Defensoría cuestiona decreto pro impunidad del gobierno

La Defensoría del Pueblo rechazó ayer de manera firme la promulgación del Decreto Legislativo 1097, que otorga beneficios a militares procesados por violar derechos humanos; entre ellos los ex integrantes del Grupo Colina.

Por Diario La Primera | 08 set 2010 |    
Defensoría cuestiona decreto pro impunidad del gobierno
Defensoría evalúa presentar acción de inconstitucionalidad contra decreto 1097.
En pronunciamiento señala que violaciones a los derechos humanos son imprescriptibles y exhorta a jueces a no aplicar decreto 1097.

Más datos

“Existe una mala interpretación de la norma, este decreto no busca la impunidad, los abogados de las organizaciones no gubernamentales generan esta confusión”, argumentó el vocero de la bancada aprista, Mauricio Mulder.

AMENAZAS

El abogado Antonio Salazar, del Instituto de Defensa Legal, denunció que el ex integrante del Grupo Colina, Jesús Sosa Saavedra, lo amenazó el último martes en la Base Naval del Callao. “Te crees bacán, ya vas a ver”, le dijo el criminal conocido como “Kerosene” cuando terminó la diligencia el último martes, en la cual los miembros del Grupo Colina solicitaron acogerse al cuestionado Decreto Legislativo 1097.

La institución, que dirige Beatriz Merino, consideró que los delitos contra los derechos humanos son imprescriptibles y por ello el Estado debe garantizar las investigaciones y juzgar esos actos con las garantías del debido proceso. En ese sentido, la Defensoría del Pueblo informó que intervendrá “en aquellos casos en que, invocando el Decreto Legislativo 1097, se pretenda el indebido archivamiento o su sobreseimiento”.

El martes, 21 militares que son juzgados en la Primera Sala Penal Anticorrupción por la matanza de Barrios Altos, el asesinato del periodista Pedro Yauri y el asesinato de nueve campesinos en el valle del Santa solicitaron acogerse al referido decreto. “Nuestro objetivo es que, en estos procesos, se garantice los derechos de las víctimas y el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos”, agregó en un comunicado la Defensoría, institución que también está dispuesta a presentar informes técnicos a las autoridades judiciales y exponer la gravedad de ese decreto emanado.

También la defensora exhortó a los magistrados del Ministerio Público y el Poder Judicial a tener en cuenta el marco constitucional vigente, las obligaciones internacionales del Estado y la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos al momento de resolver las solicitudes que pudieran presentarse invocando la aplicación del Decreto Legislativo 1097.

Lo niegan
Sin embargo, el premier Javier Velásquez argumentó que el gobierno no tiene ninguna intención de beneficiar al Grupo Colina o a aquellos que cometieron violaciones de los derechos humanos, dejó en manos de los jueces la entera responsabilidad de aplicar o desestimar los pedidos de archivamiento que sean presentados y negó que con esta norma el gobierno deje una puerta abierta a la impunidad.

“Será el Poder Judicial el que determinará una posición en estricto cumplimiento de la ley. Esas decisiones pueden ser apeladas y un colegiado puede corregir o confirmar la decisión de un juez”, añadió.

Por su parte el presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, dijo ayer que no debe emprenderse “una carrera pro impunidad, pero tampoco debe haber una carrera de persecución”. Villa Stein no quiso emitir una opinión de fondo sobre este tema. Argumentó que, pese a ser un caso conocido y a que los ex integrantes del Grupo Colina ya pidieron acogerse a esa norma, él aún no estudia el decreto y anunció que cuando lo haga sentará una posición “contundente”.

Otras acciones
La Adjuntía en Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo analiza la posibilidad de presentar una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra el decreto 1097. La Defensoría del Pueblo exhortó a la Comisión de Constitución del Congreso a revisar con prioridad el referido decreto, a fin de garantizar su validez y compatibilidad con los principios constitucionales.

Discrepancias por decreto
Un encontronazo se produjo en el interior del gabinete ministerial por la promulgación del Decreto Legislativo 1097. El ministro de Justicia, Víctor García Toma, amenazó con renunciar si la posición de su cartera no fuera tomada en cuenta al momento de emitir la norma, pero sí fue recogida la del Ministerio de Defensa, la que consideró inaceptable.

Consultado al respecto, el premier Javier Velásquez desestimó ayer que García Toma vaya a renunciar. Dijo que “tenemos ministro de Justicia para rato”. Sin embargo, confirmó que los decretos son el resultado del debate y aprobación del gabinete en pleno, que se inclinó por las ideas del titular de la cartera de Defensa, Rafael Rey.

“De lo que se trata es de la exposición de motivos que se aprobó en el Consejo de Ministros y eso se está haciendo respetar, y ya lo entendió así el ministro de Justicia y sigue en funciones”, apuntó el premier.

Por la tarde el ministro García Toma dijo, tras una reunión con el ministro Rey, que “ya no hay que hacer una novela sobre este tema”, y señaló que el incidente fue superado porque el Ejecutivo acordó que la norma sea vista por el Congreso a fin de que pase por un “test de constitucionalidad”.

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