Funcionarios corruptos irán 25 años a la cárcel

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Carlos Mesía, planteó el incremento a 25 años las condenas de cárcel para los delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos con el fin de ampliar el plazo de prescripción.

| 10 octubre 2011 12:10 AM | Política | 4k Lecturas
Funcionarios corruptos irán 25 años a la cárcel
Presidente del TC dice que con su propuesta solo se necesitaría modificar el Código Penal.
Plantea presidente del Tribunal Constitucional para permitir que se amplíe el plazo de prescripción para delitos de corrupción.

Más datos

Según datos de la Contraloría General de la República de lograrse reducir a la mitad el nivel de corrupción en el país, el Estado podría contar con unos 4,000 o 5,000 millones de nuevos soles más de presupuesto para destinarlo a los programas sociales, educación, salud o carreteras.
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Explicó que las penas para la mayoría de los delitos de corrupción no llegan ni a los 10 años, razón por la cual los plazos de prescripción de los delitos son cortos. “Lo que necesitamos es elevar las penas de delitos de peculado, concusión, asociación ilícita para delinquir, todos esos delitos vinculados a la corrupción”, precisó.

Mesía precisó que los delitos prescriben cuando vence el plazo máximo de la pena que le corresponde a ese ilícito, sumado al 50 por ciento de tiempo señalado por la sanción. “Por ejemplo, el delito de falsedad genérica tiene una pena máxima de cuatro años y prescribe a los seis años, mientras que los delitos de asociación ilícita tienen seis años como pena máxima y prescriben a los nueve años”, dijo.

Precisó que de elevarse a 25 años las penas, el tiempo sería lo suficientemente largo como para que el brazo legal de la justicia alcance a quienes hayan cometido delito. “Para el aumento de penas solo se necesita modificar el Código Penal, que puede estar a cargo de un grupo especial del Parlamento”, dijo.

Negó que el aumento de plazos en la prescripción de delitos vaya a generar un incremento de la carga procesal en los diversos estamentos del Poder Judicial. De otro lado, sobre la inmunidad parlamentaria, el titular del TC opinó que es necesario modificar el reglamento interno del Congreso para que el uso de esa prerrogativa no sea “desnaturalizada por un falso espíritu de cuerpo”.

Acotó que la inmunidad es un principio aplicado para proteger los actos de función, y de ninguna manera para los delitos que implican una naturaleza penal, civil o administrativa, y menos para faltas cometidas antes de la elección del parlamentario.

Por su parte, el secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Mario Huamán, pidió ayer a las distintas fuerzas políticas en el Congreso aprobar la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, para dar una señal a los funcionarios de gobiernos anteriores que están haciendo de las suyas en el sector público.

Recordó que el dictamen sobre la imprescriptibilidad de esos delitos se encuentra pendiente de votación en el pleno del Congreso, donde algunas bancadas han expresado reparos a la aprobación de esta reforma constitucional, que requiere del voto favorable de más de 86 de los 130 miembros del Parlamento, en dos legislaturas para entrar en vigencia.

Según la Contraloría General de la República, entre enero de 2009 y julio de 2011 unos 10,659 funcionarios de los gobiernos central, regional y local fueron involucrados en presuntas irregularidades. “Hasta la fecha ha habido una corrupción sistemática para robar el dinero de todos los peruanos”, enfatizó Huamán.

Precisó que la lucha anticorrupción contribuirá a mejorar la lucha contra la pobreza, pues permitirá que el dinero del Estado se utilice eficazmente para los programas sociales, que fomentan la inclusión social y además crear un mejor clima para el desarrollo de inversiones que generen empleo.


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