Corruptos temerosos por Ley contra la impunidad

La Comisión de Constitución del Congreso aprobó ayer el proyecto de ley que declara imprescriptibles los delitos de corrupción de funcionarios públicos y sanciona a aquellos que contribuyen a la comisión de estos actos irregulares en su calidad de corruptores.

 

| 21 setiembre 2011 12:09 AM | Política | 4.5k Lecturas
Corruptos temerosos por Ley contra la impunidad
Ahora le toca al pleno del Congreso ratificar la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.
La Comisión de Constitución del Parlamento aprueba proyecto de ley que declara imprescriptible delitos graves de corrupción de funcionarios públicos.

Más datos

La primera vicepresidenta de la República, Marisol Espinoza, calificó como fundamental la aprobación del proyecto y anunció un nuevo proyecto para derogar determinadas resoluciones especiales dictadas por el anterior gobierno, que sirvieron para encubrir actos de corrupción.

Actos de corrupción por los que el expresidente Alan García y sus principales colaborados tendrán que responder

• Concesión del Terminal Norte del Callao
• Concesión del Terminal Portuario de Paita
• Carretera Interoceánica (del Sur y Nor Amazónica) proyecto Irsa.
• Concesión de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Taboada
• Remodelación del Estadio Nacional
• Venta de terrenos del Aeroclub Collique
• Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo (Tren Eléctrico)
• Proyecto Agua para Todos
• Irregularidades en EsSalud
• Manejos irregulares en OSCE
• Casos conexos a Petroaudios y BRT, Pérdidas de expedientes del Banco de Materiales.
• Cofopri
• Sedapal
• Cristo del Morro
• Decretos de Urgencia.
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El dictamen aprobado plantea la modificación del artículo 41 de la Constitución y establece que son imprescriptibles los delitos graves contra el patrimonio del Estado así como los delitos de corrupción de funcionarios señalados por ley.

El titular de este grupo de trabajo, Fredy Otárola, resaltó el hecho de que la sanción impuesta a los corruptos sea igual a la de los partícipes de esos actos y consideró que sería “desastroso” que el pleno del Congreso no apruebe el proyecto y éste termine archivado.

INHABILITACIÓN PERPETUA
Por su parte, el legislador Javier Diez Canseco, de Gana Perú, opinó que los delitos contra el patrimonio del Estado deben recibir el mismo tratamiento constitucional que los crímenes de guerra, de lesa humanidad y de violación sistemática de los derechos humanos, y adelantó que propondrá la inhabilitación perpetua para los funcionarios corruptos que resulten sentenciados.

Recalcó que para su aprobación solo basta mayoría simple y planteó someterlo posteriormente a un referéndum para que la población dé su opinión sobre el tema y no sea mera observadora.

El dictamen fue aprobado por mayoría con la abstención de los congresistas del Grupo Parlamentario Fujimorista y de la Alianza por el Gran Cambio.

Sobre la posición del fujimorismo, Diez Canseco sostuvo que se debe a que tiene “rabo de paja”, pues recordó que hoy no solo tienen a su cabeza (Alberto Fujimori) condenado por delitos de lesa humanidad y corrupción, sino además a gran cantidad de funcionarios de ese régimen condenados por delitos similares.

“No quieren recordar al país la corrupción que ha sembrado al régimen político del país el fujimorismo que multiplicó la corrupción y la convirtió en una pandemia. Alan García se equivoca profundamente cuando dice que la corrupción está vinculada a pobreza, no señor, eso es insultar a los pobres; la corrupción está vinculada al fujimorismo que fue la que la convirtió en una herramienta política a través de Montesinos comprando líneas informativas, medios de comunicación, fallos judiciales y resultados electorales”, aseveró.

Sobre la abstención del legislador Javier Bedoya, de la Alianza por el Gran Cambio, el congresista de Gana Perú afirmó que algunos se oponen por una “suerte de preciosismo en la redacción”.

Bedoya de Vivanco sostuvo que se abstuvo no porque se oponga a la lucha contra la corrupción, sino porque considera que se deben adoptar mecanismos más adecuados para ese objetivo.

La congresista fujimorista Luz Salgado manifestó que hizo lo mismo por considerar que la norma requiere un mayor análisis. Dijo que existe el riesgo de provocar una sobrecarga judicial que agravará el problema de la administración de justicia y acusó a Otárola de aprobar esta ley al “caballazo”.

Al respecto, el ministro de la Producción, Kurt Burneo, saludó la aprobación del proyecto y pidió al pleno del Congreso ratificar el dictamen de la Comisión de Constitución.

Coincidió con Diez Canseco en que debería aprobarse una norma para declarar la inhabilitación perpetua en el ejercicio de la función pública para los funcionarios corruptos.

Subrayó, que todo ministro de Estado está sujeto a la fiscalización y control, no solo del Congreso, sino de la opinión pública en general.

Burneo expresó, en ese sentido, tomar a bien que su trabajo sea constantemente evaluado por la población y la prensa, ya que las críticas son bienvenidas.

LOURDES FLORES
Por su parte, la lideresa del Partido Popular Cristiano, Lourdes Flores, aplaudió la aprobación de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción en la Comisión de Constitución del Congreso, al considerar que es un instrumento eficaz para luchar contra la impunidad.

Señaló que aunque la figura de la imprescriptibilidad puede ser discutida por algunos, es perfectamente constitucional, ya que no lesiona derechos fundamentales.

Aunque Bedoya, miembro del PPC, se abstuvo de apoyar la iniciativa, Flores Nano dijo respaldar la decisión del Congreso de hacer más efectiva la lucha contra este problema e indicó que es correcto que se aplique solo en delitos graves, los cuales se tendrán que especificar en el Código Penal.

CÉSAR SAN MARTÍN
Poder Judicial conforme

El presidente del Poder Judicial, César San Martín, también respaldó la aprobación de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción por la Comisión de Constitución del Congreso y sostuvo que estos delitos deben juzgarse lo más rápido posible y de por vida.

Dijo que un Estado puede ir más allá y el Estado peruano lo ha hecho al agregar que otro factor muy importante y un principio de justicia es que se haga un juicio justo y se imponga una sanción proporcional al hecho cometido.

Al respecto, opinó que los delitos más graves de corrupción sean sancionados con la inhabilitación pública de por vida, siempre y cuando se tenga en cuenta la característica del autor del hecho y la magnitud del delito cometido.

“Sin embargo, no todo hecho grave también alcanza niveles importantes. Hay una especie de gradación. Hechos imprescriptibles deben ser aquellos especialmente graves, los más graves de los graves. De lo contrario, caeremos en un endurecimiento penal que en vez de mejorar el sistema, lo empeora”, remarcó.


Vilma Escalante
Redacción


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