Fiscalía investiga a Aguinaga por esterilizaciones forzadas

La Primera Fiscalía Supraprovincial Penal de Lima reabrió la investigación a Alejandro Aguinaga y Marino Costa Bauer, exministros de Salud de la dictadura fujimorista por las esterilizaciones forzadas de madres durante el gobierno de Alberto Fujimori, y comprendió en las indagaciones.

| 24 noviembre 2012 12:11 AM | Política | 1.7k Lecturas
Fiscalía investiga a Aguinaga por esterilizaciones forzadas
El congresista fujimorista tendrá que responder ante la justicia.
Congresistas demandan que responda por daño irreparable causado a miles de mujeres peruanas.
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El hecho fue conocido en los días previos al Día contra la Violencia a la Mujer, que se conmemora mañana con reclamos contra toda forma de agresión a las mujeres, como las esterilizaciones forzadas.

El coordinador del Área Legal del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera, señaló que corresponde al Ministerio Público recolectar las evidencias y las pruebas que determinen si se cometieron los crímenes de esterilización forzada contra las mujeres denunciantes y, por otro lado, la identificación de los responsables de haber decidido, ordenado y ejecutado las esterilizaciones.

“Desde nuestro punto de vista, sobre ambos asuntos hay suficiente evidencia que determina que los crímenes de esterilización se cometieron, que fue una política de Estado y que las personas que tomaron las decisiones fueron desde el Presidente de la República (Alberto Fujimori), hasta los ministros de Estado y otros funcionarios del Ministerio de Salud que ya en la investigación anterior estaban en condición de investigados”, declaró Rivera a LA PRIMERA.

AGUINAGA JUSTIFICA
Aguinaga expresó a nuestro diario su “extrañeza” porque una Fiscalía Supraprovincial haya decidido reabrir el caso “y colocarse por encima del fiscal de la Nación que archivó este asunto”.

“En todo caso, yo no me hago ningún problema porque esto se ha visto en todas las fiscalías, incluida la de derechos humanos; se ha hecho hasta un antejuicio y se ha archivado. Estoy sorprendido también que haya gente que pueda tener estas resoluciones antes que yo”, enfatizó en alusión al abogado de IDL, Carlos Rivera.

Aguinaga defendió su actuación en esta acción que consideró parte de un programa de planificación familiar “que ha tenido resultados importantes para el país”.

“Quien conocía la pirámide poblacional en esa época (la década de los 90) va a saber cómo el programa tuvo resultados exitosos”, remarcó.

QUE RESPONDA
En tanto, congresistas de diversas bancadas coincidieron en expresar que Aguinaga debe responder por estos crímenes ante la justicia.

El nacionalista Fredy Otárola adelantó que Aguinaga está obligado a comparecer ante la justicia, en torno a este polémico caso. “A cualquier funcionario o exfuncionario al que se le reclame algo, tiene que acudir a la justicia”, anotó.

Consultado si el Parlamento estaría dispuesto a levantarle la inmunidad legislativa, en caso lo requiera el Poder Judicial, prefirió esperar que este determine la situación legal del fujimorista.

Asimismo, el legislador Heriberto Benítez manifestó que si el Poder Judicial determinase que Aguinaga fuese pasible de una denuncia por el caso de las esterilizaciones masivas, durante su gestión como ministro de Salud, “primero el fiscal tendría que denunciar ante el Poder Judicial” a los acusados.

El Poder Judicial decidirá luego si considera necesario pedir que se levante la inmunidad de los investigados “y si allí está metido algún congresista tendrán que levantarle la inmunidad, y el proceso continuará”, subrayó.

Benítez advirtió que en el caso de que se le abriese proceso a Aguinaga por las esterilizaciones, tendrá que afrontarlo sin ningún tipo de inmunidad o antejuicio. “Si el fiscal interviene, y es un proceso normal, tendrá que seguir su trámite regular”, apuntó.

De igual parecer fue Sergio Tejada, presidente de la Comisión legislativa que investiga el segundo gobierno de Alan García, quien fue tajante en expresar que Aguinaga y Costa Bauer deben rendir cuentas por estos hechos que causaron algunas muertes y graves secuelas en las madres sobrevivientes.

“Me parece que tienen que responder por estos hechos. Hay bastante documentación (probatoria) sobre estas esterilizaciones forzadas que han dejado secuelas muy serias (en las madres afectadas). Esto es parte de hechos que han sido denunciados en el pasado, y existen muchas mujeres que han dado su testimonio. Me parece que se tiene que hacer justicia”, aseveró.

Por el contrario, la congresista Luz Salgado expresó su irritación por la decisión del Ministerio Público, al recordar que este asunto fue archivado no solo por dos comisiones investigadoras del Legislativo, sino por la propia Fiscalía y el Poder Judicial, al no haberse podido determinar ilegalidad alguna en el programa realizado en el segundo mandato de Alberto Fujimori.

ANTECEDENTES
El exdictador Alberto Fujimori (1990-2000) puso en funcionamiento un programa de esterilizaciones forzadas, especialmente indígenas, con el nombre de “Plan de Salud Pública”, presentado el 28 de julio de 1995 y financiado principalmente por la Agencia de Cooperación Internacional Estadounidense (AID) con 36 millones de dólares y, con una cantidad mucho menor, por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).


Javier Soto
Redacción


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