Exigen aclaraciones sobre lacrimógenas

La tesis de que el gobierno de Alan García ayuda al régimen golpista de Roberto Micheletti en Honduras, con el envío de bombas lacrimógenas de la Policía Nacional del Perú que son empleadas en la represión de manifestantes, fue negada ayer por algunas autoridades, aunque la manera en que estos pertrechos llegaron a Honduras y la relación contractual entre el Estado peruano y la empresa fabricante deja entrever un posible tráfico de armas y miembros del Parlamento quieren más explicaciones.

| 25 setiembre 2009 12:09 AM | Política | 837 Lecturas
Exigen aclaraciones sobre lacrimógenas
Le piden a Salazar que explique en el Congreso.

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DETALLE

En conversación con LA PRIMERA, Williams Andrews, ejecutivo de “Combined Systems Inc.” confirmó haber vendido lacrimógenas a Honduras, pero no precisó si lo hizo con autorización del gobierno peruano, que tiene retenido un lote en el puerto del Callao y adeuda a su representada la suma de 3 millones de dólares, correspondiente a los daños y perjuicios por haber anulado el contrato de compra-venta de gases lacrimógenos y balas de goma en 2007.
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Según el Ministerio del Interior, el titular de esta cartera, Octavio Salazar, solicitó ayer información sobre el origen de estas bombas lacrimógenas al ministro de Seguridad de Honduras, Jorge Rodas, quien respondió por escrito que el material lacrimógeno fue adquirido por su gobierno a la empresa hondureña “Representaciones Comercio e Inversiones” la cual, a su vez, lo adquirió a la empresa “Combined Systems Inc.” de Estados Unidos.

Salazar argumentó que aquellas bombas son “el residuo” de una compra de pertrechos anulada en octubre de 2007, cuando Luis Alva Castro era titular de esa cartera, tras una transacción realizada con “Combined Systems Inc.”. El contrato entre el Estado peruano y la referida empresa norteamericana fue suscrito en agosto de 2007, pero en octubre del mismo año la venta fue anulada porque el Congreso detectó que la transacción había sido sobrevaluada y realizada sin cumplir las normas de contratación pública.

El congresista Mauricio Mulder dijo que sólo una parte del material lacrimógeno con el rótulo de la Policía Nacional del Perú llegó al país y cuando el contrato fue anulado el resto de la carga ya no fue enviada y ese “residuo” sería el que fue vendido al gobierno hondureño. Pero la venta del llamado “residuo” sólo debió hacerse con la anuencia del Ministerio del Interior peruano, sobre todo si la relación entre el Estado peruano y la empresa que fabricó los gases lacrimógenos disponía que los gases llevaran el nombre de la PNP.

El parlamentario José Urquizo dijo que “es grave que se utilice material con el sello de la Policía Nacional en otro país, la empresa que lo fabricó sabe que estos materiales deben ser utilizados sólo por el país con el que firmó un contrato de venta. Creo que estamos hablando de un tráfico de equipos antimotines. A su vez, Edgard Reymundo dijo que “El Bloque Popular presentará una iniciativa para que el Congreso conforme una comisión multipartidaria para que investigue este caso, pues es algo inaudito que en otro país se esté utilizando material policial con el sello de nuestras fuerzas policiales. Podría ser que esto confirme algún vínculo de apoyo del gobierno de Alan García a la dictadura de Roberto Micheletti”.


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