García dictó norma a su conveniencia

Reiteran que además del grupo Colina, Decreto Legislativo 1097 también favorece a Fujimori. TC tardaría tres meses en pronunciarse sobre demanda presentada por nacionalismo. Familiares de las víctimas preocupados y piden a jueces y fiscales inaplicación de cuestionado dispositivo.

Por Diario La Primera | 10 set 2010 |    
García dictó norma a su conveniencia
Decretos favorecen la impunidad.

Pese a que los ministros de Justicia, Víctor García Toma, de Defensa, Rafael Rey, y el mismo presidente de la República, Alan García, han alegado que el Decreto Legislativo 1097 no alcanza a violadores de los derechos humanos, para el abogado Carlos Rivera la cuestionada norma beneficia directamente al propio jefe de Estado en el caso de la matanza de El Frontón. “Allí hay un hecho ilegal”, señaló.

El letrado explicó que hace algunas semanas el Ministerio Público solicitó que los autores intelectuales en lesa humanidad sean incorporados en los juicios en condición de procesados. “En el caso de Alan García, las investigaciones del Ministerio Público y en el juicio, establecen que el autor intelectual y quien dio la orden (en la matanza de El Frontón) es el presidente y la respuesta ha sido dictar una norma que lo beneficia personalmente”, anotó.

Rivera reiteró, además, que el decreto beneficia al ex presidente Alberto Fujimori y a los involucrados en casos de violaciones de los derechos humanos como al grupo Colina, el comando Rodrigo Franco, así como a militares y policías que en los años 80 y 90 cometieron violaciones a los derechos humanos.

“Hay que leer completa la norma pues la segunda disposición transitoria dice textualmente que las disposiciones procesales previstas en el decreto legislativo son a los procesos señalados en el artículo segundo; caso de violaciones de derechos humanos, tanto en el Ministerio Público y en cualquier órgano jurisdiccional”, indicó.

Según Rivera eso demuestra que se trata de una ley de amnistía, pues en una norma dice que el plazo de instrucción y en la disposición complementaria “un poco caleta” dice que se aplica a todas las instancias y estados de proceso (la instrucción y el juicio oral) e incluso en los casos que están en investigación en el Ministerio Público y se cierre la investigación antes que el caso sea denunciado.

“Este decreto debe ser derogado y dejar que el sistema de justicia actúe de manera imparcial, que se haga justicia y no que el poder político meta la mano de manera abusiva para que luego cierre los procesos judiciales que terminan generando burlas frente a las víctimas que esperan que los casos sean esclarecidos”, declaró.

Familiares indignados
Al respecto, ayer familiares de las víctimas de los casos Cantuta, Barrios Altos, Santa, Pedro Yauri, Frontón, Mariela Barreto, Putis, Cantoral-García, Castillo Páez, entre otros, representantes de organizaciones de afectados por la violencia política, expresaron su indignación por la promulgación del decreto 1097, el cual declara la prescriptibilidad en violaciones a los derechos humanos.

Gisela Ortiz, representante de los deudos de los estudiantes de La Cantuta, refirió que con estas “nuevas leyes de impunidad se intenta garantizar la amnistía, el olvido y el perdón en nombre del Estado para quienes acabaron con la vida de sus familiares”.

Tras anunciar que hoy por la tarde y el próximo martes harán un plantón en el Palacio de Justicia, Ortiz sostuvo que el miércoles 15 estarán en la audiencia del caso Barrios Altos, donde la sala presidida por Inés Villa Bonilla que lleva el caso se pronunciará al respecto. “Esa será la primera demostración sobre si los jueces están para defender a los criminales o a las víctimas”, señaló Ortiz.

En el TC
Luego de una conferencia de prensa, los familiares de las víctimas de derechos humanos acudieron al Tribunal Constitucional donde la bancada nacionalista presentó la demanda de inconstitucionalidad del decreto 1097.

En diálogo con LA PRIMERA, el presidente del TC, Carlos Mesía, sostuvo que el Tribunal actuará con celeridad e independencia de manera que se garantice que no haya impunidad contra las víctimas de violaciones a los derechos humanos pero también para que haya equilibrio en los procesos a los militares involucrados.

Mesía estimó que en tres meses, el máximo intérprete de la Constitución se pronunciará sobre inconstitucionalidad de DL 1097. “Son 30 días para que el Ejecutivo responda la demanda, otros 30 días para llamar a la vista de la causa y 30 días para resolver”, precisó.

Dijo también que ha pedido apoyo a la Defensoría del Pueblo para que actúe como “amigo jurídico”, porque este caso está “embarrado de politicidad” .

Lo grave del asunto, es que en este periodo varios de los casos de violación de los derechos humanos podrían acogerse a lo establecido por el cuestionado decreto y quedar impunes.

Hay que recordar que aprovechando la coyuntura, el pasado viernes 3, el ex jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINTE), general (r) Juan Rivero Lazo, solicitó el archivamiento de su proceso judicial por la matanza de Barrios Altos. El último lunes, hicieron lo mismo los agentes del grupo Colina y el propio Vladimiro Montesinos.

Hace dos días hizo lo mismo Agustín Mantilla y hoy lo harán los marinos acusados por el caso El Frontón. Ante ello, el clamor de los familiares es uno solo; que jueces y fiscales declaren su inaplicabilidad.

Relator ONU ve un clima de impunidad
El relator de las Naciones Unidas para la protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, Martín Scheinin, dijo ayer que observa un clima de impunidad respecto de crímenes de lesa humanidad que favorece a ex funcionarios y que el actual gobierno parece estar fortaleciendo con el DL 1097. “Mi percepción de un clima de impunidad, que ya existe, se ha reforzado mediante el nuevo Decreto Legislativo 1097 que parecería someter a prescripción los procesos penales contra perpetradores de delitos de lesa humanidad cometidos en Perú antes del 9 de noviembre de 2003”, dijo Scheinin en conferencia de prensa.

Indicó que el mencionado decreto “dará pie a violaciones del derecho internacional”, y añadió: “Hay una división muy clara acerca de si se debe seguir adelante con los enjuiciamientos o si sería mejor poner debajo de la alfombra (estos procesos), lo que sería equivalente a la impunidad”.

Helio Ramos
Redacción

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