Ejecutivo corta fondos a Espinar

Alcalde Mollohuanca pasó la noche en carceleta de Ica y hoy podría ser encarcelado si prospera acusación fiscal. Juristas consideran ilegal el traslado de sede judicial.

| 02 junio 2012 12:06 AM | Política | 2k Lecturas
Ejecutivo corta fondos a Espinar
Alcalde de Espinar fue trasladado arbitrariamente del Cusco a Ica para ser juzgado.

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SERENOS CON MOLOTOV

En tanto, en Espinar, fuentes de la municipalidad de Espinar confirmaron a LA PRIMERA que los tres serenos interceptados cuando, según la Policía, llevaban bombas molotov, hace unos días, fueron recapturados y trasladados a la Ciudad Imperial.
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El Ejecutivo restringió a las autoridades de la provincia cusqueña de Espinar el acceso a los fondos públicos necesarios para su normal funcionamiento, anunció ayer el ministro de Justicia, Juan Jiménez Mayor.

Jiménez justificó la controvertida medida con el argumento de que se teme que el dinero entregado a la comuna provincial esté siendo dirigido a financiar las protestas contra la actividad minera en la zona.

“Le hemos pedido al ministro (de Economía, Luis) Castilla que suspenda el flujo financiero de Espinar. Existe riesgo de que los recursos del Estado estén siendo usados de manera incorrecta. Esta medida ya ha sido adoptada”, subrayó.

Jiménez Mayor informó, además, que la Procuraduría Anticorrupción denunció ante el Ministerio Público al alcalde de Espinar, Óscar Mollohuanca Cruz, por el presunto delito de peculado.

La autoridad edilicia es investigada por presuntamente usar fondos públicos para impulsar las protestas antimineras en Espinar e, incluso, por secuestro.


Ministro de Justicia justifica mano dura.

De otro lado, motivó diversos comentarios la decisión administrativa del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) que deriva los procesos de carácter delictivo en Cajamarca y Cusco, a las jurisdicciones de Lambayeque e Ica, lo que hizo posible enviar a Mollohuanca a Ica.

Víctor García Toma, expresidente del Tribunal Constitucional y exministro aprista de Justicia, sostuvo que la detención y traslado del Cusco a Ica del alcalde de Espinar, se ajustan a la ley.

Precisó esas acciones son legales en la medida que se busca evitar un mayor nivel de confrontación ante la actitud tomada por la población cusqueña. Remarcó que cuando se decreta el estado de emergencia se restringen algunos derechos. García Toma cuestionó también que una autoridad oficial (Mollohuanca) desconozca el estado de derecho, pues en vez de ser parte de la solución se pone del lado de la protesta.

El jurista Guillermo Olivera Díaz aseguró que la decisión del Poder Judicial viola flagrantemente el concepto del juez natural, ya que la Constitución, en su artículo 139, inciso 3, señala que “ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley”.

Al respecto, el abogado penalista, Luis Lamas Puccio, refirió que si se viola el principio de juez natural, el abogado del alcalde de Espinar tendrá que plantear en la investigación preparatoria esta oposición ante un juez de control penal, a fin de que éste decida si se ha violado o no este principio.

A su turno, el congresista cusqueño Hernán de la Torre, calificó de inconstitucional la resolución administrativa del Poder Judicial, ya que, en un estado de derecho y bajo los principios de seguridad jurídica, no se puede vulnerar el derecho de defensa.

“Las normas no son retroactivas y este dispositivo que, publicado hoy (ayer) debería aplicarse de hoy para adelante, y no para hechos que han ocurrido anteriormente”, añadió.

El analista político, Nelson Manrique, señaló que esta acción judicial es una medida cuestionable, porque fue hecha con nombre propio: las autoridades y dirigentes sociales que se oponen al proyecto minero Conga, y el burgomaestre de Espinar que hace lo propio con Xstrata.

“Estamos iniciando un ciclo de protestas y la respuesta de Ollanta Humala es cada vez más represiva. Es lamentable que se cree un ambiente que no va contribuir a una atmósfera de paz. Y es deplorable, también, que el Poder Judicial se preste a esta política”, subrayó.

No obstante, el fiscal de la Nación, José Peláez Bardales argumentó que el traslado del alcalde Mollohuanca a Ica se justifica porque en el Cusco no había garantías para que el proceso contra la autoridad comunal se desarrolle con normalidad.

En un comunicado, el Ministerio del Interior indicó que el traslado a Ica del alcalde de Espinar se realizó en “virtud al escenario de convulsión social y violencia” en la referida provincia cusqueña, “que no permite el desarrollo ordenado de las labores jurisdiccionales”.

Sin embargo, el abogado de Mollohuanca, Ramiro Alatrista, afirmó que el traslado de la autoridad edilicia tiene como principal fin dilatar su detención, la cual calificó de “arbitraria”.

Alegó que en el Cusco hay garantías para que se realice con normalidad el proceso. “Las protestas de sus familiares y seguidores han sido pacíficas, no se justifica un traslado”, enfatizó.

El alcalde Mollohuanca fue trasladado ayer a Ica, en helicóptero, a donde llegó al promediar las 13.00 horas. La autoridad cusqueña ingresó a la sede de la Corte Suprema iqueña bajo fuerte resguardo policial, y no intentó dar declaraciones a la prensa, que aguardaba su arribo.

El Primer Juzgado Penal Unipersonal, el Juzgado Penal Colegiado, con sede en Ica, tuvo que postergar la audiencia a Mollohuanca, al reconocer que éste no contaba con la asistencia de sus abogados defensores, Ramiro Alatrista y Juan Carlos Ruiz, tras su abrupto traslado a esta ciudad; así como también del fiscal del caso, Álex León.

En consecuencia, el juez Miguel Díaz Chirinos decidió retomar las acciones hoy, a las 8:00 horas, para definir si la autoridad edilicia es detenida en definitiva o es puesto en libertad condicional.


Javier Soto
Redacción


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