Firmas contra venta de empresas públicas

Expertos y dirigentes de la sociedad civil y gremial exigieron al gobierno eliminar el Decreto Legislativo 1031, que inició la privatización de las empresas estatales al poner en venta un mínimo de 20% de sus acciones en la Bolsa de Valores, sin establecer máximos.

Por Diario La Primera | 01 set 2008 |    
Firmas contra venta de empresas públicas
Petroperú. Una de las pocas empresas estatales que quedan en pie, y por sus buenos dividendos está en el ojo de los privatizadores que nada perdonan.
Trabajadores forman Frente de Defensa para exigir derogatoria de D.L. 1031, que cambia régimen jurídico de las pocas empresas estratégicas para privatizarlas.

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 FIRMAS CONTRA PRIVATIZACIÓN

Los servidores de Petroperú, junto con los de Enapu, Corpac, Sedapal y Electroperú han constituido el Frente de Defensa y Desarrollo de Empresas Públicas Estratégicas que, en breve, iniciará la recolección de más de 42 mil firmas para pedir la derogatoria del DL 1031, informó el dirigente Juan Castillo More, director de Petroperú, en representación de los trabajadores.

“Haremos respetar nuestra ley orgánica y las leyes 28840 y 28244, que declaran intransferibles y de propiedad exclusiva del Estado las acciones de Petroperú”, afirmó José Carnero Sandoval, secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de Talara.

El ex viceministro de Energía y Minas, Ricardo Giesecke, resaltó que este dispositivo responde a “una tendencia del gobierno” de privatizarlo todo. “No hace falta vender el 100 por ciento de las acciones, con mucho menos, se transfiere el poder de decisión, el manejo de las empresas, que en este caso, pertenecen a sectores estratégicos” como petróleo, puertos, agua, aeropuertos, financiero, etc. Y pidió que la norma quede sin efecto.

Luego del afán privatizador del gobierno del ahora reo Alberto Fujimori, el Estado se quedó con un pequeño grupo de empresas, tales como Petroperú, Empresa Nacional de Puertos (Enapu), Servicio de Agua Potable y Alcantarillado (Sedapal), Corporación Peruana de Aviación Civil (Corpac), Banco de la Nación, Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide), Electroperú, Agrobanco y las cajas municipales.

Giesecke, quien también fue director de Petroperú, destacó el rol regulador en el precio del petróleo que puede jugar la empresa estatal, “porque muchos connacionales no pueden pagar los precios internacionales del crudo”.

“Ni la autocracia fujimorista, en su mayor delirio privatista, se atrevió a lanzar esta ofensiva de cambiar el conjunto del régimen jurídico para liquidar la empresa pública”, afirmó el ex congresista Manuel Dammert.

En abril del 2006, el gobierno de Alejandro Toledo aprobó el proyecto 1217/2006-PE, que tenía como referencia básica un estudio del Banco Mundial, por el cual propuso la derogatoria de la Ley 24948 y obligaba a un 20% mínimo de acciones ofertadas en bolsa.

“El proyecto privatista neoliberal de este gobierno aprista va en contra de lo que se requiere para avanzar al desarrollo. La privatización compulsiva, abusiva y depredadora quiere beneficiar a algunos mercantilistas, pero ocasionará un gravísimo perjuicio para el país”, advirtió Manuel Dammert.

Susana Grados Díaz
Redacción


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