Fujimontesinistas deben salir ya de Tribunal Militar Policial

El presidente de la Comisión de Defensa del Congreso, Luis Negreiros, consideró incompatible política y moralmente que militares que firmaron el Acta de Sujeción y juraron lealtad a Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos integren el Consejo Supremo de Justicia Militar (CSJM).

Por Diario La Primera | 14 jul 2010 |    
Fujimontesinistas deben salir ya de Tribunal Militar Policial
Alertan que los hombres de Montesinos puede salvar a malos oficiales.
Cuatro militares que firmaron Acta de Sujeción y juraron lealtad a Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, lo integran y uno de ellos lo preside.

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Imaginemos un escenario en que el fuero militar conozca el caso de Juan Rivero Lazo, que dirigió el Destacamento Colina, el año 91 y 92 como jefe de la Dirección de Inteligencia. ¿Qué va a ser Meza Angosto si el ministro de Defensa le dice que Juan Rivero Lazo es inocente? Partiendo de la lógica del Acta de Sujeción, ¿Lo va a condenar o lo va absolver?”, cuestionó Antonio Salazar.

“Creo que acá no se trata de opinión o de opiniones, sino se trata de actos y de actas que creo ya implican un mayor nivel de compromiso. Y de otro lado, que yo sepa esta acta (de sujeción a Fujimori y Montesinos) no ha sido repudiada por quienes las suscribieron, o sea sigue manteniéndose. Por eso, yo decía que ahí hay situaciones de orden legal jurídica y política también, de orden fundamentalmente moral. Reitero que vamos a pedir información respecto a los miembros que se han aludido”, afirmó.

El 13 de marzo de 1999, Vladimiro Montesinos organizó un acto en el que la alta jerarquía del Ejército, La Marina y la Fuerza Aérea firmaron un Acta de Sujeción y juró lealtad al entonces gobernante Alberto Fujimori y su asesor. Cuatro de estos militares, el general de brigada EP (r) Hugo Manuel Pow Sang, el contraalmirante AP (r) Carlos Enrique Meza Angosto (presidente del CSJM), el mayor general FAP (r) Orlando Tafur del Águila y el contraalmirante AP (r) Hernán Enrique Ponce Monge han sido nombrados vocales del CSJM.

En el documento, la cúpula militar estableció su compromiso para impedir el juzgamiento de militares denunciados por crímenes de lesa humanidad y aseguraba la impunidad para los golpistas del 5 de abril de 1992.

Deben irse
El integrante del Área Legal del Instituto de Defensa Legal (IDL), Antonio Salazar, pidió que los cuatro militares renuncien a sus cargos en el CSJM, entre ellos el contralmirante Carlos Meza, presidente de este colegiado jurídico porque firmaron este documento, que la sociedad rechazó en su momento. Salazar sacó a relucir este tema, cuando rechazó las declaraciones de Carlos Meza, quien anunció que el tribunal que preside revisará los expedientes de más de 700 militares procesados en el fuero civil por violaciones de los derechos humanos. Meza espera que el Ejecutivo, vía las facultades delegadas por el Congreso, le otorgue estas facultades al CSJM.

Por la firma del “Acta de Sujeción”, “(estos militares) estarían legalmente impedidos (de revisar los casos de violaciones de derechos humanos)”, enfatizó Salazar.

“Estas actas son públicas y la gente del gobierno conoce esto, por eso es evidente la información que existe este pacto entre el Apra y el fujimorismo, para la impunidad para los violadores de derechos humanos y el objetivo final es (exculpar) Alberto Fujimori”, agregó.

En el Acta de Sujeción, además de los compromisos señalados líneas arriba, los militares firmantes también asumían el compromiso de consolidar las Fuerzas Armadas para fortalecer el gobierno del Alberto Fujimori para los siguientes 20 ó 30 años.

Salazar calificó de “ilegal” e “improcedente” que el fuero militar revise los procesos que son juzgados en el Poder Judicial, y anunció que el IDL planteará, ante quien corresponda, que por lo menos estos cuatro militares que firmaron el Acta de Sujeción no integren el Tribunal Militar-Policial.

“El primer punto es ver las acciones legales para impedir que estos señores continúen ejerciendo justicia. Y, es importante que se tome conciencia que esta delegación de facultades (del Legislativo al Ejecutivo) no puede significar impunidad. […] Hay un proceso de judicialización, en donde se han hecho avances y retrocesos, pero creemos que este proceso debe seguir en el Poder Judicial y no pasar al fuero militar”, agregó.


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