Derechos Humanos incomoda al gobierno

La versión del ejecutor del Grupo Colina, Jesús Sosa Saavedra, que implicó al presidente Alan García en crímenes de lesa humanidad, no le cayó nada bien al primer ministro Jorge del Castillo, quien de inmediato pidió al país no hacer caso a sus palabras.

Por Diario La Primera | 01 ago 2008 |    
Derechos Humanos incomoda al gobierno
Lo dicho por Keresone causa rechazo del gobierno. No le creen, pero hicieron el Vladispot.
Premier pide no creerle a “Kerosene”, pero partido sí cree en la palabra de Montesinos.

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DETALLE

Para el representante del Instituto de Defensa Legal, Carlos Rivera, también abogado de la parte civil en el juicio contra Fujimori, lo dicho por Jesús Sosa Saavedra “Kerosene” confirma que, desde la década de los 80, las órdenes para determinadas acciones ilegales de los grupos de inteligencia, provenían de las más altas esferas del poder.

“El Perú no le puede creer”, dijo al ser interrogado sobre la versión de Sosa, quien sostiene que el jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, Oswaldo Hanke, recibió las felicitaciones del entonces presidente Alan García, en su primer gobierno, por el secuestro y la ejecución del espía ecuatoriano Enrique Duchicela, en marzo de 1988.

Sin reparar en que el partido aprista propaló un spot usando como portaestandarte a Montesinos para acusar al SUTEP, Del Castillo dijo que no se le puede creer a Sosa Saavedra, que “de paso exculpó a Montesinos de toda responsabilidad”.

Sin embargo, el director ejecutivo de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Miguel Jugo, sostuvo que al gobierno le incomoda el tema de los derechos humanos y busca generar un escenario adecuado que le permita evadir temas pendientes como la matanza de los penales, ocurrida durante el primer gobierno aprista.

El representante de Aprodeh graficó la actual situación de los derechos humanos en el país, con la desaceleración judicial de algunos procesos contra militares implicados en delitos de lesa humanidad , los cuales, dijo, son defendidos por abogados pagados por el Estado, situación de la que no gozan las víctimas o sus familiares.

Con relación a la matanza de los penales y, en especial, los sucesos de El Frontón, Jugo sostuvo que la justicia tendrá que esperar que el presidente García deje de gozar de inmunidad para reabrir una investigación sobre su responsabilidad, por haber presuntamente ordenado la represión militar violenta de una protesta de reclusos, durante los días 18 y 19 de junio de 1986, operación en la que fueron ultimados 200 acusados de terrorismo confinados en los penales Santa Bárbara, El Frontón y Lurigancho.


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