Cuatro fujimoristas en la mira de Ética

La Comisión de Ética del Parlamento acordó evaluar la apertura de investigación de oficio a seis parlamentarios, cuatro de ellos congresistas fujimoristas, María Cordero Jon Tay, Aldo Bardález, Julio Gagó y Víctor Grández, quienes estarían involucrados en presuntos actos de inconducta funcional.

| 29 enero 2013 12:01 AM | Política | 1.1k Lecturas
Cuatro fujimoristas en la mira de Ética
Fujimoristas forman cola en Comisión de Ética.
Caso Cecilia Chacón será agendado en la próxima sesión de la comisión congresal.
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El titular del referido grupo de trabajo, Humberto Lay, precisó que, en aproximadamente quince días, se establecerá si existen o no elementos fehacientes para investigar cada caso en particular.

Aldo Bardález, congresista de Fuerza Popular, es el primer fujimorista al que se le podría abrir una pesquisa por la presunta utilización del personal del Legislativo a su servicio para fines particulares.

Según un programa de televisión, una de las empleadas de Bardález, Elina Yepes, fue obligada a cumplir labores domésticas en Moyobamba para la atención de la madre del parlamentario. Yepes incluso habría recibido como sueldo una cantidad menor que la que supuestamente le correspondía percibir.

María del Pilar Cordero Jon Tay habría mentido en su Hoja de Vida, presentada al Parlamento, en relación a sus estudios universitarios. Allí, Cordero manifestó haber estudiado un curso de Administración de Empresas de un año cuando solo lo hizo durante nueve meses; además de poseer el grado académico de Bachiller, pese a que la Asamblea Nacional de Rectores certificó lo contrario.

La tercera denuncia es contra el congresista fujimorista Víctor Grández, y fue realizada por el medio periodístico Infos, a través de una investigación que descubrió que en el hostal Toro Bravo, de propiedad de dicho legislador, ubicado en Iquitos, se ejercería la prostitución infantil y el proxenetismo.

El cuarto legislador fujimorista en cuestión es Julio Gagó, a quien se le investigará por la existencia de contratos presuntamente suscritos por sus familiares con el Estado.

Los otros dos legisladores que podrían ser investigados son los nacionalistas Walter Acha y Ana Jara. En el caso del primero, su exconviviente Alicia Talavera lo denunció por el presunto incumplimiento en la manutención de sus tres hijos, quienes viven en condiciones precarias en una vivienda de la provincia ayacuchana de Huanta.

Por su parte, a la congresista Jara se le acusa de haber percibido gastos de representación congresal en pleno ejercicio del cargo Ejecutivo de ministra de Estado, que es de dedicación exclusiva. Al respecto, la titular de la Mujer devolvió el íntegro del dinero por dicho concepto.

CASO CHACÓN
Igualmente se acordó incluir en la agenda de la próxima reunión, los casos de las congresistas Cecilia Chacón (incumplimiento de su función de representación, con el consiguiente cobro por esta labor), y Marisol Espinoza (por sus presuntas versiones contradictorias sobre la denuncia periodística referida a la condición de su abuela paterna, Digna Sánchez (84), como beneficiaria del programa Pensión 65).

FUJIMORISTA BECERRIL
El único informe de calificación aprobado fue el correspondiente al parlamentario fujimorista Héctor Becerril, a quien dicho grupo especial recomendó la apertura de investigación por su presunta vinculación familiar con el gerente general de la compañía azucarera Pomalca, perteneciente al Grupo empresarial Oviedo.

De acuerdo al citado informe, el Grupo Oviedo estaría vinculado –a su vez- a la problemática de la empresa Cayaltí, la misma que es debatida en la Comisión Agraria de la cual Becerril forma parte, coincidentemente.


Javier Soto
Redacción


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