Fiscal pide pruebas a los periodistas

El titular de la Primera Fiscalía Provincial Penal de Santa Anita, Guillermo Guzmán Muñoz, conminó ayer a LA PRIMERA para que le entregue las pruebas de las llamadas telefónicas del recluso Alberto Fujimori a Japón, a través de celulares del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe). Las llamadas, por un monto aproximado de cinco mil soles, habrían salido de teléfonos móviles asignados a ­Alejandro Castro Ángeles, director del centro penitenciario provisional que alberga al ex dictador en la Dinoes.

| 09 mayo 2008 12:05 AM | Política | 1.5k Lecturas
Fiscal pide pruebas a los periodistas
El fiscal Guillermo Guzmán durante su investigación en la Dinoes.
Quiere que hombres de prensa hagan su trabajo sobre denuncia de llamadas telefónicas de Fujimori al Japón.

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DATO

El fiscal Guillermo Guzmán es el mismo que adelantó opinión la tarde que visitó la Dirección Nacional de Operativos Especiales, respondiendo a la prensa que no encontró nada anormal en torno a la denuncia de los privilegios del preso Fujimori, luego intentó corregirse, pero ya fue tarde.
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El representante del Ministerio Público, con fecha 7 de mayo de 2008, envió a nuestra redacción el oficio Nº 72-08-1 FPPPDSA-MP-FN, dirigido al director del diario, César Lévano, que dice lo siguiente:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de solicitarle, en mérito a la referencia se sirva disponer a quien corresponda remita la documentación correspondiente a razón a la denuncia propalada por el periodista César Ascues Uribe, asimismo se solicita muy respetuosamente informe si dicho periodista cuenta con información adicional, siendo el caso se sirva enviar a este despacho para mayor esclarecimiento de los hechos. Sin otro particular, ­aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente:

Guillermo Guzmán Muñoz, fiscal de la Primera Fiscalía Provincial Penal de Santa Anita.

El oficio causa extrañeza, puesto que el referido representante del Ministerio Público, además de ser abogado, demuestra un claro desconocimiento del derecho al secreto profesional que ampara a los periodistas, garantizado en la Carta Magna.


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