García pretende impedir control de plan anticrisis

Lejos de dar una muestra de rectificación en el manejo de los asuntos relacionados con el uso de los dineros públicos, el Ejecutivo quiere ahora “blindar” a los funcionarios que participan en los proyectos de inversión vinculados con el millonario plan económico anticrisis, a quienes pone a salvaguarda de las acciones de control que realiza el órgano pertinente mientras cumplen sus funciones, e inclusive con posterioridad a las mismas.

Por Diario La Primera | 15 feb 2009 |    
García pretende impedir control de plan anticrisis
Funcionarios manejarán más de 13 mil millones de dólares y García no quiere que Contraloría intervenga.
El presidente García quiere que órganos de control no fiscalicen a funcionarios mientras manejen millones.

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DEBATE EN EL CONGRESO

El proyecto de Ley Nº 3003/2008-PE fue derivado el 2 de febrero pasado a la Comisión de Descentralización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, para su estudio y dictamen y dada la urgencia del pedido es de esperarse que la mayoría aprista vea su tratamiento en el más breve plazo. 

Esto significa que la Contraloría poco o nada podrá hacer para fiscalizar el uso de un presupuesto que supera los 13 mil millones de dólares, que es el monto señalado por el gobierno para realizar una serie de gastos e inversiones que permitan proteger a la economía peruana frente a los peligros de la crisis financiera internacional.

Por un oficio remitido el 30 de enero último, el presidente García y el Yehude Simon solicitaron al presidente del Congreso, Javier Velásquez, dar trámite urgente al proyecto de Ley Nº 3003/2008-PE.

Este proyecto se suma a muchos otros remitidos al Congreso, en uso de prerrogativas presidenciales, para complementar la aplicación de los Decretos de Urgencia Nº 047-200 y Nº 010-2009, que declaran de necesidad nacional y ejecución prioritaria diversos proyectos de inversión pública en el contexto de la crisis financiera.

La finalidad del presente dispositivo señala textualmente que “aprueba medidas complementarias para optimizar el desempeño de funcionarios vinculados” con la estrategia anticrisis.

El legislador José Urquizo dice que este proyecto no es más que un blindaje que el gobierno asegura a los funcionarios que se harán cargo del programa, que contempla la ejecución prioritaria de alrededor de 60 grandes obras de infraestructura y que tendrá al órgano de control con las manos atadas para ejercer su función.

Tal como lo señala en su 2º artículo este proyecto, en el ejercicio de la acción que realiza el Sistema Nacional de Control a los funcionarios involucrados en la ejecución de los proyectos “sin perjuicio de cumplir el rol que les asigna la ley, dichos órganos deberán observar en todo momento el respeto a la presunción de licitud en la actuación de los funcionarios y servidores públicos, y particularmente, conforme a la normatividad de auditoría gubernamental vigente, no podrán cuestionar las decisiones adoptadas (…por los funcionarios aludidos), en razón de tener una opinión distinta sobre la naturaleza o el sentido de tales decisiones, o por las circunstancias en que debieron ser adoptadas, ni tampoco podrá sustituirse el juicio profesional que aquellos han emitido”.

Además, este proyecto precisa que las entidades relacionadas con la ejecución de los proyectos de inversión pública a que se refieren los Decretos de Urgencia Nº 047-200 y Nº 010-2009, deberán proporcionar la asesoría y defensa legal necesaria a dichos funcionarios cuando éstos sean denunciados, demandados, acusados constitucionalmente o citados en calidad de testigos.

“Esta obligación incluye a los servidores o funcionarios que hayan cesado o que cesen con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley”.


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