reconstrucción de viviendas y no sólo de obras públicas como lo ha estado haciendo Forsur que en su mayoría son de mala calidad. Pisco también requiere un hospital de mayor nivel, ya que no tenemos especialistas y en la mayoría de veces nuestros enfermos son derivados a Ica y Chincha”, recordó.

Piden fiscalización
De otro lado, Catalino García denunció que el actual alcalde de Pisco, Juan Mendoza, no dio cuenta de los 75 millones de soles que se obtuvo como parte de una retribución de la empresa Pluspetrol, meses antes del terremoto.

“Cuando ocurrió el terremoto, se debió poner como contrapartida (los S/.75 millones) para la construcción de casas, pero hasta ahora (Mendoza) no ha rendido cuenta del dinero. Al alcalde no le interesa que haya algunas pocas personas que están hipotecando sus terrenos para poder construir uno o dos ambientes para vivir, y que los demás siguen viviendo en esteras, cartón o módulos de madera picada, que ya no soportan el frío”, afirmó.

García Briones agregó además que el sector del Alto El Molino, donde están reubicadas 5,000 personas que no cuentan con título de propiedad, ni servicios de saneamiento y enciman están amenazados con ser desalojados al no haberse concluido el proceso de expropiación de los terrenos, no participan de las protestas del 15 de agosto por miedo a perder su espacios de vivienda.

“Nuevamente el alcalde Mendoza ha jugado con la necesidad del pueblo del Alto El Molino. Los ha condicionado a no salir a las calles a protestar porque de lo contrario no les entregará sus títulos de propiedad. Es la tercera vez que esta zona no participa en las acciones de lucha”, manifestó.

El dirigente advirtió de una sobrevaloración de obras por parte del Fondo de Reconstrucción del Sur (Forsur), que es comprobable si los costos de ejecución de obras se comparan con los que reporta la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Pisco (Emapisco S.A).

“Nosotros, como sociedad civil, y por medio de la ley de transparencia, pedimos un reporte oficial de Emapisco, que registra montos menores comparados a los que señala el Forsur en cada una de las obras, y esa es una prueba de sobrevaloración”, dijo.

Vanessa Ramos y David Huamaní,
enviados especiales

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