Gobierno quiere desalojar pueblos enteros en Talara

En la calurosa ciudad de Talara (Piura), a mil 190 kilómetros al norte de Lima, existe una bomba de tiempo. Cerca de diez centros poblados, asentamientos humanos y otros propietarios están a punto de ser desalojados por culpa de un mandato judicial que resuelve una demanda interpuesta por la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) contra decenas de miles de ciudadanos, quienes están dispuestos a reclamar el derecho a sus propiedades con protestas, lo cual puede desencadenarse en un nuevo conflicto social de dimensiones inimaginables.

Por Diario La Primera | 13 set 2008 |    
Gobierno quiere desalojar pueblos enteros en Talara
(1) Ejecutivo no cesa en su plan del “Perro del hortelano” ahora quiere dejarnos sin litoral. (2) Los terrenos codiciados
Advierten que se puede desencadenar un gran conflicto.

Más datos

DETALLE

El terreno al que se refiere se ubica frente al mar y en el cual se pueden construir balnearios. Tiene 440 mil metros cuadrados, y está incluido en el total del área que pertenecía a la Hacienda Lobitos, pero esta fue expropiada para que la empresa estatal Petro Perú utilice sus instalaciones con fines de explotación petrolera.

Ocurre que estos pobladores son posesionaríos de los predios desde hace más de 20 años e incluso ya cuentan con títulos de propiedad, algunos porque cumplieron con el requisito del tiempo mínimo de posesión para ser declarados dueños y otros porque compraron los terrenos a la municipalidad de Los Órganos de Talara, en Piura.

Sin embargo, según los pobladores afectados, actualmente el presidente Alan García y el premier Jorge del Castillo pretenden modificar las reglas del juego y arrebatar sus casas con proyectos de ley enviados al Congreso.

Durante muchos años la gente que no tenía donde vivir se instaló allí, nadie los sacó y obtuvieron derechos de propiedad. Entonces, por qué después de tantos años el gobierno toma interés por estos terrenos, dijeron los afectados.

Según la abogada Elizabeth Heresi, representante de un grupo de propietarios afectados, el presidente García y el premier Del Castillo juegan a favor de intereses extranjeros y quieren disponer de las propiedades para venderlas, a propósito de la próxima cumbre APEC, cuando lleguen cientos de empresarios ansiosos de adquirir propiedades a bajo costo para proyectos hoteleros.

Los terrenos pertenecían a Petroperú, que el 2002 decidió la transferencia de esos 400 mil metros cuadrados a la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) y esta entidad, con su jefe Jorge Villanueva, plantea la nulidad de los títulos de propiedad de los pobladores y exige los desalojos.

“Tengo terreno hace años y ahora quieren quitármelo”
Ricardo Morales, uno de los afectados con la pretensión de expropiar el terreno, explicó a LA PRIMERA su situación de la siguiente manera: “por años vengo ocupando mi terreno de Talara, tengo mi título de propiedad, he invertido dinero allí y ahora el gobierno quiere quitarme lo que construÑ Además, con unos proyectos de ley forzarán la expropiación de cientos de metros de terrenos de playa para ponerlos en venta. Es como lo que quieren con los terrenos de las comunidades nativas, pero en la costa”.

Los intentos por desalojar a la gente de sus casas se radicalizaron con la participación de la Oficina Nacional Anticorrupción (ONA) y la jefa de esta entidad, Carolina Lizárraga, quien denunció que la adjudicación de parte de las instalaciones de la ex Hacienda Lobitos fue irregular y que incluso había habido un patrón de corrupción en estos trámites. Pero Lizárraga ni siquiera consultó o pidió la versión de quienes argumentan ser los legítimos dueños, con título de propiedad en mano.

Los afectados han remitido documentación a la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, con la esperanza de que ella medie en su problema.


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