García justifica ahora persecución a líderes

El presidente Alan García quiso negar ayer que su gobierno haya iniciado una persecución política contra dirigentes populares y de izquierda, y luego dijo que quienes se consideran “perseguidos políticos tienen la conciencia sucia por vincularse con personas ligadas al terrorismo y cuyos nombres han sido hallados en una computadora incautada a un ex miembro de las FARC colombianas”, dando por verdadera la imputación que supuestamente investiga el Ministerio Público.

| 28 diciembre 2008 12:12 AM | Política |1.9k Lecturas
García justifica ahora persecución a líderes
(1) Mandatario sostiene que “quienes se consideran perseguidos tienen la conciencia sucia”. (2) Sale para empeorar las cosas.
El presidente García dice que gobierno no persigue a líderes de izquierda y que Fiscalía y policía son independientes en realizar investigación.
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El jefe de Estado justificó que la Policía Nacional y la Fiscalía realicen indagaciones secretas, violando el derecho ciudadano del debido proceso, y las calificó de “independientes”, sin dar mayores explicaciones a la opinión pública a este respecto.

El 20 de noviembre, LA PRIMERA denunció la intención del gobierno de hacer durante la cumbre APEC una redada para detener a 13 dirigentes sociales y de izquierda, además del líder nacionalista Ollanta Humala, acusándolos de pertenecer a una red internacional de terrorismo enlazadas con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El pasado fin de semana, el Segundo Juzgado Supranacional dictó orden de captura contra Alberto Moreno, presidente del Movimiento Nueva Izquierda; Renán Raffo; ex secretario general del Partido Comunista Peruano; Olmedo Auris, vicepresidente de la Confederación General de Trabajadores del Perú.

Están en la misma situación Carlos Benavides Caldas, Jorge Jaime Cárdenas, Julio Céspedes Olórtegui, Yen Campos Cuadrao, Luis Marquina Hernández, Luis Benites Jara, Eder Gerardo Cava, Jacinto Cunia García, Rogger Taboada Rodríguez y Felícita Cueva Capa.

En el caso de Ollanta, la fiscal Fanny Escajadillo habría pedido a la Dirección Contra el Terrorismo de la Policía Nacional (Dircote) ahondar sus investigaciones y por ello el Juez Omar Pimentel no ordenó su captura.

La Dircote sustenta sus acusaciones en el supuesto hallazgo de los nombres de estas personas en la computadora de Raúl Reyes, dirigente FARC abatido por el Ejército colombiano durante una ilegal incursión en territorio ecuatoriano, hecho que causó una grave crisis internacional entre ambos países que aún no concluye.

Asimismo, las relaciona con el parlamentario venezolano Amilkar Figueroa, político que ha ingresado legalmente a nuestro país para sendas reuniones y actividades diplomáticas.

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