Corruptos deberán pagar hasta el último centavo

Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, la cúpula militar corrupta, los exdueños de los medios de comunicación que apoyaron a la dictadura fujimontesinista y todos los sentenciados por delitos de corrupción, serán forzados a abonar el íntegro de los pagos de las reparaciones civiles que deben al Estado.

Por Diario La Primera | 11 jun 2012 |    
Corruptos deberán pagar hasta el último centavo
Los socios que se levantaron al país en peso deberán cumplir con sus deudas.
Procuraduría aplicará medidas coercitivas que aseguren el cobro de las reparaciones civiles. Habrá embargos.

Más datos

DETALLE

Las deudas de la mafia

Vladimiro Montesinos (S/. 400 millones)
Ex dictador Alberto Fujimori (S/. 27 millones)
Nicolás Bari de Hermoza (S/. 25 millones)
César Saucedo Sánchez (S/. 19 millones)
Absalón Vásquez Villanueva (S/. 18 millones)
Julio Salazar Monroe (S/. 7 millones)
César Saucedo Linares (S/. 4 millones)
José Enrique Crousillat López-Torres (S/. 79 millones)
José Francisco Crousillat (S/. 79 millones)
Moisés Wolfenson (S/. 3 millones)
Alex Wolfenson (S/. 3 millones)
Carlos Boloña (S/. 3 millones)
B.Nélida Colán (S/. 1 millón 274 mil 413)
Jacqueline Beltrán (S/. 199 mil)

Fuente: Ministerio de Justicia

Así lo afirmó a LA PRIMERA, el procurador anticorrupción, Julio Arbizu, quien dijo que para lograr el cumplimiento de esta obligación al Estado, de parte de estos condenados, se ha dispuesto una serie de medidas restrictivas para forzarles a devolver al país los montos pecuniarios impuestos por sus delitos.

A través de su página web, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos publicó el registro oficial de los sentenciados por delitos de corrupción y el dinero que estos le deben al Estado.

“El tener este registro nos ha costado mucho porque, cuando llegamos, no había nada de esto. La verdad es que hubo un abandono total, de parte de los gobiernos anteriores, y tener esta lista es una herramienta importante, pues nos permite saber cuánto nos deben y cómo se van pagando las deudas, así como quiénes tienen voluntad de pago o no”, especificó Arbizu.

NO PODRÁN SER SUJETOS DE CRÉDITOS
El procurador ad hoc recordó que una de estas medidas restrictivas incluye el ingreso de estos morosos a los procedimientos concursales, en el ámbito de Indecopi, a fin de declararlos insolventes, en última instancia, con el propósito de obtener la muerte civil de estas personas.

“Con ello, esta gente no podrá ser sujeto de crédito, realizar actividad comercial alguna. En suma, pasarán a ser unos parias, en cuanto al ejercicio de la ciudadanía. La consecuencia final de estos procedimientos que se gestionan ante Indecopi, es que vuelve al deudor en un sujeto incapaz de ser un operador financiero”, subrayó.

Refirió que al ser las finanzas el ámbito en el que principalmente se mueven los cabecillas y la denominada plana mayor de la mafia fujimontesinista que incumple el pago de las reparaciones civiles, la sola posibilidad de que eso ocurra, los va a obligar a pagar esta deuda que tienen con el Estado.

En ese sentido, indicó que “si se compara los procedimientos coercitivos de las casas comerciales para requerir el pago de sus deudores, con la anterior actitud blandengue del Estado, la verdad es que es un asunto de escándalo”.

“En los últimos años, esto ha pasado. El Estado no ha requerido a sus deudores para hacer efectivo el pago de las reparaciones civiles. Nosotros vamos a hacer lo mismo que hacen las casas comerciales, y más”, enfatizó.

Son 105 casos de corrupción cometidos durante el régimen de Alberto Fujimori y de su exasesor Vladimiro Montesinos. Las reparaciones civiles alcanzan la cifra de mil millones de soles y solo se ha pagado el 0.77% del monto.

De otro lado, Arbizu recalcó que la procuraduría ha instalado dos órganos de apoyo en su interior, como son el Observatorio anticorrupción y la Unidad de Análisis Financiero. “A través de esta última estamos trabajando en este tipo de investigaciones que comprenden el rastreo de las cuentas secretas que puedan detentar los cabecillas de la mafia fujimorista y de sus eventuales operaciones financieras (con el dinero mal habido del erario nacional)”, aseveró.

Destacó, igualmente, que la aplicación de estas medidas coercitivas está empezando a dar resultados, al registrarse un incremento de aproximadamente un 35 % en la tasa de recaudación efectiva de las reparaciones civiles, respecto al nivel alcanzado el año pasado.

“Todo esto apunta al objetivo de que el Estado pueda cobrar efectivamente las deudas que estas personas le tienen. Y nosotros estamos viendo con satisfacción que este esfuerzo está teniendo resultados”, puntualizó.

EN LA MIRA
Embargos a fujimoristas
El procurador anticorrupción informó que su organismo ha remitido los escritos correspondientes a los diferentes juzgados que procesaron a los integrantes de la mafia fujimontesinista, a fin de que procedan con los embargos de los enseres de las propiedades de estos condenados.

“Algunas deudas contraídas por ciudadanos con casas comerciales tiene por efecto final el descerraje de sus domicilios particulares y la incautación de su mobiliario y artefactos electrodomésticos. Bueno, vamos a hacer exactamente lo mismo. Y, para ello, estamos pidiendo a los jueces que actúe con la misma severidad y rigor”, detalló.

Recordó que si bien en el caso de las tiendas comerciales el dinero a recuperar es de los grandes empresarios, en el de los corruptos fujimontesinistas los montos pertenecen a todos los peruanos.

“Los deudores morosos son todos condenados por delitos graves de corrupción. Y aquí no importa si son personas que han purgado o no condena efectiva. Pueden haber sido sentenciados a penas suspendidas. O haber cumplido la pena en prisión. Eso no interesa. Salen y van a tener que pagar la reparación civil. No hay ningún tupo de condonación”, remarcó.

PAGO TOTAL
Pierden privilegios
Arbizu sostuvo además que el Ministerio de Justicia expidió el Decreto Supremo Nº 003-2012-JUS, que establece que todos los condenados por corrupción, terrorismo, traición a la patria y otros delitos graves, como homicidio calificado, extorsión o secuestro seguidos de muerte o lesiones graves, deberán pagar el total de la reparación civil, para acceder a la excarcelación por redención de pena por trabajo o educación. Aclaró, sin embargo, que el corrupto condenado a pena determinada y que goce de la excarcelación por beneficio de pena por educación o trabajo, no podrá hacer uso de ese derecho si antes no ha cancelado el íntegro del pago de la reparación civil. Por lo que, anotó, “tendrá que cumplir la totalidad de su sentencia”.


Javier Soto
Redacción

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