García y Del Castillo planean gran despojo

El presidente Alan García continúa con su política de expropiación de tierras de los peruanos. Luego de poner prácticamente en venta la selva peruana a través de decretos legislativos, ahora el mandatario y el premier Jorge del Castillo han presentado dos proyectos de ley para expropiar grandes extensiones de playa, ocupadas por cooperativas de vivienda, empresarios y otros propietarios establecidos en terrenos estatales que les fueron legalmente adjudicados, para ofrecerlas en remate.

Por Diario La Primera | 14 set 2008 |    
García y Del Castillo planean gran despojo
(1) García y Del Castillo presentan sus proyectos al Congreso. (2) Sonriente, García seguramente espera aprobación de decretos.
Presidente y premier presentan proyectos de ley que, de aprobarse, perjudicarán a decenas de familias del litoral peruano.

Más datos

DETALLE

Empiezan
Estas iniciativas surgen de un supuesto estudio realizado por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, entidad que en la ciudad de Talara (Piura) ya ha iniciado el proceso de desalojo de decenas de miles de pobladores desconociendo sus títulos de propiedad. En Talara están a punto de quitarle los terrenos a las localidades de Vichayito sur, norte y centro; el Ñuro, Nuevo Lobitos, Cablo Blanco y el caserío Tres Cruces. 

Conflicto y ambigüedad
Decenas de miles de ciudadanos que serían afectados con la venta o concesión de terrenos de playas, están dispuestos a reclamar el derecho a sus propiedades con protestas. El gobierno alega que quiere declarar las playas como bien público, pero reconoce implícitamente que serán vendidas para construir complejos hoteleros.

El primero de esos Proyectos de Ley es el Nº 2412/2007-PE, fechado el 19 de mayo de 2008, tiene el carácter de urgencia y busca que el Estado tome posesión de esas áreas, que no sean de utilidad de terceros; y duplica el plazo de posesión, de 10 a 20 años, para la prescripción adquisitiva de terrenos de propiedad estatal.

De aprobarse esta iniciativa de las altas esferas del Ejecutivo, el gobierno puede desalojar a miles de pobladores que han construido sus casas cerca de las playas y que por el tiempo que llevan allí han adquirido derechos y hasta poseen títulos de propiedad. Sin embargo, sin respetar la propiedad privada, el gobierno desalojaría por la fuerza miles de caseríos, asentamientos humanos y caletas de pescadores que construyen sus casas frente al mar para salir todas las madrugadas a recoger el sustento diario, para sus hijos, para su familia entera.

Como en las negras historias que atribuyen excesos a los regímenes socialistas, se verían afectadas, con algunas excepciones, quienes posean casas de playa, hoteles, complejos turísticos, entre otros.

Pobladores de la ciudad de Talara, en Piura, quienes también se verían afectados por vivir frente al mar, por haber tenido la suerte (o mala suerte) de construir sus casas advirtieron a LA PRIMERA que, con esta iniciativa legislativa, las propiedades podrían ser vendidas en precios subvaluados a inversionistas extranjeros, de manera similar a lo que quiere hacer el gobierno con los terrenos de las comunidades nativas de la selva. Los especialistas señalan que estos terrenos pueden ser adquiridos por grandes empresas.



El otro proyecto

El segundo Proyecto de Ley es el Nº 2461/2007-PE, fechado el 30 de mayo de 2008, que modifica la ley de playas y pretende declarar todas las playas del litoral como bienes de uso público, para que vuelvan a ser propiedad del Estado y además ampliar la franja de dominio restringido, que deberá ser ahora de 450 metros y estar ubicada a continuación de la franja de 50 metros de ancho paralela a la línea de alta marea, lo que implica retirar a la gente que se ubica en el área descrita, con algunas excepciones.

“Las modificaciones planteadas permitirán conservar grandes extensiones de terreno adyacentes a las playas a lo largo del litoral, con el objetivo que se desarrolle en ellos proyectos de inversión en infraestructura para el desarrollo del turismo…”, detalla el Proyecto de Ley que puede esconder la intención de vender las playas prácticamente al peso a inversionistas transnacionales.

“…el objetivo no se obtendrá si mantenemos la actual estructura normativa que permite mediante procesos de prescripción adquisitiva obtener la propiedad de terrenos adyacentes a las playas y menguan la posibilidad de disfrutar de inversiones que promuevan bienestar”, argumenta el texto firmado por el presidente Alan García y el premier Jorge del Castillo,


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