García y Chang acusados

La Megacomisión que investiga las irregularidades del último gobierno aprista recomendó denunciar constitucionalmente al exmandatario Alan García, por supuesta infracción a la Carta Magna al momento de crear el cuestionado Decreto de Urgencia 004-2009, para la remodelación de colegios emblemáticos

Por Diario La Primera | 07 jul 2012 |    
García y Chang acusados
Megacomisión presentó oficialmente informe acusatorio contra García y sus colaboradores.
MEGACOMISIÓN: DENUNCIA CONSTITUCIONAL

La denuncia también incluye al exjefe de gabinete Yehude Simon, y los exministros de Educación, José Antonio Chang, y de Energía y Minas, Pedro Sánchez. Según el informe del grupo de trabajo, García y sus ministros vulneraron el inciso 19 del artículo 118 de la Constitución, referido al dictado de medidas extraordinarias en materia económica y financiera.

Dicho documento fue firmado por los siete integrantes del grupo de trabajo; aunque los parlamentarios fujimoristas Pedro Spadaro y Carlos Tubino; junto a su colega de Alianza por el Gran Cambio, Enrique Wong, suscribieron el informe “con reservas” y negaron que haya alguna alianza con el Partido Aprista para proteger a García.

Wong volvió a reiterar su defensa al polémico decreto, al decir que había una situación de crisis económica internacional, versión que curiosamente fue respaldada después por el parlamentario aprista Mauricio Mulder, quien no esperó que Tejada termine de declarar a la prensa luego de la presentación del informe, irrumpiendo en el sector de conferencias de prensa del Hall de los Pasos Perdidos

IRREGULARIDADES EN DECRETO
El presidente de la Megacomisión, Sergio Tejada, aclaró que “lo que hemos encontrado es una infracción constitucional al momento de impulsar el decreto, porque no hemos encontrado su sustento técnico legal y hemos hallado que se justificaba en un diagóstico de colegios inexistente y que se pidió elaborar de manera posterior”.

Explicó que todo esto “es un procedimiento irregular” y que por ello “es una infracción inconstitucional y se tiene que formular denuncia a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales”.

Agregó que “hemos omitido la evaluación sobre la constitucionalidad de este decreto, porque no la realizaron ni el Tribunal Constitucional ni el Congreso en su momento; estamos pidiendo la derogatoria para evitar que se sigan cometiendo algunas irregularidades”, tema que está entre las recomendaciones. Tejada dijo esto en respuesta a lo manifestado por Mulder, quien previamente pretendió sorprender a la prensa y a la opinión pública al decir que como el decreto 004-2009 no había sido hallado inconstitucional, la acusación contra García “es una cantinflada” de la Megacomisión.

PERITAJE A COLEGIOS
Mulder afirmó también que la Megacomisión utilizó un solo peritaje a uno de los 52 colegios remodelados investigados por el grupo de trabajo, como muestra para decir que había sobrevaloración de costos en todos los centros educativos.

En respuesta, Tejada dijo que esto “es absolutamente falso” y retó a Mulder que diga “en qué parte del informe dice eso”. “Eso es simplemente una muestra, el conjunto de irregularidades tratan sobre aspectos de contratación de obras”, agregó.



INVESTIGAR VíNCULOS

El informe de la Megacomisión sobre los colegios emblemáticos también recomienda la profundización y ampliación de las investigaciones sobre la presunta vinculación de García con representantes de empresas que contrataron con el Estado durante su régimen.

La recomendación pone como evidencia el registro de visitas de los empresarios a Palacio de Gobierno entre 2006 y 2011, periodo en el que gobernó el líder aprista.

Ante esto, Mulder señaló que la Megacomisión buscaba la inhabilitación de García para impedir una probable nueva postulación de este a la Presidencia de la República el año 2016, y dijo que había saltado procedimientos al entregar el informe al Ministerio Público.

Sin embargo, Tejada señaló que “cualquier ciudadano puede presentar una denuncia ante el Ministerio Público; nosotros a partir de este informe, podemos remitirle todo lo actuado”. Añadió que en el caso de los funcionarios que no tienen derecho al antejuicio político, “el informe va de frente a la Fiscalía”.

Sobre quienes tienen derecho al antejuicio como es el caso de García, “se formula una denuncia ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales”, que debe debatir si procede o no, y dependiendo de esto es visto luego por la Comisión Permanente y después por el Pleno, que deberá determinar si inhabilita al expresidente para ejercer cargos públicos o algún otro tipo de sanción.



ACUSACIÓN A CHANG

La Megacomisión también recomendó denunciar constitucionalmente a José Antonio Chang por el supuesto delito de aprovechamiento indebido del cargo, por haber beneficiado a la Universidad San Martín, centro del que era rector con goce de haber, por medio de contratos con los ministerios de los que fue titular.

Al respecto, Chang dijo a RPP que el informe de la Megacomisión “sufre de muchas inconsistencias y de dudosa capacidad técnica”. Agregó que el polémico decreto de urgencia 004-2009 cumple con los requisitos y que el Colegio de Abogados y el constitucionalista Enrique Bernales se pronunciaron a favor.

MÁS RECOMENDACIONES
Los otros denunciados
Además de Alan García, Chang, Simon y Sánchez, otro denunciado constitucionalmente es el exministro de Educación, Víctor Raúl Díaz Chávez, por supuesto delito de colusión y omisión de actos funcionales.

El informe también solicita al Ministerio Público que interponga denuncia penal contra el funcionario por los mismos hechos durante su desempeño como viceministro de esta cartera.

Además, la Megacomisión solicitó al Ministerio Público que denuncie penalmente al Consorcio DH Mont C&G – JLVITTERI Ingenieros, junto a otras empresas beneficiadas con los contratos para la ejecución y supervisión de los colegios emblemáticos.

También remitió todo lo actuado por el grupo de trabajo al Ministerio Público, el Ministerio de Educación y la Contraloría General de la República, para que estas instituciones determinen a los responsables, así como las sanciones penales y administrativas correspondientes.


Víctor Liza Jaramillo
Redacción

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