Falsificaron las firmas y hubo registro fraudulento

Este diario ha recibido una carta simple (no notarial), que lleva el nombre del registrador público de Chimbote, John Freddy Gonzales Ávalos, que solicita la rectificación de la nota periodística aparecida en la edición del 23 de setiembre de 2011, titulada “Juzgan a falsificadores que robaron Pesquera Carolina”.

| 10 octubre 2011 12:10 AM | Política | 2.3k Lecturas
Falsificaron las firmas y hubo registro fraudulento 2304

La misiva está refrendada con una firma del registrador, que a simple vista difiere de otras que la misma persona consigna en documentos oficiales. Esto se puede advertir en la copia facsimilar de la carta que reproducimos y en las copias del documento “Anotación al Título” del 6 de setiembre del 2000, y en otro llamado “Tacha” del 9 de setiembre del 2000, que es una de las pruebas presentadas en el caso de falsificación de documentos para el presunto robo a la empresa pesquera.

En efecto, lo que nosotros dijimos es que un registrador público estaba siendo procesado en el Primer Juzgado Penal Liquidador por orden del Cuarto Juzgado Penal del Santa por su participación en la falsificación de la Anotación al Título (6337), el sábado 9 de setiembre 2000, para la toma de control de la Pesquera Carolina por una nueva administración nombrada por un Comité de Acreedores dirigido por el Banco Wiese (hoy Scotiabank).

Todo ello, sin cumplir con el mandato que le había entregado la Junta de Acreedores de mantener una administración mixta en Consorcio Pesquero Carolina S.A. Esta adulteración incluyó la falsificación de la firma de otro registrador, cuando John Gonzales trabajaba en el sistema informático de los Registros Públicos de Chimbote, como lo demuestra el documento denominado “Tacha”, que emitió el sábado 9 de setiembre del 2000 y la mayoría de registradores se encontraba de descanso.

El miércoles 13 de setiembre, John Gonzales generó el asiento Nº 23, de la ficha 405, en la que se consigna un acuerdo que “ratificaba” a un supuesto gerente administrativo, usando como referencia otro asiento de otro registrador, con lo que en apariencia se cumplía el requisito de Administración Mixta.



Pero si Gonzales leyó el asiento 21, tenía que haberse enterado que nunca hubo gerencia administrativa, y que el señor Díaz Sevilla, mencionado en tal cargo nunca fue gerente. Por lo tanto la intención maliciosa de los asientos de setiembre y la complicidad del registrador con el Banco Wiese son evidentes.

El proceso abierto once años después de los hechos, incluye además las declaraciones de los otros inculpados: Mario Alberto Santa María Costa, representante del Banco Wiese, que dispuso el uso del documento falso a sabiendas de que el trámite de inscripción no estaba concluido, y Guillermina Romero Panta, esposa del exjefe de los Registros Públicos de Chimbote, a quien testigos directos le atribuyen haber influido en Gonzales Ávalos para inscribir el asiento 23 con las falsedades señaladas. Estos son testimonios incriminatorios, que no han sido inventados por este diario y de los que no habla la pretendida carta de rectificación.

Más aún son imputaciones de personas a las que John Gonzales no ha rectificado a lo largo del proceso, como sí pretende hacerlo con la prensa. Por lo demás, la carta llegada a esta redacción demuestra que sigue en su puesto y eso dice mucho de la actitud de los jefes de Registros Públicos que son tolerantes con la corrupción.


Raúl Wiener
Unidad de Investigación

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