Corrupción enquistadas detienen el desarrollo de casas de estudios superiores

El presidente de la Comisión de Educación del Congreso, Daniel Mora, dijo a LA PRIMERA que la nueva Ley Universitaria que se debate en el Parlamento ayudará a la fiscalización de las universidades y a combatir la corrupción.

| 21 octubre 2013 08:10 AM | Política | 2.3k Lecturas
Corrupción enquistadas detienen el desarrollo de casas de estudios superiores
Corrupción tumba a las universidades
El mal manejo de los recursos y las movidas de mafias enquistadas detienen el desarrollo de casas de estudios superiores.
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—¿Para usted, cuál es el principal problema de las universidades públicas y privadas? Le pregunto porque usted ha hecho un diagnóstico para elaborar el proyecto de la nueva Ley Universitaria.

—Yo tenía una idea de que el principal problema de las universidades era la falta de calidad, la falta de infraestructura y de laboratorios y la falta de cantidad de docentes. Esto sigue siendo una realidad; pero después de estudiar con cuidado la realidad de las casas superiores puedo decir que el principal problema es la corrupción que está tumbando a las universidades. Hay grupos que se pelean por manejar los recursos.

—¿En qué universidades ha encontrado casos de irregularidades o de presunta corrupción?

—Esta semana estuve en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, cuyo rector es vicepresidente de la Asamblea Nacional de Rectores.

Él tiene denuncias por facturas clonadas y denuncias por otorgar títulos académicos sin reunir los requisitos. La semana pasada estuve en la Universidad Intercultural de la Amazonía.

En la madrugada un grupo opuesto al presidente de la comisión organizadora incendió toda el área administrativa y de esta manera destruyeron todos los archivos. Estuvimos en la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo de Ancash donde hay dos grupos que se pelean y uno de ellos financiado por las constructoras y esto pasa porque esta universidad tiene más de 25 millones de soles de canon. Todos los problemas se generan por corrupción en las obras.

—¿Cómo ayudará esta nueva Ley Universitaria a prevenir la corrupción?

—La gran mayoría de los funcionarios de los órganos internos de control de las universidades es nombrada por los mismos rectores y es pagada por ellos. Por ejemplo, estuve en Moquegua y el encargado del órgano de control de esa universidad es asesor del rector. No entra la Contraloría porque las universidades se amparan en la autonomía.

Esta nueva Ley Universitaria busca, en primer lugar, la transparencia y la fiscalización en el uso de recursos económicos, es por eso que los rectores se oponen a la superintendencia de las universidades. El proyecto de ley contempla que debe publicarse mensualmente los ingresos del rector por todo concepto, así como de los decanos y docentes nombrados y contratados.

También será obligatorio publicar qué obras realizarán las universidades, cuánto costará, qué inversiones se harán y en qué tiempo concluirán.

—¿La Asamblea Nacional del Rectores también es parte del problema?

—Si usted supiera cuántas denuncias existen contra la Asamblea Nacional de Rectores (ANR). La ANR no puede ser juez y parte, pues vemos que el presidente de la ANR que también es rector de la Universidad de Trujillo (Orlando Velásquez) está denunciado por actos de corrupción. Otro caso se da en una universidad del sur del país que no puedo decir su nombre cuyo rector fue denunciado por peculado y luego expulsado; sin embargo, hoy está trabajando en una universidad de la Amazonía nombrado por la ANR. También hemos visto en una universidad privada en Pucallpa que ofrecen títulos de abogado en dos meses y estos títulos son ratificados por la ANR. Esta es una de las tantas universidades privadas que no tiene ni estudiantes pero se dedica a dar títulos. Así, en nombre de la autonomía, trafican con títulos.

—¿Por qué el Estado debe controlar estrictamente a las universidades privadas?

—Porque las asociaciones educativas privadas sin fines de lucro como son la Ricardo Palma, San Martín, Garcilaso y otras más, están exoneradas de impuestos. Si no pagan impuestos, IGV y el impuesto por importaciones de bienes de capital, entonces el Estado las está subsidiando, por lo tanto, el Estado tiene la obligación de ver cómo se están usando esos recursos.

—¿Cómo va el avance en la aprobación de los capítulos de la nueva Ley Universitaria en la Comisión de Educación del Parlamento ?

—Hasta hoy se ha aprobado hasta el capítulo 8. Dentro de la Comisión el grupo fujimorista y el congresista Yonhy Lescano, quien propuso la creación de la superintendencia, querían que todo volviera a cero.

Se tuvo que volver a votar pero fue ratificado todo lo aprobado felizmente. Ahora empezaremos a aprobar el capítulo 9 y 10 que son deberes y derechos de los estudiantes universitarios, el capítulo de los egresados.

El capítulo más candente va a ser sobre el régimen económico de las universidades públicas y privadas, luego trataremos sobre la defensora universitaria.

—¿Qué deben hacer los congresistas que se oponen a esta ley?

—Tenemos muchos opositores en el Congreso porque hay muchos congresistas que está en la lista de dueños de universidades y deberían inhibirse.

ES URGENTE

Necesitamos mayor control

—¿Es necesaria una intervención directa de la Contraloría General de la República en las universidades?

—Necesitamos una labor de auditoría y de contraloría más constante a fin de fijar las reglas claras de lo que un rector puede ganar, por ejemplo. No puede asignarse horas de docencia a cada rato y pagándose lo que quiera, incluso hay casos de rectores que reciben ingresos por investigación cuando no la hacen. Ese control interno se requiere porque es un tema gigantesco.

Javier Solís


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Colaborador 9324 La Primera Digital