Decretos sí buscan arrebatar tierras

Lo que pretende el gobierno con los decretos legislativos que vulneran derechos de las comunidades nativas no es su desarrollo, sino abrir el camino para la entrega de sus tierras a empresas extranjeras, afirmó ayer el historiador y analistas Nelson Manrique, al comentar las declaraciones del presidente Alan García, quien dijo ayer que los decretos legislativos apuntan a ayudar a los comuneros a “asociarse con empresas, mejorar su ganadería, desarrollar su industria mineral no metálica o mejorar sus pastos que exigen tecnología y capital”.

Por Diario La Primera | 21 ago 2008 |    
Decretos sí buscan arrebatar tierras
Declaraciones del presidente García son ajenas a la realidad, sostiene Nelson Manrique.
Historiador Nelson Manrique desmiente a presidente García.

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REYNALDO TRINIDAD

“El error histórico es García”
El especialista en temas agrarios, Reynaldo Trinidad, afirmó que el gobierno deja de lado a las comunidades campesinas y nativas en la adopción de las grandes decisiones que las atañen, pese a que ellas son anteriores a la formación del Estado actual.  Al comentar irónicamente las declaraciones de García, quien consideró que sería un error histórico que el Congreso derogue el decreto legislativo 1015 y su modificatoria 1073, Trinidad señaló que “el error histórico es García”, porque no reconoce que la ilegalidad de un decreto que no se aplica en ninguna parte del mundo: en ningún club social, en ninguna empresa mercantil ni en una sucesión de herederos.

“Alan García está tratando de destruir a las comunidades en beneficio de las grandes empresas”, afirmó Nelson Manrique, al señalar que el gobierno insiste en desconocer el derecho de las comunidades, con decretos considerados como inconstitucionales por la Defensoría del Pueblo.

El reputado historiador afirmó que, según informes publicados recientemente, ya el 72% de la selva (49 millones de hectáreas) está concesionada a empresas petroleras y gasíferas, lo que representa en los hechos la entrega de nuestros recursos a las empresas extranjeras.

En otro momento dijo que la responsabilidad por los actos de violencia corresponde exclusivamente al gobierno que esta violando dispositivos constitucionales y acuerdos internacionales, que señalan que no se puede legislar sobre estos temas sin consultar a las comunidades nativas.

“Acá no se ha consultado nada, simplemente se está imponiendo por la violencia dispositivos que claramente son perjudiciales para las comunidades nativas”, aseguró.

Manrique indicó que es evidente que con este tipo de medidas los índices de popularidad del presidente van a caer mucho más. En ese sentido, recordó que en el sur su nivel de aprobación es de 4% y, en la selva, estaba en 15% antes de que se produjeran las protestas.

Advirtió que si el gobierno no cambia su manera de hacer política, la conflictividad social va a ser permanente en el país.


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