García en silencio por vínculos apristas en el caso Oropeza

Jaime Antezana, especialista en temas de narcotráfico, analiza el caso Gerald Oropeza que inunda los titulares de los diarios y al que le da el valor agregado que otros medios dejan pasar: sus vinculaciones con el Partido Aprista, tema sobre el cual el líder Alan García está en silencio.

Antezana va más allá y dice que es muy probable que García no salga elegido en el 2016. “Creo que después de saber cómo se dieron los indultos, García ya no tiene posibilidades reales de lograr la tercera elección”, afirma.

| 16 setiembre 2015 12:09 PM | Política | 1.3k Lecturas
García en silencio por vínculos apristas en el caso Oropeza
García en silencio por vínculos apristas en el caso Oropeza
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—¿Por qué cree usted que el expresidente Alan García mantiene siempre un silencio evidente en el caso de Gerald Oropeza?

—El silencio de Alan García sobre el caso Gerald Oropeza obedece a tres factores. Primero, porque el ataque con granadas y metralleta al Porsche de Gerald Oropeza tenía (esta es la hipótesis más probable) visos evidentes de ser una venganza de otro clan que estaría vinculado al narcotráfico y que se disputaban el control de los envíos de cocaína a Europa. Segundo, porque la Procuraduría Antidrogas le abrió a Oropeza una investigación por supuestos vínculos con el narcotráfico por dos razones: los autos lujosos (Porsche, Audi, etc.) a raíz de la revelación de un audio encontrado en uno de los celulares en el que un italiano llamado Zazá le dice a Oropeza “Tony Montana, grande uomo” (gran hombre), “grande capo” y los vínculos de la familia Oropeza con Facundo Chinguel, quien presidió la Comisión de Gracias Presidenciales.

La Primera

—Le falta el tercer factor…

—Según reveló un programa de televisión, Gerald, su hermana y su madre eran militantes inscritos del Partido Aprista. Asimismo, el padre de Gerald, Américo Oropeza, también había sido militante aprista hasta el día que fue asesinado. Esta es la razón principal, teniendo como marco los dos factores aludidos, del silencio evidente de Alan García. Tiene miedo.

La Primera

—Pero él sí habló sobre él…

—Sí, se pronunció públicamente, el domingo 12 de abril, tras haberse informado que Gerald y su familia eran militantes apristas, señalando lo siguiente: “Militante no sé, inscrito sí…” Y, como corolario de su intervención, dijo en tono enérgico: “Le pido al Apra fuera ese o fuera esos y todos”. Es decir, pidió la expulsión del APRA de Gerald Oropeza, su madre y hermana. Después de esa intervención entró en un silencio sobre el tema. Es más, no se dejó ver públicamente cerca de un mes: el tiempo que duró el “efecto Oropeza” para el APRA. Posteriormente, nos enteraríamos que ningún miembro del clan Oropeza fue expulsado inmediatamente como pidió públicamente Alan García.

La Primera

—¿Por qué Alan García salió pidiendo “fuera ese” por Gerald o “fuera todos”?

—Es posible que el razonamiento de García, al pedir la expulsión del clan Oropeza, haya sido, más allá de los vínculos con Facundo Chinguel, desmarcar al APRA y a él mismo de una familia que militaba en el APRA. Si creyó que el problema era retirar la militancia de la familia Oropeza y sus relaciones con Chinguel, se equivocó.

—Javier Velásquez dijo Chinguel es un militante marginal de su partido, ¿es así?

—Bueno, a partir de las relaciones de Facundo Chinguel se revelaron vínculos de importantes miembros de este partido. En efecto, no solo que Chinguel fue abogado de la familia Oropeza y que compró acciones de tres empresas; Luis Nava, secretario personal de Alan García, usó de la oficina de Facundo Chinguel, cuyos arbitrios los pagaba Gerald Oropeza; la presencia de Luis Nava, pese a que dijo que no conocía a los Oropeza en una reunión política organizada por el padre de Gerald; los jugosos contratos de organismos públicos con las empresas del clan Oropeza, particularmente con el Ministerio Público en el periodo que fue secretario general Fernando Lazo, ascendente a 266 millones de soles, etc.

—¿Hay otra razón que explica el silencio de Alan García sobre el caso Oropeza?

—Sin duda alguna, está el tema de los narcoindultos, que estaba por ingresar a la etapa del juicio oral. Proceso oral que, pese a que él no está procesado, ha revelado que la Comisión de Gracias Presidenciales presidido por Facundo Chinguel, entre otras cosas, negoció y cobró por cada indulto y conmutación de los más de 3,200 beneficiarios que estaban sentenciados por narcotráfico. Esta es la principal preocupación de Alan García.

—¿Por qué?

—Porque, independiente de la licitud de los indultos y conmutaciones y que buscó presentarlo como una acción humanitaria con la iluminación de Dios, lo muestra como un gobernante que benefició principalmente a los narcotraficantes. Digamos, como un gobernante pro-narco. Un gobernante que no luchó contra el narcotráfico.

—Mulder, Del Castillo, Velásquez y García mismo dicen que los llamados narcoindultos fueron totalmente legales. ¿Qué opina?

—Podemos decir que es el principal responsable, era quien firmaba los indultos y conmutaciones. Además, nadie va a creer que si hubo cobros por conmutaciones o indultos, según un testigo llegaron a pagar 100 mil dólares por un indulto y se aprobaban en 56 segundos, fue para Facundo Chinguel y los miembros que trabajaron para él. Entonces, a la imagen de un García beneficiando a los narcotraficantes se suma la sospecha legítima que él fue el principal beneficiario de indultos y conmutaciones. Nadie cree que fue una acción puramente humanitaria.

—¿Podemos decir que es el tema que lo afecta más?

—Los narcoindultos afecta directamente su aspiración: ser presidente por tercera vez. Es más, creo que después de saber cómo se dieron los indultos, García ya no tiene posibilidades reales de lograr la tercera elección. Y, el ensamblaje de ambos dos casos, narcoindultos y Gerald Oropeza, que lo presenta como un presidente que benefició al narcotráfico más los presuntos vínculos de connotados militantes apristas cercanos a García con un clan posiblemente dedicado al tráfico de drogas y el lavado de activos, ha sellado su suerte: no logrará la tercera elección.

EN EL CONGRESO

—La legisladora Rosa Mavila, presidenta del grupo congresal que investiga la relación del narcotráfico con la política, dijo que Gerald Oropeza había comprado un kit electoral. ¿Qué oponía sobre esto?

—Así es: sin dejar de ser militante aprista, Gerald Oropeza compró un kit electoral. Eso sí, no recolectaron firmas. Es posible que Oropeza, como lo hacen muchos, aspirara tener un movimiento político propio.

—¿Qué intenciones podrían haber impulsado a Gerald a comprar un kit electoral?

—Manejar una doble estrategia que no entra en contraposición: mientras su mamá volvía, cosa que ahora es imposible, a postular al Congreso por el APRA; por su parte, sin renunciar al APRA, posiblemente recolectar firmas e inscribir un partido que sea una plataforma electoral propia o hacer alianza con el APRA. Así como en el 2011, el APRA habló de un Frente Social de apoyo a la candidatura de García, esta vez el partido de Gerald, seguramente con operadores políticos, podría haber sido un aliado para la campaña.

—¿Cómo han avanzado sus investigaciones en el sentido de que varios congresistas estarían vinculados con el narcotráfico?

—A fines del mes de agosto del 2013, denuncié a siete congresistas por presuntos vínculos con el lavado de activos o el tráfico ilícito de drogas, con elementos indiciarios producto, en gran medida, de mis investigaciones. Estos siete congresistas (Josué Gutiérrez, Norman Lewis, Teófilo Gamarra, Elías Rodríguez, etc.) eran parte de catorce congresistas con presuntos vínculos con el narcotráfico o el lavado de activos. Obviamente, ahora tengo mayor información de los que denuncié y otros congresistas.

—¿Qué paso con esa denuncia?

—Más allá de que algunos de los congresistas hayan sido citados por la Comisión de Narcopolítica, presidida por la congresista Rosa Mavila, la mayoría de los denunciados, con excepción de María Luisa López, que estaba siendo investigada por enriquecimiento ilícito, no son investigados por el Ministerio Público. Este organismo, encargado de perseguir el delito, no hizo absolutamente nada. Más bien, fui querellado por la bancada de Fuerza Popular, querella que fue rechazada por el Décimo Juzgado Penal de Lima, y seis querellas más por difamación agravada. Hasta el momento, cuatro han sido archivadas.

—¿De qué manera colaboró con la comisión presidida por Mavila?

—Mi participación tuvo dos partes: por un lado, una exposición sobre “La narcopolítica en el Perú. Aproximación histórica y Actual” y, de otro, volví a señalar los casos de los siete congresistas y los elementos indiciarios por los que los denuncié, así, también, mencioné nombres de cinco gobernadores regionales que tendrían vínculos con el narcotráfico y el lavado.

EL PROBLEMA MAYOR

—¿Cuál es el principal problema de la sociedad peruana, el narcotráfico o la inseguridad ciudadana?

—El terrorismo senderista, tras la captura de Abimael Guzmán, el 12 de setiembre de 1992, dejó de ser un problema de seguridad interna del Perú. Si bien no ha desaparecido la presencia de Sendero, no se han recuperado de la derrota que sufrieron y desde el 2011 esta organización, a través de organismos de fachada como el Movadef y ahora el FUDEP, está pugnando por participar en los procesos electorales.

—¿Cuál es el principal problema?

—A ver, hablemos del narcotráfico, si bien hay que reconocer que tuvo su ascenso en las décadas de los 60 y 70 y de “boom” entre los 80 y 90, actualmente se ha convertido en el principal problema de seguridad nacional. A diferencia de la delincuencia común, que busca robar y extorsionar sin importar si para eso hay que asesinar, el narcotráfico no solo genera violencia sino que corrompe las instituciones del Estado (policías, fiscales y jueces principalmente) y busca penetrarlas.

—Y lo logra.

—El proceso de penetración ya no se limita a estar cerca y tener alianzas con los gobernantes de turno a través del financiamiento de sus campañas electorales o financiar las campañas de congresistas que sean sus operadores en ese poder del Estado. Ahora, son los mismos narcotraficantes, que se presentan como empresarios exitosos, los que quieren ser alcaldes, gobernadores regionales y congresistas. A ese proceso de copamiento se llama la narcopolítica.

—Y el peligro principal.

—El narcotráfico es un enemigo principal y superior a la delincuencia. Más aun, después del notable incremento de los ajustes de cuentas por sicarios del narcotráfico en Lima y otras ciudades importantes, ya no se puede lograr seguridad ciudadana luchando solo con la delincuencia común y organizada sin enfrentar al narcotráfico. Eso, hoy en día, es imposible. Es más, la violencia de las bandas delincuenciales criminales ha crecido, esto hay que entenderlo bien, sobre el magma de la mayor presencia del narcotráfico.

CONTRA EL NARCOTRÁFICO

Últimos gobiernos no han tenido estrategia integral

—¿Es posible acabar con el narcotráfico en el mediano plazo?

—No. El narcotráfico, pese a las cifras de reducción de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, sus siglas en inglés) y a las cifras de erradicación del gobierno, está desbordando. Pese a los programas de desarrollo alternativo y las cifras de erradicación infladas del gobierno (el año pasado, no se ha erradicado 31.200 hectáreas sino a lo sumo 18 mil hectáreas), hay más coca y se ha extendido a nuevas zonas de frontera y, por la tanto, hay mayor producción de cocaína: según mis cálculos estamos produciendo unas 535 toneladas.

Y, lo más grave, ninguno de los gobiernos post el fujimorato ha tenido una estrategia integral y nacional de lucha contra el narcotráfico. Y no veo a ninguno de los principales candidatos (Keiko Fujimori, PPK, Alan García y Alejandro Toledo) luchando contra el narcotráfico. ¿Por qué? Muy sencillo: el narcotráfico ha infiltrado y penetrado –en el caso de PPK, lo está penetrando- en esas organizaciones políticas.

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A partir de las relaciones de Facundo Chinguel se revelaron vínculos de importantes miembros de este partido. En efecto, no solo que Chinguel fue abogado de la familia Oropeza y que compró acciones de tres empresas; Luis Nava, secretario personal de Alan García, usó de la oficina de Facundo Chinguel, cuyos arbitrios los pagaba Gerald Oropeza; la presencia de Luis Nava, pese a que dijo que no conocía a los Oropeza en una reunión política organizado por el padre de Gerald; los jugosos contratos entre organismos públicos con las empresas del clan Oropeza, particularmente con el Ministerio Público en el periodo que fue secretario general Fernando Lazo, ascendente a 266 millones de soles, etc.

PACO MORENO

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