El contrabando de los decretos legislativos

En el año 1991, el gobierno fujimorista y su ministro neoliberal Carlos Boloña solicitaron facultades extraordinarias para legislar sobre reforma económica y pacificación, que les fueron otorgadas por una coalición de apristas, derechistas y oficialistas (fujimoristas). De esa autorización salió tal abuso de normas que los congresistas que facilitaron el legicidio terminaron escondiendo la cara de vergüenza.

Por Diario La Primera | 01 jul 2008 |    
El contrabando de los decretos legislativos
El legislador García. Ahora desde Palacio, dicta normas que atentan contra derechos de ciudadanos.
Bajo el pretexto del TLC, Ejecutivo nos impone normas que representan los mayores focos de conflicto y resistencia.

Más datos

DETALLE

Entre los autores reales de los decretos legislativos que llevan la firma de García estarían varios estudios de abogados de alta reputación en el mundo de las grandes empresas: Echecopar, García Sayán, Forsyth, Oré, Ugaz y otros. Así como firmas privadas que sustentan con aparente criterio técnico las decisiones más importantes: Apoyo, Macroconsult y otras.

Tratando de enmendar la plana, el Congreso de la época derogó algunos de los decretos más escandalosos y se atrevió a censurar al ministro de Agricultura. El resultado fue el golpe de Estado del 5 de abril, cuando Fujimori lanzó su dedo acusador señalando que los mismos que le habían dado las facultades que excedió, eran los enemigos más terribles de la modernidad y de la guerra de inteligencia que él encarnaba, junto con su principal asesor.

Hoy, en el gobierno del presidente García, se repite la historia. Un bloque muy similar de fuerzas políticas: apristas, fujimoristas y derechistas, sólo que bajo el gobierno de García, han dado facultades al Ejecutivo, que las ha convertido en una ancha camisa para sacar todas las normas que se le ha venido en gana.

El paquete
Una avalancha de 102 decretos legislativos, encargados al sector más ultramontano, proempresa extranjera y gran capital del régimen: los ministros Mercedes Aráoz, Rafael Rey, Ismael Benavides, Luis Carranza y Juan Valdivia que, a su vez, han corrido traslado a los principales bufetes de abogados limeños, que asesoran a las grandes empresas, y a las consultoras privadas, que hablan “técnicamente” por ellas.

Así tenemos ahora 19 normas sobre agricultura, que tienden a privatizar el régimen de agua y a facilitar la venta y traspaso de tierras comunales en sierra y selva, que afectan la propiedad de las tierras que no están en uso agrícola inmediato, eriazas, etc. Otras 7 que modifican el orden laboral del país, y que con disfraces plausibles (derechos restringidos para trabajadores de microempresas y servicios no personales del Estado), introducen a casi todo el universo empresarial peruano (hasta 100 trabajadores y 6 millones de soles de facturación anual) en la condición de “pequeñas empresas”, reduciendo las obligaciones para sus trabajadores (vacaciones 15 días, rebaja de CTS, fin de gratificaciones, despido acelerado, etc.)

Cuatro normas corresponden al sector minero y modifican la Ley General, en claro favorecimiento a las grandes empresas. Tres tratan sobre pesca, e incluyen el picante tema de los límites de captura, y otros tres sobre propiedad intelectual y apuntan a excluir al país de sus compromisos en esta materia dentro de la CAN. También están en el paquete la ley de puertos, que impulsa su privatización, la desaparición de la Empresa Nacional de Puertos (ENAPU) y la destrucción de la organización sindical.

Dos decretos se refieren a las contrataciones del Estado y las compras públicas, y otras cuatro a proyectos de inversión. Asimismo en transporte se profundiza la liberalización y extranjerización de la aviación civil (liberaliza el sistema de entrada de pilotos extranjeros). Hay tres sobre medio ambiente, incluida la conformación del nuevo Ministerio del Ambiente de Antonio Brack. En banca y finanzas se ha modificado también la ley general y habrá que estudiar qué nos han ganado Dionisio Romero y sus amigos. En cuanto a libre competencia e Indecopi, hay cinco normas nuevas, una de ellas sobre el sistema concursal, en el que se cometen las mayores trafas.

Podríamos seguir porque hay decretos sobre comercio exterior, AFP, programas sociales, telecomunicaciones, vivienda, empresas públicas, etc. ¿Cuánto tiene que ver todo esto con el TLC? Casi nada, pero es una buena manera de tomar el país por sorpresa. Miren quiénes aplauden las medidas y verán para quién se gobierna. Lo que hay que tener conciencia es que una vez más queda demostrado que no hay democracia, Congreso, debate ni consensos, cuando se trata de imponer el modelo económico. Fue en 1991, se repite en esta ocasión.

Congreso tiene que pronunciarse
El congresista Cayo Galindo reprochó al presidente Alan García por haber cometido excesos al promulgar más de 100 decretos legislativos en el marco de las facultades legislativas otorgadas por el Congreso con la excusa de implementar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y lo tildó de dictador “porque atropella el orden democrático y concentra los poderes del Estado”.

“En una dictadura hay concentración de poderes, como es el caso del presidente García, que tiene facultades legislativas y ejecutivas. No necesita que el Congreso legisle, podría cerrarlo y él seguiría expidiendo leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, decretos supremos, etc.”, explicó Galindo.

Señaló que ahora el Congreso tiene el deber de analizar y pronunciarse por la constitucionalidad o no de los decretos en cuestión. También los congresistas Washington Zeballos (UPP) e Hildebrando Tapia (UN) coincidieron en que el Congreso debe analizar los decretos. Zeballos recordó que su agrupación y el PNP se opusieron al otorgamiento de facultades al Presidente.

Raúl Wiener
Redacción


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