Eliminación está en manos del Congreso

El Instituto de Defensa Legal (IDL) y la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), demandaron ayer que el Congreso derogue los Decretos de Urgencia 001 y 002- 2011 porque, dijeron, son de carácter inconstitucional por no haberse dictado en uso de facultades legislativas otorgadas por el Congreso y contravenir tres sentencias del Tribunal Constitucional (TC).

| 01 febrero 2011 12:02 AM | Política | 840 Lecturas
Eliminación está en manos del Congreso
El Congreso no otorgó facultades legislativas al Ejecutivo.
El Instituto de Defensa Legal y la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental dicen que decretos de urgencia son inconstitucionales.
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El abogado del IDL Juan Carlos Ruiz señaló que estos decretos son injustificados y obedecen claramente a la defensa de intereses de algunos grupos económicos. “Acá se está dando privilegios a un grupo de empresarios de forma inmotivada. No pueden hacer lo que le da la gana, sino definir por qué toman cada decisión. Además, con un gobierno y un Congreso de salida, resulta sospechoso y motiva suspicacia. El gobierno tiene que dar explicaciones”, dijo.

No encajan
El representante de la SPDA, Mariano Castro, dijo que ambos decretos transgreden la Constitución en dos aspectos: los decretos de urgencia no pueden regular sobre materia ambiental, sino en materia económica y financiera (art. 118, numeral 19), y además, se va en contra del artículo 22 (inciso 22) pues las certificaciones ambientales ya no serán requeridas al momento de solicitar las autorizaciones administrativas sino antes del inicio de la ejecución de la obra.

Ruiz agregó que la Constitución establece que se puede recurrir a los decretos de urgencia solo en casos excepcionales. “Si uno mira los decretos, no se termina de entender cuál es la situación excepcional. Otro requisito es el de la urgencia ante situación de parálisis institucional como por una catástrofe o una guerra, que no ha sucedido”, refirió el abogado.

Ruiz remarcó que las leyes son aprobadas por el Congreso porque ello asegura un procedimiento parlamentario público, abierto y con participación de la oposición, mientras que un decreto de urgencia se elabora a puerta cerrada. “Estamos ante un intento del gobierno, de utilizar los decretos de urgencia como un cajón de sastre cuando sus iniciativas legislativas que presenta al Congreso son rechazadas”, dijo.

Ministerio pintado
Castro, también expresidente del Consejo Nacional del Ambiente (Conam) dijo que de por sí la regulación ambiental en el Perú está débil, por tanto, cualquier disposición que disminuya requisitos la debilita aún más y le resta credibilidad. Sumado a ello, tenemos un Ministerio del Ambiente con pocas competencias.

“El Ministerio del Ambiente no fue creado con las suficientes fortalezas; en la evaluación de impacto ambiental (EIA) no tiene competencias más allá de ser un ente rector, pero no es responsable de la aprobación o revisión de los EIA”, indicó Castro.

No hay barreras
Según Castro, es condenable que el gobierno presente la regulación ambiental como una traba burocrática para la inversión privada, y dijo que, por el contrario, se debe asegurar los principios de prevención ambiental, que más bien deben ser mejorados y no reducidos.

“Una vez que se culmina el EIA, es entregado a la autoridad y hay tiempos que se toman para la revisión. No hay motivo para acortar aún más estos tiempos, que ya de por si son cortos. Estos tiempos sólo buscan la sostenibilidad ambiental del proyecto y que no ocasionen daños ambientales innecesarios”, detalló.

La solución
El IDL y la SPDA recordaron a la opinión pública que según el artículo 91 del Reglamento del Congreso, se debe formar en la Comisión de Constitución una Subcomisión encargada de evaluar la responsabilidad de los decretos de urgencia, y tiene un plazo de 15 días para pronunciarse y pasar al pleno su opinión. En el caso de que esto no ocurra, el Congreso puede derogar los decretos fuera del plazo de 15 días. De no ocurrir la derogatoria, el Congreso estaría abdicando o renunciando de sus funciones, y le correspondería al Tribunal Constitucional mediante una demanda de inconstitucionalidad, pronunciarse en última instancia.


Vanessa Ramos
Redacción

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