Corrupto boliviano expulsado del Perú

El prófugo de la justicia boliviana Luis Alberto Valle fue expulsado anoche a su país luego que un juez ordenó su entrega a la policía, tras haber comprobado su condición de ilegal.

Por Diario La Primera | 01 set 2010 |    
Corrupto boliviano expulsado del Perú

La policía condujo bajo fuerte resguardo a Valle al Grupo 8, base de la Fuerza Aérea adyacente al aeropuerto internacional Jorge Chávez, para que sea trasladado a su país, en un avión enviado por Bolivia, según medios de prensa del vecino país.

El embajador de Bolivia en Perú, Franz Solano, expresó su saludo a la decisión del juez Omar Chávez, titular del 52 Juzgado Penal de la Corte Superior de Lima, y dijo que la misma se ajusta estrictamente a la legalidad peruana.

Solano manifestó también su reconocimiento al gobierno y a las autoridades migratorias y policiales, así como al Poder Judicial y otras instancias, por haber viabilizado la expulsión, en el marco de la cooperación y la lucha contra la impunidad.

Resaltó la colaboración de la Embajada del Perú en Bolivia y dijo que durante sus gestiones para lograr la expulsión de Valle mantuvo coordinación permanente con el embajador Manuel Rodríguez Cuadros.

La colaboración binacional ha logrado el objetivo común de que los delincuentes que han saqueado al Estado no queden impunes, apuntó Solano.

Valle permanecía ilegalmente en Perú, a tal extremo que su movimiento migratorio registra que ingresó por última vez al Perú en 2003, sin haber pasado después por ningún control migratorio ni haber regularizado su permanencia.

La condición de ilegal y de prófugo de la justicia boliviana fue acreditada por Solano y por un equipo de funcionarios del gobierno boliviano que alcanzaron al Poder Judicial toda la documentación pertinente.

Valle fue capturado el pasado día 20 y puesto a disposición del Poder Judicial, que lo envió preventivamente al penal San Jorge, de donde fue sacado anoche para su envío a Bolivia.

Valle fue prefecto de La Paz entre 1997 y 1999, y es juzgado por delitos de corrupción con un daño al Estado por 17 millones de dólares. Había intentado obtener asilo o refugio en el Perú, lo que rechazó el Ministerio de Relaciones Exteriores, por tratarse de un prófugo de la justicia por delitos comunes.


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