Crece repudio a ley antiprotesta

El experto en seguridad ciudadana y defensa José Robles, del Instituto de Defensa Legal, consideró posible que los proyectos sobre el uso policial de la fuerza y las armas, presentados por el Ejecutivo y la congresista oficialista, Mercedes Cabanillas, persigan lograr un respaldo político que se reflejaría en una “carta blanca” en el uso de la fuerza de manera desproporcionada de la Policía contra las protestas.

| 02 setiembre 2009 12:09 AM | Política | 2.2k Lecturas
Crece repudio a ley antiprotesta
Proyecto del Ejecutivo busca “carta blanca” para el uso de la fuerza, dicen los especialistas.

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El congresista Sousa informó que la Comisión de Justicia no debatirá el proyecto presentado por Cabanillas que establece reglas para el empleo de la fuerza y uso de las armas por la Policía, sino que sólo lo hará la Comisión de Defensa.

DETALLE

Tamayo indicó que las normas existentes buscan dar mecanismos a la Policía de modo que cuenten con la debida logística y capacitación para resguardar sus vidas. Este manual establece lo que se refiere al uso de la fuerza por parte de la PNP, los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, así como el uso diferenciado de la fuerza.
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Robles enfatizó que ambas propuestas deben tener como prioridad el principio fundamental que rige la labor policial, que es proteger la vida y dar seguridad a la población y no usar sus armas contra ésta. Sostuvo que la propia Constitución regula el uso de la fuerza y consideró que nadie pretende que los policías se retraigan en sus funciones en desmedro de sus vidas. Por su parte, la abogada Ana María Tamayo, directora del Área de Defensa y Reforma Militar del Instituto de Defensa Legal (IDL), dijo a LA PRIMERA que desde el año 2006 existe ya un Manual de Derechos Humanos que regula el uso de la fuerza por parte de la PNP, que fue elaborado coordinadamente por los ministerios del Interior y Justicia, con apoyo de la Cruz Roja.

De la misma manera, precisó, el uso de la fuerza letal cuenta con un marco regulatorio en normas nacionales como el Código Penal que fija el nivel de responsabilidad, así como regulaciones internacionales.

Vilma Escalante
Redacción

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