Gobierno rechaza el diálogo y suspende garantías en Echarate

El gobierno central no atendió el pedido de diálogo de la provincia de La Convención, en huelga indefinida desde hace casi una semana demandando “gas para los peruanos”, pero en cambio decidió declarar el estado de emergencia por 60 días en el distrito de Echarate, donde se ubican las instalaciones del Consorcio Camisea.

Por Diario La Primera | 02 ago 2010 |    
Gobierno rechaza el diálogo y suspende garantías en Echarate
Más tropas de asalto en vez de diálogo.
Declara emergencia por 60 días y envía 400 policías a La Convención, contra protesta de defensores del gas. Población está indignada.

Al mismo tiempo, el director nacional de la policía, general Miguel Hidalgo, realizó un amplio recorrido por las distintas instalaciones del Consorcio Camisea que tiene a su cargo la explotación de los pozos y el traslado hacia la costa y, bajo otro nombre, el repudiado negocio de la exportación del gas.

El jefe policial estuvo acompañado por el general Luis Romero Iparraguirre, titular de la X Dirección Territorial de la Policía, que abarca los departamentos de Cusco y Madre de Dios. En el transcurso del día llegó a la zona un contingente de 400 policías para reforzar el resguardo del orden público.

La declaratoria de emergencia fue rechazada por representantes de la población y autoridades de los gobiernos locales, quienes estimaron que el uso de la fuerza pública puede ser contraproducente en momentos en que la población está decidida a mantener la paralización hasta que sus reclamos sean atendidos.

“Queremos diálogo, estamos pidiendo algo justo, de manera pacífica y disciplinada. Responsabilizamos al gobierno de lo que pueda suceder por la presencia de policías y militares”, manifestó el secretario general de la Federación de Campesinos de la Provincia de La Convención, Ricardo Gómez.

El dirigente rechazó que los huelguistas hayan cometido actos vandálicos, como arguye el D.S. Nº 078-2010-PCM, publicado ayer en el diario “El Peruano” y que declara a Echarate en emergencia. En su parte considerativa, la norma señala que en el marco del paro se han reportado hechos vandálicos en el km 117 de la carretera Quillabamba-Kiteny, como “la ruptura de una de las fibras ópticas del Sistema de Monitoreo de la TGP (Transportadora de Gas del Perú)”.

Igualmente, alega que los huelguistas tienen la intención de tomar las instalaciones de la planta de bombeo PS2 a cargo de la Empresa Transportadora de Gas, en el distrito de Echarate.

El dirigente Gómez negó categóricamente que los campesinos de La Convención hayan participado en actos de vandalismo y señaló que lo más probable es que se trate de infiltrados o de personas interesadas en desacreditar la protesta de la provincia.

El alcalde de La Convención, Marcos Chalco, también consideró desacertada la declaratoria de emergencia y la presencia masiva de la policía en la provincia, pues la población se encuentra irritada por la indiferencia del gobierno, ante la cual los organizadores de la paralización acordaron en las últimas horas radicalizar su medida de protesta.

Población desabastecida
La autoridad municipal hizo un dramático llamado a las autoridades del Ejecutivo para que de una vez respondan con el diálogo a las demandas del pueblo de La Convención, pues la población atraviesa una situación sumamente crítica por el desabastecimiento de víveres, combustibles y servicios. Advirtió que este estado de cosas puede conducir al caos social.

Chalco reveló que en su condición de alcalde provincial y presidente de la Mancomunidad de Alcaldes de la provincia dirigió sendas cartas, al presidente Alan García y al presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén, expresándoles su preocupación por la falta de atención a las demandas de La Convención y la urgencia de establecer un diálogo sincero.

Sin embargo, dijo que hasta ayer no había una respuesta firme del gobierno y, por el contrario, personajes vinculados al partido aprista, como el congresista por el Cusco, Luis Wilson, atizaban más la indignación de la gente al afirmar que el paro cívico tiene motivaciones políticas.

Wilson, quien fue declarado persona no grata por la población de Quillabamba, reiteró su posición en diálogo con este diario, señalando que se trata de una paralización forzada, pues la población es obligada a acatarla.

Sin embargo, la protesta es apoyada inclusive por los empresarios, pues la Cámara de Comercio de Quillabamba convocó para mañana a una reunión popular a las 10:00 de la mañana en la plaza de armas de la ciudad, con la finalidad de reforzar las estrategias de lucha a fin de darle más contundencia al paro.

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