Fallo blinda al Estado

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Álvarez, afirmó que el Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) no tiene argumentos para poner en cuestión la legislación para delitos de terrorismo, y sostuvo que el fallo emitido por el TC “blinda al Estado peruano” de demandas ante el Sistema Interamericana de Derechos Humanos por ese tema.

Por Diario La Primera | 12 ago 2012 |    
Fallo blinda al Estado
Ernesto Álvarez.
AFIRMA PRESIDENTE DEL TC

Álvarez hizo referencia a la sentencia del TC que reitera que los condenados por delitos de terrorismo no tienen derecho a acogerse a beneficios penitenciarios

Comentó, en ese sentido, los alcances de la sentencia que ratifica que los condenados por delitos de terrorismo no pueden acogerse a beneficios penitenciarios, en respuesta a una demanda presentada por los abogados de Abimael Guzmán y por ese movimiento que pide la libertad de los subversivos presos.

Álvarez estimó probable que ante esta resolución los demandantes intenten llevar este caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sin embargo, dijo que es difícil que prospere, porque no se ha violado ningún derecho y, además, el fallo está suficientemente fundamentado.

“Es un fallo importante porque blinda al Estado peruano en la pretensión del Movadef y los abogados de los terroristas de llevar el caso al sistema interamericano de justicia”, afirmó.

Explicó que el dictamen ratifica la doctrina de este tribunal, que los beneficios penitenciarios no constituyen derechos y, por lo tanto, pueden ser regulados por el Estado, dependiendo de la gravedad de los delitos.

Explicó que es totalmente válido que el Estado reduzca o elimine beneficios para determinados delitos que considere graves, y el terrorismo es uno de ellos; lo que no puede considerarse discriminación, la que solo se da entre iguales y el terrorismo no se puede equiparar, por ejemplo, con el robo.

Álvarez destacó que el fallo desestima otra denuncia de los terroristas, de que se estaba violando el principio de presunción de inocencia, por aislar a sus procesados en los penales.


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