Defiende legalidad de órdenes de embargo a corruptos

El presidente del Poder Judicial, César San Martín, defendió ayer la legalidad de las órdenes judiciales de embargo de bienes de condenados por corrupción, como forma de cobrarles las deudas de mil millones de soles que, por reparaciones civiles, tienen con el Estado.

Por Diario La Primera | 19 julio 2012 |  1.9k 
Defiende legalidad de órdenes de embargo a corruptos
Presidente del Poder Judicial, César San Martín
1945  

Afirmó que las órdenes y los embargos se realizan conforme a ley, constituyen un procedimiento de ejecución de sentencia y explicó que si hay errores pueden presentarse las impugnaciones que se consideren convenientes. Reafirmó que no existe ninguna persecución política que motive ese procedimiento

Por su parte, el exfiscal adjunto del proceso al expresidente Alberto Fujimori, Avelino Guillén, pidió recordar a Keiko Fujimori –quien alega que hay persecución política en los embargos- que una sentencia judicial contiene dos partes, la que impone una pena privativa de la libertad y la que exige el pago de una reparación civil, que debe cumplirse y no significa persecución política.

“Lo que se quiere es hacer efectivo el pago por el inmenso daño hecho a las víctimas”, precisó.

Para Guillén, que el reo de la Dinoes no haya pagado ni un sol de la deuda que le tiene al Estado, de 27 millones 400 mil soles, por reparación civil, “demuestra su desprecio por la justicia y es un insulto a la memoria de las víctimas”.

Sobre lo dicho por el vocero del fujimorismo, Rolando Reátegui, de que el pago por reparación civil exigido por el Poder Judicial a Fujimori es excesivo, Guillén consideró que el pago solicitado es proporcional al daño infligido.

LUCHA COLECTIVA
“Fujimori fue condenado por hechos de extrema gravedad, porque se trata de delitos de lesa humanidad. El tema de la reparación ya se discutió en el proceso, ya se dictó el fallo y ahora se debe acatar”, indicó.

El fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, quien fue acusador de Fujimori, dijo que la lucha contra la corrupción tendrá los resultados esperados solo con la participación y el esfuerzo colectivo de todas las instituciones involucradas.

En ese sentido, resaltó el convenio suscrito el martes pasado por la Fiscalía de la Nación, el Poder Judicial y la Contraloría para enfrentar “orgánica y colectivamente” los delitos de corrupción en la administración pública.


Henry Campos
Redacción

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