Frenan ley anticorrupción

Por 42 votos a favor y 40 en contra, el Pleno del Parlamento acordó ayer enviar a la Comisión de Constitución y Reglamento un proyecto de ley que plantea posibilitar un mayor acceso de la Unidad de Inteligencia Financiera al secreto bancario y la reserva tributaria, en el marco de la lucha contra el lavado de activos, el terrorismo, el narcotráfico y la corrupción, luego de un tenso debate en el que la bancada fujimorista se convirtió en la principal detractora de la aprobación de esta iniciativa.

| 28 marzo 2013 12:03 AM | Política | 1.6k Lecturas
Frenan ley anticorrupción
Fujimoristas cerraron filas en el Congreso para impedir a toda costa que se apruebe norma contra lavado de activos.
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La propuesta buscaba fortalecer a esa entidad para que pueda disponer de información con fines de inteligencia financiera y prevención del crimen organizado.

El congresista Fernando Andrade Carmona (GPPP), presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, explicó que la norma modifica las normas legales del sistema financiero, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y el Código Tributario, entre otras,

Sostuvo que en el país hay unas 3,200 entidades registradas que realizan operaciones de cambio de moneda y actividades financieras y no es posible que personas dedicadas a actividades ilícitas se valgan de esos puntos precisamente para cometer delitos en agravio del país

SE OPUSIERON
El argumento esgrimido por los fujimoristas fue que el proyecto era inconstitucional. El parlamentario fujimorista Jesús Hurtado Zamudio consideró que la Comisión de Economía debía realizar precisiones para que se puntualizara más claramente los objetivos de la propuesta en armonía con la Constitución. Otras observaciones fueron expuestas por su colega de bancada, Octavio Salazar, exministro aprista.

Otro fujimorista, Rolando Reátegui, sostuvo que la propuesta tiene carácter inconstitucional, y que la Carta Magna sostiene que para levantar la reserva tributaria o el secreto bancario, ya existen las vías correspondientes como una orden del juez, del fiscal o de una comisión investigadora del Congreso.

Consideró que con la propuesta se pretendía dejar la puerta abierta para que cualquier persona sea objeto de un levantamiento de su secreto bancario o reserva tributaria y, de ese modo, dejarla a merced de delincuentes chantajistas.

A la cerrada oposición a la reforma legal contra el crimen y la corrupción se sumaron la fujimorista Luz Salgado y luego el congresista aprista Mauricio Mulder, quien opinó que este proyecto podría considerar sospechoso y pasible de investigación a cualquier persona sin que estuviese involucrada en un delito.

En contraposición, el legislador de Gana Perú Omar Chehade argumentó que la iniciativa más bien busca convertir el país en un Estado que lucha contra el lavado de activos, y enfatizó que el proyecto no atenta contra la Constitución del Estado y contra ninguna ley,

La decisión fue enviar la propuesta a la Comisión de Constitución. Conforme al dictamen, la propuesta plantea la posibilidad de que la Superintendencia de Banca y Seguros acceda a la información que requiera en el ejercicio de sus funciones sobre el análisis e inteligencia financiera, según el marco legal vigente. Se añade que la información que se obtenga y analice mediante el levantamiento del secreto bancario y reserva tributaria es esencial para el correcto desempeño de la función de análisis e investigación financiera que tiene encomendada la Superintendencia.

NARCOAVIÓN
Los ánimos se caldearon cuando el parlamentario de AP-FA, Jorge Rimarachín cuestionó que los fujimoristas se opusieran a la aprobación de este dictamen al considerar que no tenían autoridad moral para hacerlo y debían abstenerse. En este sentido, recordó el narcoavión y el embarque con droga detectado en la dictadura de Alberto Fujimori.

“No al narcotráfico, no al lavado de activos, no a la narcopolítica, no al narcoestado. Acá tenemos instituciones, negocios, algunos que patrocinan el lavado de activos y se ocultan”, dijo antes de referirse directamente a Kenji Fujimori y su relación con la empresa Limasa en cuyo almacén recientemente la policía encontró un gran cargamento de droga.

Enfatizó que el menor de los Fujimori, lejos de ponerse a disposición de las comisiones de Fiscalización y de Ética, es protegido por su bancada. Sus palabras provocaron la airada reacción de los parlamentarios Reátegui, Salgado y Becerril, quienes a gritos cubrieron de insultos y recriminaciones a Rimarachín.


Vilma Escalante
Redacción


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