Doe Run demostró validez de acreencia ante Indecopi

Además, representantes de la empresa cuestionan forma de administrar justicia de Martha Flores Gallardo, titular del 39 Juzgado Penal de Lima.

| 06 diciembre 2011 12:12 AM | Política | 2.9k Lecturas
Doe Run demostró validez de acreencia ante Indecopi
Trabajadores mineros defienden su derecho al trabajo.
ENTREVISTA A JUAN CARLOS HUYHUA

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ARTIMAÑAS DE CORMIN
Buscan liquidación de Complejo Metalúrgico

El presidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner, dijo ayer que una meta del gobierno en la lucha contra el narcotráfico es recuperar el Valle de los ríos Apurímac y Ene (Vrae) que está en emergencia desde hace 29 años por la actividad de remanentes terroristas.

“Queremos que el Vrae sea una zona soberana, estamos haciendo los esfuerzos para darle desde hoy programas alternativos, más servicios para los agricultores para que no sean presa de los narcotraficantes, queremos eliminar el tráfico ilícito de drogas”, dijo en la inauguración de la Reunión de Expertos y autoridades en materia de inteligencia antidrogas.

Ratificó asimismo que desde la inauguración de este gobierno, el presidente Ollanta Humala ha dicho que la lucha contra el tráfico de drogas es una de sus prioridades, y destacó que “en la lucha contra el tráfico de drogas, es importante que haya voluntad política”.

“Hace poco, leí unas cifras donde dicen que el Perú se ha convertido en el principal exportador de cocaína del mundo, esto es verdaderamente preocupante para nosotros y esperamos poder cambiar esta situación y junto con Devida estamos trabajando en nuevas propuestas”, dijo.
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El presidente del directorio y gerente general de Doe Run Perú, Juan Carlos Huyhua, arremetió contra la jueza Martha Flores Gallardo, ante las supuestas irregularidades que pesan sobre el proceso judicial que presentó la empresa Cormin, con miras aparentes de liquidar el Complejo Metalúrgico. Además, asegura que con el fallo a favor de Indecopi, el socio principal tiene derecho a voto en la eventual Junta de Acreedores.

-La semana pasada, tras un largo proceso de casi seis meses Indecopi reconoció las acreencias de su socio principal y con ello se acerca el reinicio de las operaciones del Complejo Metalúrgico. ¿Cómo le viene esta noticia?

-Como empresa Doe Run Perú, estamos muy satisfechos, siempre tuvimos la verdad e Indecopi nos ha dado la razón, nunca hubo pruebas de parte del grupo Cormin – Trafigura, ante los miembros del Tribunal de Indecopi, por el contrario, DRP ha sustentado con argumentos contundentes en este proceso financiero y hemos demostrado que es un crédito legal y por lo tanto, el accionista principal tiene derechos en la Junta de Acreedores.

-Ante este panorama, parecía inminente el reinicio de las operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya, pero ¿qué pasó?

-Como siempre DRP en estos dos años y medio, siempre hemos buscado la solución para el reinicio de las operaciones, pero siempre ha habido interferencias, ya sea del gobierno anterior, o en este caso del 39 Juzgado Penal de Lima, donde la doctora Martha Verónica Flores Gallardo actúa de forma irregular, lo cual vamos a denunciar porque no estaría actuando correctamente. Cómo es posible que antes de anunciarle a las partes, la decisión de la jueza se haga pública en el último CADE realizado en el Cusco y las citaciones se hagan públicas a través de los comunicados de la empresa Cormin, esto vamos a denunciarlo.

-¿Está diciendo que la jueza Martha Flores Gallardo ha informado sobre su decisión primero a los funcionarios de Cormin del Grupo Trafigura, en el último CADE?

-Para nosotros es una sorpresa que la forma de administrar justicia, ahora ya ni siquiera es electrónico, ni siquiera es formal, ni siquiera es notificarlo a las partes, sino, hoy en día es soltar la información interesada a contrapartes que siempre han estado abusado del poder, de la interferencia de alguna forma y lo que es peor, bloqueando un proceso que le hace daño al Perú, en un proceso que pierde 500 millones al año y genera gastos muy grandes para la empresa, para sostener esta crisis, simplemente por caprichos de una empresa que no tiene planes, no tiene propuestas concretas, no son realistas y lo que es peor, el conflicto de intereses que se ha demostrado públicamente y que el Perú no lo va a permitir. En este país debe haber transparencia.

-¿Frente a esto, cuáles son las acciones que ustedes van a emprender?

-Nosotros, en cuanto recibamos el auto de apertura de instrucción, allí nosotros confirmaríamos e inmediatamente actuaríamos, presentando las denuncias ante el Órgano de Control de la Magistratura, pero más allá de este procedimiento irregular, inclusive la jueza, no ha investigado a fondo este caso, no ha hecho una evaluación correcta y tampoco de parte de los peritos policiales, ya hemos denunciado ante la Inspectoría General de la Policía Nacional, al coronel CPC Ángel Chávez Hidalgo, jefe de la oficina de peritajes contables de la Dirincri - PNP y el comandante CPC Óscar Campos Atoche, porque también han actuado de forma irregular y de forma inequitativa, en contra de la empresa, al no estudiar los informes que tienen más de 15 mil folios, ni la propia opinión de auditoría contable de Indecopi. Vemos la mala intención del Poder Judicial, así como de las empresas que se prestan a la manipulación solamente pagando y contratando servicios de asesoría legal para luego administrar justicia públicamente, eso no debe permitir el gobierno actual, ni la opinión pública, y muy especial el pueblo de La Oroya.

-De solucionarse este conflicto y reiniciarse las operaciones del Complejo Metalúrgico, ¿qué propone el plan de reestructuración?

-El plan de reestructuración promete reiniciar operaciones inmediatamente, resolviéndose los procesos que faltan en Indecopi y esperamos que el Ejecutivo y el Congreso aprueben la extensión técnica del PAMA (Programa de Adecuación y Manejo Ambiental), luego también que el gobierno asuma sus responsabilidades contractuales que afecta a los suelos y a los niños de La Oroya, y lo que es más importante: quisiéramos que en cuanto nuestro plan esté listo, que el gobierno tome un rol importante sobre el PAMA, Si todo se da de manera clara, el próximo mes ya se estaría reiniciando las operaciones. De no ser así, nos defenderemos en fueros nacionales e internacionales, sobre todo si se quiere tomar ventaja de un patrimonio de más de mil 500 millones de dólares, como las que pretende Cormin – Trafigura y de esa manera, monopolizar el mercado afectando a los trabajadores y a la economía de nuestro país.


Rocío Vara
Redacción


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