Exigen derogar o modificar decretos de urgencia de Alan

El Instituto de Defensa Legal (IDL) se pronunció por la modificación o derogatoria de los 383 decretos de urgencia que emitió el gobierno del presidente Alan García durante el pasado quinquenio, pues de lo contrario el Parlamento estaría abdicando de su labor fiscalizadora y se estaría incumpliendo con la separación de poderes que caracteriza a toda democracia.

| 16 setiembre 2011 12:09 AM | Política | 3.4k Lecturas
Exigen derogar o modificar decretos de urgencia de Alan
Especialista dice que Ejecutivo se convirtió en un Congreso paralelo.
IDL advierte que, de lo contrario, iniciará un proceso de inconstitucionalidad de las normas.

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DETALLE

El IDL recordó que los DU son normas con rango de ley que pueden ser expedidas por el Poder Ejecutivo únicamente en modo excepcional, siempre y cuando se respeten los requisitos formales y sustanciales establecidos en la Constitución y desarrollados tanto por el Reglamento del Congreso como por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
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El congresista Javier Diez Canseco dijo que 374 de estos decretos emitidos por García permitieron irregulares concesiones, adquisiciones y ejecuciones de obras públicas, sin mecanismos de control, por lo que deben ser incluidos en los temas de la recién creada megacomisión investigadora del pasado régimen aprista.

Según un reciente informe elaborado por el área Justicia Viva del IDL, los referidos decretos de urgencia forman parte de las 525 normas con rango de Ley que emitió del Poder Ejecutivo en el período 2006-2011. En otras palabras, los DU representaron el 72.95% de toda la producción legislativa del período de Alan García, a pesar de tratarse de disposiciones que nada tienen que ver con situaciones excepcionales.

IRREGULARIDADES
El abogado del IDL Aldo Blume Rocha señaló que el Poder Ejecutivo se convirtió en un Poder Legislativo paralelo. Criticó el hecho de que se haya utilizado los DU para asignar altos sueldos a los funcionarios públicos y para evadir el debate público y tomar decisiones de espaldas a la población, como en el caso de normas que van en contra de la regulación ambiental vigente.

El estudio del IDL señala al respecto que el abuso que se hizo de los decretos de urgencia desnaturalizó esta herramienta jurídica, conviertiéndola en una especie de mecanismo para encubrir y dar apariencia de legalidad a determinados actos de posible corrupción, lo que puede derivar en una captura del Estado a favor de determinados intereses privados.

ESTADIO
En tal sentido, Blume exigió que el Congreso, haciendo uso de su facultad fiscalizadora, revise las referidas normas y derogue o modifique su contenido, en concordancia con nuestra Constitución Política, pues de otro modo, el IDL iniciará el proceso de inconstitucionalidad de tales decretos de urgencia.

Blume planteó que la medida es necesaria porque, de lo contrario, el Congreso abdicaría de sus funciones y el precedente permitiría que los gobernantes actúen a espaldas del pueblo. Citó el caso de la remodelación del Estadio Nacional, que no era tan urgente como atender la salud del pueblo, por ejemplo, o decretos de urgencia dictados para sacarle la vuelta a las normas ambientales y facilitar proyectos de inversión sin considerar la opinión de las poblaciones que se verían afectadas.


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