Dos chilenos a juicio por pagar a traidor Víctor Ariza

Los militares chilenos Daniel Márquez Torrealba y Víctor Vergara Rojas han sido detectados como los contactos que pagaban tres mil dólares mensuales al suboficial FAP Víctor Ariza Mendoza, a cambio de información confidencial; los tres fueron imputados judicialmente, al igual que el cómplice de Ariza, un técnico FAP cuyo nombre no fue revelado.

| 14 noviembre 2009 12:11 AM | Política | 1.5k Lecturas
Dos chilenos a juicio por pagar a traidor Víctor Ariza
El juez Garzón tomó ayer las generales de ley al espía Ariza y ordenó su detención.
Juez inicia proceso con orden de detención a espía Ariza, a otro técnico no identificado, así como a dos militares de Chile que financiaban operación.

Más datos

La resolución de auto apertorio de instrucción del juez Garzón señala que antes de gestionar la extradición de los chilenos se va a determinar si dichos nombres corresponden a sus verdaderas identidades.
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El juez Luis Alberto Garzón Castillo, a cargo del Juzgado Penal de Turno Permanente de la Corte Superior de Lima, abrió ayer instrucción contra los cuatro y acusó a los chilenos de instigación de los delitos de revelación de secretos nacionales y espionaje, en perjuicio del Estado peruano.

En la misma resolución, el juez Garzón abrió instrucción y ordenó la detención del técnico FAP Víctor Ariza Mendoza y otro suboficial de la misma arma. A Ariza se le acusa de revelación de secretos nacionales, espionaje y lavado de activos, en agravio del Estado, mientras el otro técnico FAP es señalado como cómplice.

El juez Garzón tomó ayer las generales de ley a Ariza y ofició al Instituto Nacional Penitenciario para que proceda a su calificación y al internamiento del procesado a un centro penitenciario.

Del mismo modo, el magistrado dispuso el embargo preventivo de los bienes del técnico FAP acusado, hasta por un monto que pueda cubrir una posible reparación civil a favor del Estado peruano.

A la cárcel
Según una nota de prensa de la Corte Superior de Lima, el juez Garzón basó su dictamen contra Ariza y sus coprocesados en el artículo 135º del Código Procesal Penal, porque hay un evidente peligro de fuga, los hechos denunciados están suficientemente probados y la pena a imponer es mayor.

De acuerdo a la denuncia presentada por el fiscal Jorge Chávez Cotrina, el procesado Ariza Mendoza, de 45 años de edad, recibía desde setiembre del año 2005 un promedio de tres mil dólares mensuales de sus coprocesados chilenos a cambio de proporcionar información confidencial y secreta acerca de la seguridad nacional.

En declaraciones preliminares ofrecidas a la policía especializada y al representante del Ministerio Público, Ariza aceptó todos los cargos, pretextando supuestas necesidades económicas.

De esta manera, refirió que a cambio de la información que proporcionaba recibía un promedio de tres mil dólares mensuales de parte de sus coprocesados chilenos, por intermedio de la agencia Western Unión.

La resolución de auto apertorio de instrucción del juez Garzón Castillo señala que, antes de gestionar la extradición de Daniel Márquez Torrealba y Víctor Vergara Rojas, se va a determinar si dichos nombres corresponden a sus verdaderas identidades.


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