Gobierno retrocede y pide anular “Decreto Colina”

Presionado por renuncia de Vargas Llosa al Museo de la Memoria y la protesta de diversas instituciones del país, García solicitó al Congreso se derogue el DL 1097. Hoy habrá pleno de urgencia.

Por Diario La Primera | 14 set 2010 |    
(1) Decreto elaborado y auspiciado por García y Rey duró poco tiempo. (2) Actuación precisa para derogación de decreto. (3) Perdió su oportunidad. (4) Se quedó con las maletas listas.

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DÍA CLAVE

*En tanto se ejecuta la derogatoria del decreto 1097, éste sigue en vigencia desde su promulgación el pasado primero de setiembre y mañana 15 de setiembre será día clave en contra de la impunidad. La Primera Sala Penal Especial que preside la vocal superior Inés Villa Bonilla, tendrá que resolver la solicitud del fiscal superior Jorge Cortez Pineda, que pide declarar inaplicable al Grupo Colina, el cuestionado DL 1097 que dispone el archivo de los juicios.

*El pedido fue formulado durante la audiencia pública del proceso seguido contra los ex agentes del Ejército acusados por violaciones a los derechos humanos cometidos en el caso Barrios Altos.



*La Procuraduría Anticorrupción y los abogados de las víctimas, Gloria Cano y Antonio Salazar, también exigieron que el DL 1097 sea rechazado porque los tratados internacionales suscritos por el Perú y sentencias de la Corte Interamericana obligan al Estado a juzgar y sentenciar estos casos.



*Entre los que han pedido acogerse a este decreto están el ex jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército, Juan Rivero Lazo, así como varios integrantes de Colina como Santiago Martin Rivas, Jesús Sosa Saavedra y Wilmer Yarlequé, entre otros. Ayer, también se supo que el general Luis Pérez Documet, también se acogió a la medida por otro caso de violaciones a los derechos humanos.

La abierta discrepancia del escritor Mario Vargas Llosa con el polémico Decreto Legislativo Nº 1097 –que regula la aplicación de normas procesales por delitos de violación de los derechos humanos de policías y militares–, motivó que de inmediato el gobierno reaccione y presente ante el Congreso un proyecto de Ley para derogar la cuestionada norma que había generado los últimos días una andanada de críticas desde diversos sectores.

A través de su cuenta en Twitter, en horas de la noche, Prensa de Palacio de Gobierno informó que el Ejecutivo solicitó tramitar la norma con carácter de urgencia, lo cual se oficializó de inmediato a través del documento con sólo dos artículos firmados por el aún premier Javier Velásquez y el presidente García.

El proyecto indica que el decreto debe derogarse porque para su elaboración no se ha consultado con todos los sectores, y que sólo fue coordinado por los ministerios de Justicia y Defensa.

Al respecto, el congresista de Unidad Nacional, Juan Carlos Eguren, indicó que se convocó para hoy un pleno extraordinario para ver el pedido del Ejecutivo, en cuya exposición de motivos reconoce que no se hizo un estudio adecuado pues sólo tomó la opinión de los ministerios de Defensa y Justicia.

Según el documento enviado de Palacio, esto podría generar que se vea la norma como una amnistía encubierta, así como que sea aprovechado para que violadores de los derechos humanos se acojan a ella.

El pedido del Ejecutivo se hace ante la ola de críticas en contra del dispositivo y de la polémica suscitada entre el ministro de Justicia, Víctor García Toma, y el de Defensa, Rafael Rey, quienes no firman el documento enviado al Congreso.

El primero había adelantado que el Ejecutivo presentaría una iniciativa en ese sentido. Ayer muy temprano, Rey negó que eso sea cierto y dijo que en caso contrario él presentaría su renuncia de inmediato.

Renuncia irrevocable
Vargas Llosa renunció ayer de manera irrevocable a la presidencia de la comisión encargada del Lugar de la Memoria. “La razón es el reciente decreto que, a todas luces, constituye una amnistía apenas disfrazada para beneficiar a buen número de personas vinculadas a la dictadura y condenadas o procesadas por crímenes contra los derechos humanos (asesinatos, torturas y desapariciones), entre ellos al propio ex dictador (Alberto Fujimori) y su brazo derecho (Vladimiro Montesinos)”, señala la carta que envió desde París al presidente Alan García.

En tono duro, Llosa exhortó al presidente García que se rectifique por la dación del citado dispositivo y pide la inmediata abolición de ese “innoble decreto” para “buscar aliados entre los peruanos dignos y democráticos que lo llevaron al poder con sus votos, en vez de buscarlos entre los herederos de un régimen autoritario que sumió al Perú en el oprobio de la corrupción y el crimen”.

Triquiñuela jurídica
En su carta, el escritor refirió que a su juicio existe incompatibilidad entre auspiciar el levantamiento de un monumento en homenaje a las víctimas de la violencia que desencadenó el terrorismo y de otro lado abrir mediante una “triquiñuela jurídica” la puerta falsa de las cárceles a quienes cometieron delitos horrendos y contribuyeron a sembrar de odio, sangre y sufrimiento a la sociedad peruana.

“Ignoro qué presiones de los sectores militares que medraron con la dictadura y no se resignan a la democracia, o qué consideraciones de menuda política electoral lo han llevado a usted a amparar una iniciativa que sólo va a traer desprestigio a su gobierno”, manifestó en su carta.

Vargas Llosa consideró, además, que con esta ley se da la razón a quienes lo acusan (a García) de haber pactado en secreto una colaboración estrecha con los mismos fujimoristas que lo exiliaron y persiguieron durante ocho años.

La medida –dijo–, ha indignado a todos los sectores democráticos del país y a la opinión publica internacional, como lo muestran los pronunciamientos del Relator de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Conferencia Episcopal, la Defensoría del Pueblo, entre otras organizaciones sociales y políticas. “Coincido plenamente con estas protestas”, acotó.

Punto de quiebre
En diálogo con LA PRIMERA, el analista Eduardo Toche, precisó que el alejamiento de Vargas Llosa es el punto culminante de varios aspectos que demuestran la falta de voluntad del gobierno en materia de derechos humanos, entre ellos el poco interés político para implementar el plan de reparaciones, la judicialización de casos de violaciones de los derechos humanos y que no haya señales o se vea un enorme desaliento en levantar el Museo de la Memoria.

“En estos aspectos Vargas Llosa se ha puesto en primera línea porque el deseo del actual gobierno es aceptar márgenes de impunidad”, dijo a este diario.

Subgrupo congresal
Desde el Congreso, antes de conocerse la decisión del Ejecutivo, el presidente de la Comisión de Constitución, Aurelio Pastor, había adelantado que hoy se conformaría un subgrupo de trabajo que analizaría el decreto 1097.

Sin zanjar con el presidente García que el último domingo echó la culpa al Congreso de “lavarse las manos” al darle al Ejecutivo facultades legislativas que no había solicitado, –lo cual permitió que se presentara el 1097–, Pastor ensayó tres posibles escenarios: la ratificación de la norma, su modificación o su derogatoria, que fue lo que finalmente presentó ayer el gobierno.

Desde la oposición, la derogatoria de la norma era la única salida, y además consideran que el gabinete debe irse censurado como sucedió con “el gabinete Del Castillo”.

Investigación a fondo
El congresista José Alfonso Maslucán informó que el nacionalismo presentará de todas maneras una Moción de Orden del Día, proponiendo se investigue a los autores intelectuales y materiales “del cuestionado y nocivo Decreto Legislativo Nº 1097”, dado para amparar y beneficiar mediante una amnistía encubierta, a los violadores de los Derechos Humanos, de manera especial de los casos de El Frontón y el Grupo Colina, entre otros.

En ese sentido, el parlamentario calificó el decreto como una maniobra política de grupos vinculados al gobierno, interesados en propiciar la impunidad de aquellos que cometieron delitos de lesa humanidad, entorpeciendo así la labor de la justicia en estos procesos.

Maslucán señaló que se investigará en el Congreso de la República, todos los detalles respecto a la aprobación de dicho dispositivo legal, ahora en trámite para su derogatoria, y espera que los parlamentarios de las diversas bancadas asuman su labor de control político y demuestren su voluntad para que se llegue a la verdad y se sancione a los responsables de este acto inmoral y reprochable.

Helio Ramos
Redacción


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