Gobierno quiere prolongar a Minaya en jefatura de la FAP

¿Cuál es la magia del general de la Fuerza Aérea del Perú Pedro Minaya para permanecer indemne al tremendo escándalo del aviador espía y para que encima de ello la célula parlamentaria del APRA le prepare una ley con nombre propio para mantenerlo en la comandancia general de la FAP?

| 26 noviembre 2009 12:11 AM | Política | 1.4k Lecturas
Gobierno quiere prolongar a Minaya en jefatura de la FAP
(1) Comandante FAP Pedro Minaya y el espía Víctor Ariza. (2) Carta al comandante FAP consultándole sobre proyecto de ley sobre situación militar.
Célula parlamentaria aprista prepara una ley con nombre propio después del escándalo del espía Víctor Ariza.
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Todavía está muy lejos de aclararse el grado de responsabilidad que tienen los distintos jefes de la Fuerza Aérea en el caso del espía Ariza. La cabeza que rodó inmediatamente fue la del jefe de la Dirección de Inteligencia DIFAP, el general Nicanor Asin, pero el comandante general Pedro Minaya ha hecho como si no fuera con él. ¿Cómo fue que habiendo detectado los movimientos sospechosos del suboficial y habiendo tratado de aislarlo en el 2007, se le reubicó en un puesto estratégico en la base de Pisco (2008) y se le regresó a la Dirección de Inteligencia en el 2009?, ¿cómo es que la Aviación resultó sustituida por la Policía, el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Inteligencia, DINI, en un asunto que debieron resolver oportunamente?

Son preguntas que el general Minaya debería haber respondido y luego renunciar por simple sentido del honor militar. Pero no. El gobierno no sólo no está cuestionando a su comandante general de la Aviación, sino que le ha corrido a consulta su opinión sobre un proyecto de ley de la célula parlamentaria aprista para saber si está de acuerdo en permanecer en su cargo durante el próximo año (le toca salir en diciembre). La carta que transcribimos en forma de facsímile, que proviene de la Comisión de Defensa del Congreso, es reveladora de la escasísima importancia que para el gobierno tiene el caso del espionaje, que debería suscitar una inmediata evaluación de los mandos y medidas urgentes de reorganización. Lamentablemente lo que se está buscando es nada más que la prórroga de los comandantes de confianza.

El proyecto de ley Nº 3667/ 2009-CR, es un documento post crisis de los espías (tiene fecha 16 de noviembre) y su único y exclusivo objeto es ampliar el plazo de ejercicio de la función de presidente del Comando Conjunto y de los comandantes generales del Ejército, la Marina de Guerra y la Aviación militar de dos a tres años, amparados en otra norma igualmente discutible que extiende a 38 años el tiempo de la carrera militar (antes era 35) y que permite que los actuales generales y almirantes sigan en sus grados hasta completar el período, retardando la carrera de los que vienen tras de ellos. Ahora, el nuevo proyecto, retoma un viejo sueño fujimorista de disponer de comandos amigos del gobierno en circunstancias claves como son las elecciones de los próximos dos años.

Pero el proyecto –siendo genérico-, es también una propuesta con nombre propio, ya que el general Contreras del Comando Conjunto; el general Guivovich, comandante del Ejército; y el almirante Navarrete, de la Marina; tienen techo aún para el año 2010, porque recién están cumpliendo un año en el cargo. Sólo Minaya se beneficiaría en forma directa ya que evitaría dejar la comandancia de la Aviación, ante lo cual no le quedaría más que buscar un exilio dorado en alguna embajada para esperar el momento de su pase al retiro. Evidentemente el APRA quiere salvar a este general, porque le es útil, y esa opinión no ha variado nada después de su pésima performance en el caso Ariza.

La policía del régimen
Una de las sorpresas del caso combinado de los petroaudios y el chuponeo, fue que la identificación y captura de Ponce Feijóo y los miembros de su empresa chuponeadora, Business Track, no corrió a cargo de la policía de seguridad del Estado o de los servicios de inteligencia, sino de las Dirección Antidroga (Dinandro) de la Policía Nacional, que actuó en lo que se llamó una operación especial de la mano con el Ministerio Público, con la participación directa de la fiscal de la Nación Gladys Echaíz. Nadie entendió nunca lo que hacían los perseguidores de traficantes de droga en un caso de este tipo, salvo que se pudo descubrir que había una relación de confianza entre el presidente y el general Hidalgo, jefe de ese organismo. Como se sabe, el asunto tomó visos truculentos cuando se atentó contra la fiscal un día cualquiera en que se hacía un peinado. Así que esta superposición de investigaciones no parece exenta de graves riesgos.

El hecho es que a Ariza lo empieza a seguir nuevamente la Dinandro y el Ministerio Público, a partir del segundo trimestre del año 2009, hasta que lo detiene en el mes de octubre. Ahora Hidalgo ya es el director general de la Policía, pero para las operaciones especiales parece que sigue recurriendo a su gente de confianza. El punto es muy interesante, porque se supone que la Aviación había estado tras Ariza anteriormente y no pudo probarle nada. ¿Qué pasó aquí?, ¿Minaya se fue a pedir ayuda al gobierno para encarar este problema?, ¿le montaron una investigación paralela? Todo indica que el caso es tomado por el gobierno, la Fiscalía y la Policía en algún momento del año, y que esto es lo que explica por qué se termina en una denuncia ante un juzgado civil y los mandos militares quedan descolocados.

No hay que perder de vista, además, que el día de ayer el diario Perú 21, hace aparecer a un presunto jefe de la Aviación declarando que el que filtró el caso hacia fuera y produjo la crisis durante el viaje de Alan García es “tan traidor como Ariza”. Si la información fuera cierta, confirmaría que hay serias tensiones militares en torno a este tema.

¿Qué dice el proyecto de ley?
“La formación, entrenamiento y capacitación de los señores oficiales generales y almirantes, así como sus capacidades técnicas, de liderazgo y experiencia, son fruto de una fuerte inversión por parte del Estado peruano, consecuentemente es prioritario que dichos oficiales generales y almirantes, continúen su actividad productiva dentro de sus respectivas instituciones.

“Con la intención de aprovechar dichas capacidades y experiencia, así como ser coherentes con el tiempo de servicio al Estado de los empleados del sector público nacional, sería conveniente ampliar a tres (3) años el ejercicio de la función de jefes del Comando Conjunto y comandante general de la respectiva institución armada”. (Exposición de motivos del Proyecto de Ley 3667/2009-CR).

Raúl Wiener
Unidad de Investigación

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