Fujiapristas contra la moralización judicial

En entrevista con LA PRIMERA, el exfiscal supremo Avelino Guillén denunció que sectores políticos ligados a la corrupción, encabezados por fujimoristas y apristas, y otras fuerzas derechistas, se oponen al proyecto de ley del presidente de la Corte Suprema, César San Martín, que busca erradicar las redes de la corrupción en el Poder Judicial. Asimismo, descartó que la iniciativa reste autonomía a ese poder del Estado o genere la “concentración de poder” en el titular de la Corte Suprema.

| 15 mayo 2012 12:05 AM | Política | 2.7k Lecturas
Fujiapristas contra la moralización judicial
Exfiscal Avelino Guillén defiende proyecto contra la corrupción.
Al oponerse al proyecto de ley de la Corte Suprema para eliminar la corrupción en los tribunales.
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—El proyecto de ley anticorrupción judicial, presentado por el titular de la Corte Suprema, César San Martín, ha sido duramente atacado por los sectores conservadores. ¿Cuál es su posición sobre esta iniciativa?
—El proyecto, en líneas generales, merece ser respaldado por la ciudadanía. En primer lugar, porque el Poder Judicial, al más alto nivel, reconoce que la corrupción existente en la institución es un grave problema. Lo saludable es la decisión adoptada por el máximo organismo de deliberación, la Sala Plena de la Corte Suprema, de enfrentar esta lacra enquistada en la institución. En consecuencia, yo respaldo esta medida. Nadie puede negar que la dificultad más grave de la Justicia, son estos focos de corrupción existentes en su interior. La Comisión de Justicia del Congreso ha hecho suyo el proyecto y le ha hecho algunas modificaciones, al punto de mejorarlo.

—¿Cuál es la real intención de estos sectores retrógrados, al cuestionar sistemáticamente esta importante medida?
—Es cierto que hay algunos ataques de sectores conservadores de derecha. Es una reacción al hecho de que César San Martín haya presentado esta iniciativa. Esto ha generado en ciertas agrupaciones políticas, como el fujimorismo y el aprismo, un rechazo frontal. La opinión pública respalda la decisión del Poder Judicial, de enfrentar la corrupción, a la vez que terminar de una vez con la intervención política en el sistema jurisdiccional, que tanto daño le ha hecho.

—Estos mismos sectores arguyen también que con esta propuesta San Martín se estaría atribuyendo facultades que no le corresponderían, lo que le restaría autonomía al Poder Judicial...
—Me parece que no se conoce bien la iniciativa. Se habla que con esto el doctor San Martín pretende convertirse en un dictador del sistema judicial. Nada más falso, porque para que se le otorguen atribuciones al presidente del Poder Judicial, tiene que pasarse por una serie de pasos y procedimientos. En primer lugar, tiene que haber una iniciativa de la Oficina del Control de la Magistratura. Luego, el titular de la Corte Suprema tiene que convocar a Sala Plena. Y esta última es la que va a definir si otorga o no las prerrogativas. Además, los detractores saben perfectamente que San Martín está por terminar su mandato al frente del Poder Judicial y que el proyecto será aplicado por sus sucesores. Lo que se quiere es agilizar y dar una respuesta eficaz a graves hechos de corrupción. Concuerdo plenamente con la posición del Ministerio de Justicia y de la Comisión legislativa de este sector y con la Procuraduría Anticorrupción, en el sentido que debemos enfrentar cuanto antes esta grave problemática.

—En ese contexto, ¿coincide entonces con César San Martín cuando señala que su propuesta busca quebrar la red de corrupción secularmente enquistada en el Poder Judicial?
—Acá debemos despojarnos de contextos equivocados y de una mirada política interesada para ver que es lo más conveniente al país: O enfrentamos la corrupción o volteamos la mirada y no hacemos nada. Y el Poder Judicial ha optado por lo primero: combatir las redes de corrupción que se dan en el sistema. No podemos ponernos una venda en los ojos y decir que no hay nada y sigamos así como están las cosas. Esto significaría que secularmente continuemos con el 75 u 80% de desaprobación ciudadana, lo cual hace perder legitimidad y fuerza para luchar contra el delito y la delincuencia organizada. Lo que se tiene que hacer es una acción de profilaxis absoluta de algunos malos elementos que son los que causan un grave daño a la institución.


Javier Soto
Redacción


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