Fallo a favor de homologación le costaría al Estado S/. 7,500 millones que afectaría caja fiscal

El Tribunal Constitucional (TC) resolvió ayer que se debe cumplir con la homologación de sueldos para los magistrados del Poder Judicial, tras una demanda planteada por conflicto de competencia interpuesta por el Poder Ejecutivo.

| 13 diciembre 2013 10:12 AM | Política | 1.3k Lecturas
Fallo a favor de homologación le costaría al Estado S 7,500 millones que afectaría caja fiscal
Terremoto por fallo TC a favor de homologación
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De acuerdo al documento, el TC pide a los “poderes públicos, según sus atribuciones, cumplan con incluir el monto requerido para la nivelación total de los jueces en el presupuesto para el ejercicio fiscal 2014”.

Además, se indica que debe emplazarse al Poder Ejecutivo “para que a través de la Presidencia del Consejo de Ministros disponga lo conveniente para que se cumpla con el mandato judicial del 10 de agosto del 2011”. Por ello dispone que el Ejecutivo transfiera S/. 87 millones requeridos para homologar los sueldos de los jueces.

Al respecto, tanto el presidente Ollanta Humala como el ministro de Economía Luis Castilla dejaron en claro la imposibilidad de homologar los haberes de los magistrados con los de un vocal supremo.

El titular del MEF advirtió que el planteamiento es inviable e inconstitucional porque generaría una gran distorsión en la caja fiscal y atentaría contra la estabilidad macroeconómica del país, porque acceder a esta demanda le costaría al Estado S/. 7,500 millones.

Castilla pidió a los magistrados que acepten el aumento paulatino propuesto por el Ejecutivo para no descuidar sectores como Salud, Educación, entre otros. “Tenemos la posibilidad de aumentar los sueldos, se pueden hacer los ajustes, pero no podemos permitir que veinte años de estabilidad económica se la vuelen de un plumazo”, refirió.

DEBE CUMPLIRSE

El abogado del Poder Judicial, Aníbal Quiroga, dijo que la sentencia del TC “demuestra que esta tiene competencia” y que “se pretendía dejar fallos y sentencias que reconocía los derechos de los magistrados”.

Advirtió que la sentencia es cosa juzgada y debe ser cumplida. “Si se da incumplimiento se puede dar la destitución de la autoridad”, como es el caso del ministro Luis Miguel Castilla y del primer ministro César Villanueva.


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