Gobierno retrocede

Ante la avalancha de críticas al proyecto gubernamental de encarcelar a quienes divulguen audios obtenidos ilegalmente, según las cuales el Ejecutivo pretende amordazar a la prensa, la ministra de Justicia pidió ayer al Congreso modificar o eliminar del texto presentado por el presidente Alan García y el premier Yehude Simon, cualquier elemento que afecte a los medios de comunicación.

Por Diario La Primera | 29 ene 2009 |    
Gobierno retrocede
Ministra Fernández.
Ejecutivo recomienda al Congreso modificar artículos que atenten contra la libertad de prensa de proyecto “mordaza”.

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ES CONSTITUCIONAL 

El decano del Colegio de Abogados Lima, Walter Gutiérrez, expresó ayer su preocupación por el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo y sostuvo que tiene visos de ser inconstitucional, mientras el congresista Daniel Abugattás lo calificó de fascista.

Fernández hizo el planteamiento en un alto del Consejo de Ministros realizado en Palacio de Gobierno, en medio de expresiones de repudio al proyecto de ley que plantea penas de hasta cinco años para quienes reproduzcan información obtenida mediante espionaje telefónico u otros métodos ilegales.

Fernández aseguró que el término “reproducir” que aparece en el referido proyecto tiene un alcance técnico y negó que de modo alguno busque afectar la libertad de prensa.

Según la titular de Justicia, los únicos objetivos del planteamiento son ampliar la base de la conducta delictiva para incluir no sólo a los interceptores telefónicos, sino a los que intercepten otro tipo de comunicaciones que no existían cuando la norma se aprobó.

Momentos después, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) a través de su representante del área legal Roberto Pereyra consideró positiva la propuesta del Ejecutivo para modificar o eliminar partes del proyecto de ley agregando que el término “reproducir” se puede interpretar como una penalización a la difusión de información de interés público obtenida de las interceptaciones.

Pereyra precisó que, de haberse mantenido, el proyecto se habría prestado a interpretaciones confusas que provocarían la penalización de la difusión de información obtenida ilícitamente, a pesar de que el periodista que los difundió no haya intervenido en ese ilícito previo.

Vilma Escalante
Redacción


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