Empresa de Director de Biblioteca Nacional dañó ruinas en Oquendo

La Tercera Sala Penal del Callao resolverá la causa seguida contra el abogado Carlos Condorcahuana Roca, por haber destruido ruinas preincaicas en la zona del ex fundo Oquendo utilizando tractores y motoniveladoras, para vender los terrenos a empresa urbanizadoras.

| 18 julio 2011 12:07 AM | Política | 3k Lecturas
Empresa de Director de Biblioteca Nacional dañó ruinas en Oquendo
(1) Instituto Nacional de Cultura denunció daño al patrimonio histórico. (2) Director de Biblioteca involucrado en grave denuncia.
Familia Mujica Gallo utiliza métodos matonescos para desalojar a modestos campesinos con apoyo de jueces y policías corruptos.

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Lo que resuelva la Tercera Sala Penal del Callao tendrá pues importancia para saber si alguien pone freno al tráfico de terrenos y a la violencia hacia los más débiles.
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Lo increíble del caso es que el abogado denunciado por el Instituto Nacional de Cultura por indiscutible daño al patrimonio histórico y cultural, cometió el delito actuando como apoderado de la empresa Promotora Oquendo y otras empresas del grupo Mujica Pinilla, que cuenta entre sus miembros al director de la Biblioteca Nacional, Ramón Mujica Pinilla, hijo del arqueólogo Miguel Mujica Gallo, fundador del Museo del Oro.

El INC y la Biblioteca son actualmente integrantes del llamado sector Cultura, encabezado por el Ministerio de Cultura, bajo la conducción del ministro Juan Ossio, lo que quiere decir que el conflicto en Oquendo ha estado oponiendo actores que deberían estar al servicio de la conservación de las riquezas más preciadas de nuestra memoria histórica.

Tal vez muy pronto, el abogado de la empresa de Mujica Pinilla sea sancionado por su actividad depredadora. Pero el ministro Ossio, parece que va a terminar su gestión sin percatarse de a quién ha tenido al frente de la principal biblioteca del país.

Otros juicios
LA PRIMERA ha seguido el caso del ex fundo Oquendo, zona de violencia, en la que actúa con impunidad la banda del “cholo Jacinto”, y ha denunciado la manera como los campesinos que trabajaban sus tierras otorgadas como parte del proceso de la reforma agraria, fueron desalojados uno por uno y despojados de su propiedad, con la complicidad de policías y otras autoridades chalacas que se negaron a relacionar la actuación de los delincuentes que imponían el terror (asesinatos, golpizas, incendios de viviendas, destrucción de predios agrícolas) y las empresas que recibían los terrenos “recuperados”, que son de propiedad de los herederos de Mujica Gallo, que reclaman derechos previos a la reforma agraria.

Al juicio con el INC por daños culturales, se suman las acusaciones fiscales de fecha 11 de abril, en la Cuarta Fiscalía Provincial Penal, contra Carlos Condorcahuana Roca, por delito contra el patrimonio, usurpación agravada, en agravio de la Asociación Unión de Campesinos José María Arguedas y de Juan Ruiz Zambrano; y la denuncia de fecha 09 de junio, de la Onceava Fiscalía Penal por usurpación agravada en agravio de Serapio Navarro Caballa y Víctor Huaranca Medina.

Como se puede ver, el abogado Condorcahuana acumula procesos, pero eso no detiene el afán de dinero que lo moviliza.

El caso Takayosi
Los esposos Takayosi tienen más de 70 años de edad, una vida juntos y tenían, hasta el 19 de abril del 2011, una chacra de hortalizas por más de 50 años dentro del antiguo fundo Oquendo en el Callao. Ese día arrasaron sus sembríos con maquinaria, arguyendo una orden judicial, que no había sido notificada, anotando que los Mujica ya habían vendido esa propiedad (que no era suya) a la inmobiliaria Inversiones y Servicios Villamor.

El proceso fue falsificado. Los Takayosi fueron suplantados por terceros en la firmas de supuestas actas de conciliación simulando la entrega voluntaria de los terrenos. Y esta falsa acta fue ejecutada ante un juez que ordenó el desalojo, que corrió a cargo de matones con protección de efectivos policiales de la Comisaría Sarita Colonia, que no tiene jurisdicción en la zona, pero que se prestó al abuso.

Los Takayosi y otras víctimas de la ley de la selva en Oquendo se quejan de los visibles miedos de policías, fiscales, jueces y alcalde, para reconocer que en el centro de la violencia que ocurre en la zona hay una poderosa familia de la vieja oligarquía limeña, que se está beneficiando.

¿De dónde tanto poder de Condorcahuana y otros? Es la fuerza del dinero la que organiza la acción de la delincuencia y de las empresas tramposas. Para darse una idea de lo que esto significa, se debe tomar nota que para arrebatarle la parte de terreno que aún les queda a los Takayosi se les está ofreciendo pagar hasta 9 dólares por metro cuadrado. Pero si decidieran “comprar”, es decir mantener parte de su propiedad, las inmobiliarias se lo ofrecen gentilmente siempre y cuando paguen 310 dólares por cada metro.

Es decir por irse recibirían 35 veces menos de lo que tendrían que pagar por quedarse. Obviamente aquí no rige la ley de ningún mercado, sino de la fuerza bruta. Si los afectados no aceptan marcharse ya saben que perderán todo. Pero los matones aceptarían su presencia si les pagasen más de 300 mil dólares por apenas mil metros cuadrados que aún controlan.


Raúl Wiener
Unidad de Investigación

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