Fiscalía debe demostrar imparcialidad al investigar liberación de narcotraficantes

La posibilidad de que la nueva gestión de Pablo Sánchez, en el Ministerio Público, de retomar las investigaciones fiscales al expresidente Alan García, por los casos narcoindultos y enriquecimiento ilícito permitirán romper con el pasado de impunidad judicial absoluta de este personaje, afirmaron a Diario UNO un exprocurador anticorrupción y analista político.

| 12 enero 2015 04:01 PM | Política | 1k Lecturas
Fiscalía debe demostrar imparcialidad al investigar liberación de narcotraficantes
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El exprocurador anticorrupción Julio Arbizu dijo que la reapertura de las pesquisas fiscales a García, sobre todo del caso narcoindultos en un buen paso en la dirección correcta, al recordar que para abrir una investigación no se requieren pruebas contundentes que demuestren la responsabilidad penal de un sujeto, sino indicios razonables.

Y en los casos de Alan García, así como en otros varios en los que se archivaron investigaciones en la Fiscalía de la Nación, había más que indicios”, puntualizó.

Arbizu, quien dijo que por el caso a García se le nota cierto nerviosismo, manifestó que el cambio de política del fiscal Sánchez es una demostración de la existencia de nuevos vientos en la Fiscalía de la Nación. “Resulta absolutamente necesario que se empiece a reformular el protagonismo de este organismo, en función precisamente a la lucha contra la impunidad”, subrayó.

García dijo, en entrevista con un diario local, que “a mí no me ha pagado ningún narcotraficante”.

Arbizu consideró que Sánchez es la persona que puede perfectamente encarnar esta lucha, con la ayuda de la procuraduría anticorrupción y la sociedad civil. “El Ministerio Público tiene una deuda muy grande con la Nación, pero esperamos que el fiscal Sánchez pueda recomponer a esta organismo”, anotó.

Respecto a la defensa que hace García de su política de indultos en un diario local, Arbizu calificó de infructuoso el intento de comparar su gestión con este tema con la de otros países. “Aquí habría que preguntarle al expresidente si todos los conmutados salieron realmente sin pagar un solo centavo”, remarcó.

Indicó que la respuesta la ha encontrado el fiscal encargado del caso, Walter Delgado, en la investigación al presidente de su Comisión de Indultos Miguel Facundo Chinguel y su séquito de colaboradores.

Si acaso este último tenía capacidad de indultar a las personas que le pagaban para obtener irregularmente su libertad. Eso no es así. Y sabemos de quién dependía, finalmente, la decisión de la conmutación o el indulto (irregular)”, enfatizó.

García siempre se ha salvado de ser investigado directamente. Desde su primer gobierno hasta el fin de su segundo mandato, García ha sido seriamente vinculado con actos de corrupción y violación a los derechos humanos.

En 1992 se inició un proceso contra él por enriquecimiento ilícito, debido a su supuesta participación en el escándalo del Banco de Crédito y Comercio Internacional (BCCI), su intermediación en la compra venta de aviones Mirage 2000, además de un evidente desequilibrio patrimonial.

Otro proceso fue abierto en 1994, también por enriquecimiento ilícito, colusión ilegal, negociación incompatible y cohecho pasivo, además de acusársele la entrega de sobornos para otorgar los derechos de construcción del Tren Eléctrico al consorcio italiano Tralima. Convenientemente, el expresidente huyó del país y se refugió en Francia y Colombia, esperando que los delitos por los que se le acusaba, prescriban. Por ello, el futuro del caso petroaudios parecería seguir el mismo camino.

Lo excluyeron del caso Cayara

En el año 2005, la Fiscal Cristina de Olazábal incluyó a Alan García en la investigación del caso Cayara como responsable político junto a otros tres jefes militares y cuatro senadores. Poco tiempo después, la fiscal fue removida de su cargo. Su sustituta, la fiscal Miluska Cano excluyó a Alan García de la investigación.

Las movidas en el caso El Frontón

El caso de la matanza en El Frontón, en 1986, a pesar de la ejecución extrajudicial de 33 internos, el caso fue sobreseído “por falta de pruebas”. En 1990, una Comisión Investigadora del Congreso determinó que altos funcionarios civiles y militares estaban implicados en la masacre y acordaron emitir un informe al Ministerio Público, pero el APRA, con el apoyo de los fujimoristas de Cambio 90, logró los votos necesarios para rechazar la acusación.

El fiscal superior Edgar Chirinos ordenó, en el 2005, al fiscal provincial Mario Gonzales reabrir la investigación a García y todos los miembros del Consejo de Ministros de 1986. Sin embargo, el 26 de enero de 2006, la Quinta Fiscalía Supraprovincial, a cargo del fiscal Mario Gonzales, resolvió el archivo definitivo del caso. Finalmente, en setiembre de 2013, el Tribunal Constitucional afirmó que lo sucedido en El Frontón no constituye un delito de lesa humanidad, poniéndole fecha de “prescripción” a aquella ejecución extrajudicial.

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Y si el segundo gobierno de García se caracterizó por los escándalos de corrupción, el primero estuvo marcado por graves delitos de violación a los derechos humanos. El caso Cayara es uno de los que más llama la atención debido a las irregularidades que se cometieron. Entre los días 14 y 20 de mayo de 1988, un total de 39 campesinos del distrito de Cayara, Ayacucho, fueron asesinados por un grupo de militares. Los pocos pobladores que quedaron vivos de aquella masacre, convertidos en testigos, fueron asesinados meses después.

Javier Soto


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